Después de acusarlas durante años de instrumentos de manipulación y cómplices de los fraudes electorales en su contra, el presidente de la República convierte ahora a las televisoras en sus aliadas para sacar adelante el ciclo escolar 2020-2021. De esta manera, Andrés Manuel desplaza a las y los maestros y coloca a la televisión en la principal educadora de 30 millones de alumnos.
Si bien es verdad que por la emergencia sanitaria que enfrenta el país no hay condiciones para reabrir las escuelas e iniciar las clases presenciales; un acuerdo de esta naturaleza no puede de ninguna manera hacer a un lado a quienes son los principales actores de la educación en el país.
Este convenio fue impuesto a pesar que había otras alternativas que explorar o al menos ayudar a poner en práctica esta decisión para colocar en el centro el derecho a una educación de calidad de los alumnos.
Se tuvo que involucrar, primero, a los docentes, alumnos y padres de familia; segundo, capacitar a estos últimos para apoyar en la enseñanza de sus hijos; explorar además otras opciones de transmisión, como la puesta en marcha del Canal Nacional del Estado Mexicano, establecido en la reforma de la Ley de Telecomunicaciones; garantizar que todos los alumnos tuvieran acceso a Internet; involucrar a especialistas para replantear los planes y programas de estudio puesto que no es lo mismo instrumentarlos en condiciones normales que en el marco de una pandemia, entre otras opciones.
Sin duda, los principales beneficiarios de este acuerdo son los empresarios de la televisión, a los que el gobierno pagará 450 millones de pesos por transmitir las clases, que representan prácticamente un salvamento financiero con recursos públicos en el marco de la crisis económica provocada por el Coronavirus.
Según el presidente, “el dinero que se destinará para dicho fin…fue una cuota mínima, con lo cual cada empresa cubrirá los gastos de operación”.
Sin embargo, en los mercados financieros se refleja otra cosa. De hecho, la firma del convenio disparó las acciones de las televisoras. El 4 de agosto, las acciones de Televisa aumentaron 13% a un precio por acción de 28.92 pesos, mientras que las de TV Azteca alcanzaron un precio de 0.3650 pesos lo que significó un aumento de 7.35% comparado con la jornada anterior.
Los perjudicados serán los alumnos. De por sí la pandemia ya causará estragos en el sistema educativo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1.4 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, se verán obligados a desertar, es decir, a tener que abandonar sus estudios para el ciclo escolar que está por iniciar.
A ello hay que añadir que, con la modalidad en línea, algunos grupos de estudiantes tendrán condiciones mucho más difíciles para el aprendizaje. Resulta de particular preocupación el nivel de preescolar, cuyos alumnos requieren de una constante interacción con sus compañeros y docentes para desarrollar procesos que ayudan a generar ambientes adecuados para aprender jugando, socializando y haciendo equipo.
Por otro lado, miles de alumnos con necesidades educativas especiales enfrentarán grandes obstáculos, algunos insalvables, para poder aprender solamente en línea o a través de la televisión. Requieren ser atendidos por maestros de educación especial. De por sí ha sido cuesta arriba crear condiciones de inclusión en la educación presencial. En el contexto que se plantea ahora, será aún más difícil atender a niños con estas características.
Por eso resulta lamentable y sospechoso que el presidente haya optado por priorizar el acuerdo educativo con los dueños de las televisoras, por cierto, los mismos que fueron invitados a la cena con Trump en la Casa Blanca.
Se debió construir con los maestros, padres de familia, especialistas y el gobierno y juntos, decidir los medios que se requieren para garantizar el derecho a la educación en todo el territorio nacional, (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.) de común acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
A todas luces, no hay una preocupación por fortalecer la educación en medio de la crisis sanitaria, sino un inconfesable pacto político, electoral y económico, que convierte a los otrora enemigos en aliados para fortalecer al gobierno de AMLO y rumbo a las elecciones de 2021.
