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jueves, marzo 28, 2024

Las leyes deben servir a la gente

Ante la precariedad de la economía nacional, la ausencia de empleo y el crecimiento de la desigualdad, ya es evidente que de poco servirán las reformas aprobadas por el Congreso; si el Ejecutivo Federal, quien tiene la responsabilidad  de ponerlas en práctica, carece de un equipo eficiente.

El escenario se complica si además el gobierno no cumple con los acuerdos a los que llega con las principales fuerzas políticas y, en contra del mandato constitucional, preserva los privilegios de los poderes fácticos, a cambio de que estos lo ayuden a fortalecer su deteriorada imagen.

Los cambios legislativos, por trascendentes que sean, no son útiles si no cumplen con su objetivo principal de servir a la gente o se tergiversan para no atender su contenido; como el caso de la iniciativa presidencial de leyes secundarias en telecomunicaciones.

Diversos apartados de la propuesta del Ejecutivo son notoriamente contrarios al texto de la Constitución.

Aunque el artículo 6° constitucional  señala con claridad que “la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como de los mecanismos para su protección”, en la iniciativa en comento no hay reconocimiento ni garantía para tales derechos.

La aspiración de la sociedad para que México tenga un sistema de medios públicos independiente y sólido, capaz de ofrecer radiodifusión de calidad y sin sujeción a consideraciones mercantiles, es ignorada en la iniciativa.

Asimismo, impone restricciones al libre tránsito de documentos y opiniones en las redes sociales.

La reforma constitucional estableció un régimen de diversidad, competitividad y equilibrios en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; con lo que se pretendía atender la exigencia social de limitar los poderes monopólicos  que han acaparado esos sectores.

En sentido contrario, el texto del Ejecutivo reduce las exigencias constitucionales para los operadores de radiodifusión con presencia preponderante.

Aunque la reforma asignó la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se plantea despojarlo de estas facultades, para asignárselas al gobierno federal.

Las anteriores son algunas de las implicaciones más graves, pero hay muchas más. Lo que se busca es empobrecer los alcances de la reforma constitucional en detrimento de la pluralidad, la competencia y la calidad en contenidos y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

El PRD votó a favor  de la reforma constitucional para romper los monopolios que Telmex y Televisa han impuesto  en el sector, para abaratar los servicios de telefonía e internet, fortalecer la infraestructura, mejorar los contenidos y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Con su iniciativa, el Ejecutivo pretende contravenir estos preceptos constitucionales.

Algo semejante está ocurriendo con las reformas en materia de educación, en el ejercicio del más grande presupuesto aprobado en la historia del país, y las reformas financiera, hacendaria y fiscal, entre otras.

Este año se aprobaron 592.9 mil millones de pesos en el rubro de educación,  lo que implicó un crecimiento real de 6.9% con respecto a 2013. Sin embargo, los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, hablan no sólo del desorden, la ineficiencia y corrupción que sigue imperando en el sistema educativo nacional, sino que el presupuesto no se ha gastado y asignado de manera correcta.

En el sector energético, la corrupción aflora por todos lados, como lo ejemplifican Oceanografía y el soborno de casi 1.5 millones de dólares que Hewlett Packard México, pagó a funcionarios de Pemex para que le adjudicaran un contrato de servicios por 6 millones de dólares.

Del primer caso, como ha sucedido en otros escándalos de corrupción, el gobierno no ha sancionado a los responsables. En el segundo, se señala a un empleado menor, cuando es claro que estas irregularidades no serían posible sin la complicidad de altos funcionarios.

La Cámara de Diputados acordó constituir e integrar una Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Pemex, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, para investigar estas y otras prácticas de corrupción en la paraestatal.

De poco servirán las reformas si no hay un equipo capaz de ponerlas en marcha, si se tolera la corrupción, y no se  traducen en  mejores condiciones de vida para las personas y tampoco apuntalan el desarrollo y el crecimiento del país.

La tarea de legislar queda inconclusa si las reformas o creación de nuevas leyes no se aterrizan de forma concreta en beneficio de la sociedad. Las leyes, para que tengan sentido, deben servir a la gente.

 

Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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