A pesar de todos los espacios que ha abierto para presuntamente informar sobre la emergencia de salud, lo cierto es que ya son muchas las evidencias de que el Gobierno Federal está tratando de ocultar las cifras de cuántos decesos han ocurrido realmente a consecuencia del COVID-19.
En principio, luego de una serie de cuestionamientos, la Secretaría de Salud tuvo que aceptar que el número de contagiados confirmados tendría que ser multiplicado por ocho derivado de las inconsistencia del modelo Centinela que se aplica. Esto, por supuesto, aumentaría considerablemente la cantidad de defunciones.
A ello, hay que agregar que los datos, tanto de contagios confirmados como de decesos, tienen un retraso por el rezago en los resultados de las pruebas. De tal manera que las cantidades que se presentan en cada conferencia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en realidad corresponden a ocho días atrás.
Otro dato es que no están haciendo las pruebas correspondientes a todas las personas que se sospecha pudieron haber muerto por Coronavirus. Es inadmisible que se adjudique a neumonía atípica la muerte de más de 10 mil personas que han tenido lugar de enero a la fecha.
Y aunque el Dr. Gatell acepta que muchas de estas personas presentaron “síntomas” de COVID-19, su fallecimiento no se registra como tal, simplemente porque “no se les hizo la prueba correspondiente”.
Tampoco se está contando a las personas que están muriendo en sus domicilios porque no tienen tiempo de llegar a los hospitales en virtud de que, estando enfermos de Coronavirus, su salud se complica rápidamente.
Esta semana, tres medios internacionales pusieron en duda la información del gobierno mexicano, al grado de considerar que el número de muertes podría ser tres veces mayor a la cifra que diariamente se da a conocer, de acuerdo con The New York Times.
Según The Wall Street Journal, la cantidad de muertes por COVID-19 en México podría ser mucho más alta de lo registrado oficialmente, basándose en cuantificaciones de salud, certificados de defunción y testimonios de funerarias y médicos.
Por su parte, El País sostiene que México tendría acumulados entre 620 mil y 730 mil casos asintomáticos, los cuales no se están contabilizando. Esto debido a la insuficiencia de pruebas que realiza el gobierno.
López Gatell negó las acusaciones, empero aceptó que “las personas que padecen COVID-19 llegan con frecuencia en un estado de gravedad que no permite hacer oportunamente las pruebas de laboratorio. Hemos explicado que se podrían tomar las muestras correspondientes aun después de la muerte, pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID-19 pero no quedan registradas como tal porque no hay una demostración por laboratorio…”
Ahora, el subsecretario dice que en octubre podríamos tener dos pandemias de manera simultánea. La de COVID-19 y otra de Influenza. Esto, en la misma lógica de no aceptar el número real de decesos por Coronavirus.
La manipulación que de las cifras hace el gobierno, puede tener graves consecuencias. En principio que las y los ciudadanos se confíen y relajen las medidas de aislamiento. Lo que podría aumentar los riesgos de contagio.
El hecho de no aceptar los verdaderos estragos de la pandemia, ha provocado que el sistema público de salud ya esté colapsado, lo acepte o no el gobierno. Los pacientes tienen que recorrer por horas los hospitales para encontrar cupo y ya no hay espacio para resguardar los cadáveres. En la misma circunstancia están las funerarias.
El Ejecutivo Federal culpa de esta situación al neoliberalismo y a los gobiernos anteriores. Sin embargo, a casi dos años de haber asumido el poder, ya es hora de que la actual administración asuma su responsabilidad.
Es cierto que nadie esperaba la pandemia. Pero también lo es que muchos gobiernos la han gestionado de manera más desordenada, con contradicciones evidentes con su gabinete de salud, sin la infraestructura adecuada, y con falta de personal, insumos y equipo.
Ya es hora de que Andrés Manuel acepte que la pandemia rebasó con mucho su agenda y a su gobierno y que se abra al diálogo. Si insiste en evadir la realidad y en no ver ni escuchar a quienes plantean alternativas, el presidente condenará a millones de mexicanas y mexicanos a incrementar sus niveles de precariedad, pobreza y desigualdad.
