Al señalar que la reforma al Poder Judicial será “letra muerta” si llega a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un “personaje del partido conservador”, López Obrador se quitó la máscara y dejó en claro que, en realidad, él dio la orden de incluir el artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía dos años más el periodo del Ministro Arturo Zaldívar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Pero no sólo eso, como ya es su costumbre, sabiendo que la oposición presentará una acción de inconstitucionalidad contra dicho transitorio, el titular del Poder Ejecutivo advirtió que los magistrados que voten en la SCJN contra la extensión del mandato del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, serán cómplices de la corrupción.
Así que la maniobra de colocar el transitorio de último momento, sin el conocimiento de la oposición, cuando dicha reforma se discutió en el Senado de la República, en realidad fue una instrucción que López Obrador le dio a la coordinación de Morena para que, sí o sí, se ampliara el periodo de Arturo Zaldívar hasta 2024, cuando termina su gobierno.
Por esa razón, la mayoría artificial de Morena, con el apoyo de sus aliados, en la Cámara de Diputados no le movió ni una coma y asumió el alto costo de una revuelta en sus propias filas de diputadas y diputados que tajantemente se opusieron a esta decisión que implica una flagrante violación a la Constitución, como fue el caso de Porfirio Muñoz Ledo, quien durante media hora exhibió el talante autoritario de esta reforma y la regresión democrática que conlleva.
AMLO confirma así que quiere que Arturo Zaldívar, a quien “le tiene mucha confianza” y es “buena persona”, como él mismo expresó, le acompañe a lo largo de toda su gestión, pero no como Presidente de uno de los tres poderes de la Unión, no para que instrumente la reforma en el seno de la propia SCJN, sino como un lacayo al servicio de la 4T.
Y al Presidente de la Suprema Corte no parece disgustarle este obsequio, su confusa posición una vez que la reforma, con el transitorio incluido, fue aprobada en la Cámara de Diputados, dejó más preocupaciones que certezas.
En lugar de defender con firmeza al Poder Judicial que preside frente a la invasión de su autonomía que pretende el Presidente de la República, mostró una posición ambigua que presagia que la Suprema Corte podría rechazar la acción de inconstitucionalidad y con ello claudicar de su autonomía y asestarle un golpe de muerte a la división de poderes.
De tal forma que, por la vía de la ampliación de su gestión, a manera de concesión o cooptación de los Ministros de la SCJN, Andrés Manuel López Obrador busca el control de las instituciones para colocarlas al servicio de su visión, de lo que él entiende como su proyecto y de lo que él entiende se debe hacer.
Esta reforma, como muchas otras que el Presidente ha emprendido en apenas poco más de dos años al frente del Ejecutivo, no buscan transformar el país, promover el desarrollo nacional y fortalecer la democracia; sino que sirven para mayor concentración del poder, fortalecer el poder unipersonal y, al final de cuentas para anular tanto al Legislativo como Judicial como entes autónomos. Qué falsa suena ahora la frase que tanto promulga: “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.
El escenario se confirma: López Obrador quiere concentrar en su persona facultades metaconstitucionales. Ya controla el Ejecutivo y al Legislativo y va por el Judicial. La pregunta es ¿qué uso le quiere dar a esta excesiva concentración de poder? Espero equivocarme, pero todo apunta a que ambiciona su propia reelección.
