De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, el derecho de iniciar leyes o decretos corresponde al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados; y a los ciudadanos, en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.
Los gobernadores tienen la facultad, a través de los congresos locales de sus respectivos estados, a presentar iniciativas al Congreso de la Unión.
En el marco de la inconformidad de los maestros de Oaxaca y Guerrero, que se oponen a las reformas de los artículos 3° y 73 constitucionales; los gobernadores Gabino Cué y Ángel Aguirre, están haciendo un esfuerzo por encauzar las demandas planteadas por los docentes de sus estados respecto a este tema.
En una reciente visita a la Cámara de Diputados, en busca del respaldo de los legisladores federales para resolver el conflicto social que enfrenta, el gobernador Gabino Cué anunció que presentará ante el congreso local una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, para tomar en cuenta las particularidades pluriculturales y multiétnicas de la población oaxaqueña.
La propuesta busca que, en la implementación de las reformas constitucionales en materia educativa, se valore el contexto social particular de Oaxaca, las condiciones en las que trabajan los maestros y las necesidades crecientes de recursos que requiere el estado para atender sus múltiples problemas.
Por su parte, el congreso de Guerrero, a fin de atender las peticiones de los docentes, y mediante la gestión del gobernador Ángel Aguirre, aprobó una adición al artículo sexto de la Ley Educativa Estatal para prohibir el cobro de cuotas en las escuelas.
Si se consideran las condiciones de marginación, desigualdad y pobreza, que prevalecen en estos dos estados de la República; es pertinente que ambos gobernadores impulsen medidas legislativas que permitan garantizar la gratuidad de la educación, la calidad educativa, el respeto a los derechos laborales de los maestros, la evaluación docente en el contexto regional y un sistema de actualización y mejoramiento dirigido al personal docente.
Lo anterior, coincide con los objetivos de la reforma constitucional que busca hacer de la educación pública una educación de calidad, sin pretensión de privatizarla ni poner en riesgo la permanencia de los maestros. Bajo esta premisa, no veo en las propuestas presentadas en Oaxaca y Guerrero ningún intento de contrarreforma a las modificaciones en materia educativa.
El propio secretario Emilio Chuayffet Chemor, en una reunión de trabajo que sostuvo con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados; puso como ejemplo el caso de Cuba, en donde si un maestro que es sometido a un proceso de evaluación no aprueba, lo envían un año a actualización, y si de nueva cuenta no obtiene calificación adecuada, lo canalizan entonces un área administrativa, pero no pierde su fuente de trabajo.
Advirtió que el gobierno federal prohibirá el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas e impedirá que se condicione la inscripción, el servicio educativo, la entrega de documentación o la aplicación de exámenes al pago de dichas aportaciones.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2010, el 67.6 por ciento de la población de Guerrero se encontraba en situación de pobreza y el 31.6 por ciento estaba en condición de pobreza extrema. Por su parte, en ese mismo año, el 67.2 por ciento de los habitantes de Oaxaca eran pobres, y el 22.05 por ciento estaba en pobreza extrema. Con respecto a las 32 entidades federativas, Guerrero y Oaxaca ocupaban ese año, el segundo y tercer lugar, respectivamente, por los niveles de pobreza de su población.
En ese sentido, la evaluación que en el futuro se aplique en México tiene que ser contextualizada, considerando las condiciones socioeconómicas de cada estado, como se lleva a cabo en España, donde una evaluación de estas características permite a las autoridades educativas detectar de manera específica los problemas que enfrentan las escuelas, para efecto de mejorar la calidad educativa.
La de diputados será la cámara de origen que discuta y apruebe las leyes reglamentarias relacionadas con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, reformas a la Ley General de Educación, el Sistema de Información y Gestión Educativa, la evaluación docente, la autonomía de gestión de las escuelas, las escuelas de tiempo completo, y la prohibición en todos los centros escolares de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.
Las protestas de los maestros se han concentrado en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y debido al impacto social y económico de las mismas han generado inconformidad en varios sectores. Algunos diputados han expresado su desacuerdo con la movilización magisterial y las medidas de los gobernadores para atender este conflicto, porque temen que vulneren lo aprobado en la reforma constitucional.
Sin embargo, ahora que los legisladores conocen lo que impulsan tanto el gobernador de Oaxaca como el de Guerrero, hay un proceso de acercamiento entre todos los grupos parlamentarios, para atender estas peticiones.
Como parte de este esfuerzo, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados abrirá un proceso de audiencias para escuchar a las diversas expresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a los gobernadores de los estados, autoridades educativas, especialistas, y organizaciones académicas y sociales vinculadas a la educación, para que expongan sus propuestas y se incorporen como parte del contenido de las normas reglamentarias.
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