La reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, la cúpula empresarial del país, el PRI y el PAN, y aprobada en el Congreso Federal por los legisladores de estos últimos partidos, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza; es privatizadora porque compartirá la renta petrolera con empresas nacionales y extranjeras que ahora podrán invertir sin limitación constitucional alguna y con débiles mecanismos de control, en el sector de hidrocarburos, gas, petroquímica, y eléctrico.
La reforma fue aprobada en ambas cámaras por una mayoría mecánica que no representa los intereses de los mexicanos, y que no sólo violó el proceso legislativo para la modificación de artículos constitucionales sino que, a lo largo de toda la discusión que se dio en diversos foros públicos, ignoró las propuestas de múltiples organizaciones civiles y académicas, especialistas, de partidos y legisladores que estamos convencidos que es posible modernizar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin necesidad de privatizar los recursos energéticos que pertenecen a todos los ciudadanos.
Esta modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales pone a disposición de un reducido grupo de empresas nacionales y extranjeras, las actividades estratégicas de Pemex, que es la base de financiamiento de más de la tercera parte del Presupuesto de Egresos del país; y también las que lleva a cabo la CFE.
Es tanta la prisa de quienes tienen interés en privatizar el petróleo y las industrias petrolera y eléctrica del país que, en un hecho histórico sin precedente, a 24 horas de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, al cierre del presente artículo, once congresos estatales con mayoría panista y priísta, ya avalaron esta reforma constitucional, algunos de ellos en cuestión de minutos y sin discusión alguna.
Simultáneamente, la ley reglamentaria de la Consulta Popular fue frenada en el Senado por el PAN, a manera de estrategia para obstaculizar la decisión de la izquierda de promover una consulta ciudadana en 2015, en el marco de las elecciones federales intermedias, para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo o no con la privatización del sector energético.
Esta reforma entrega el petróleo, la petroquímica, el gas y la electricidad a empresas nacionales y extranjeras, ya que una vez extraído el petróleo del subsuelo, este dejará de ser propiedad de la Nación.
Abre a la inversión privada la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo que la petroquímica y refinerías se privatizarán; y lo mismo ocurre con la generación, conducción, transmisión y abastecimiento de la energía eléctrica.
La reforma permite los contratos de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias, estas últimas en los hechos serán concesiones que la Constitución prohíbe, con empresas privadas, que autorizan la apropiación del petróleo y del gas a boca de pozo.
Se transfiere además la propiedad de los recursos aún antes de su extracción a través de expectativas de beneficios petroleros al permitirle registrarlas como parte de los activos contables y financieros de las empresas privadas.
Fomenta el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que plantea la existencia de empresas productivas del Estado para que éstas, en asociación con particulares o, simplemente como empresas particulares con alguna de las modalidades de contratación, realicen las actividades por cuenta de la Nación, para obtener ingresos, en las áreas estratégicas, de la exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos en sustitución de los organismos descentralizados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad
Crea un régimen de transición para desplazar a Petróleos Mexicanos de las actividades productivas que actualmente realiza; y trasladará la planeación que actualmente tiene la Comisión Federal de Electricidad a un organismo público que se creará, transfiriéndole los recursos de esta; limita la transmisión y distribución de electricidad del servicio público de electricidad, y se le considerará una empresa más que competirá con los particulares.
Asimismo, somete a tribunales internacionales decisiones soberanas de México en materia energética, ya que en el artículo séptimo transitorio, referente a los contenidos nacionales de la proveeduría, se abre el tema de los tratados internacionales y acuerdos comerciales.
Es decir, las reservas que se había resguardado el gobierno en materia de hidrocarburos en el Tratado de Libre Comercio (TLC), especialmente en lo relativo a inversión, al comercio y a las compras intergubernamentales, desaparecen, con lo cual se habré la posibilidad de poder someterse a Tribunales Internacionales.
Asimismo, permitirá la apropiación de tierras de comunidades a favor de empresas trasnacionales, ya que en los hechos, se pasa una literal expropiación, sobre la base de conferirle la preeminencia de interés social y de orden público, por su carácter de estratégico, a la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y ordenar que en la ley se establezca las condiciones para la indemnización respectiva.
La reforma carece de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad, ya que privilegia la estabilidad financiera, más no la inversión en actividades productivas y sólo “bajo condiciones excepcionales” y con mayoría calificada, la Cámara de Diputados podrá aprobar la integración de recursos de ahorro público al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Promueve una apertura indiscriminada e irracional del sector energético del país y pone a competir a Pemex frente a empresas trasnacionales sin darle defensa alguna, porque durante décadas se le ha quitado a esta paraestatal la mayor parte de los recursos que produce para entregarlos a la hacienda pública para fortalecer el presupuesto nacional.
Ante tal descapitalización, desde su creación Pemex no ha podido reinvertir los recursos que genera para poder tener capacidad de ser más eficiente y competir.
Con esta reforma pasará lo mismo que sucedió con el TLC en las industrias textil, del juguete, y otras, que la apertura económica arrasó porque no las preparamos para la competencia brutal y despiadada generada por este acuerdo internacional.
Lo mismo estamos haciendo en el caso del petróleo y de la electricidad y además, con la diversidad de contratos que se establecen, se entregará parte de la renta petrolera a unas cuantas empresas nacionales y extranjeras.
Los que impulsaron la reforma argumentan que esta fomentará el desarrollo del país y permitirá combatir la marginación; sin embargo, son las mismas promesas que hicieron quienes han promovido otras reformas de corte neoliberal, como la privatización del sector de telecomunicaciones, los ferrocarriles, Conasupo, y el campo, entre otras; que sólo han servido para concentrar la riqueza en unos cuantos, crear monopolios, encarecer los servicios públicos, fomentar la corrupción e incrementar la pobreza de la mayoría de los mexicanos.
Quienes aprobaron la reforma presumen que excluyeron del Consejo de Administración de Pemex a los representantes del sindicato, pero soslayan que no se establecieron mecanismos adecuados para combatir la corrupción en Pemex y la CFE, los privilegios de los altos funcionarios y de la cúpula sindical, y la complicidad de algunos funcionarios con el crimen organizado en el robo de combustible, entre otros lastres que han frenado el desarrollo de ambas empresas.
La reforma al artículo 27 constitucional afecta estructuralmente a nuestra Carta Magna y modifica uno de los artículos vertebrales del acuerdo social que nos dimos en la Constitución de 1917; al permitir a particulares la explotación de los recursos naturales estratégicos del país, y facilitar que un reducido grupo de empresas se beneficien de la renta petrolera, de manera similar a las condiciones que teníamos hasta antes de la expropiación petrolera.
Mediante engaños y subterfugios, esta reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, algunas organizaciones empresariales, y los partidos cuyos legisladores votaron a favor; entrega los recursos estratégicos del país a unas cuantas empresas mexicanas y trasnacionales, en detrimento de la soberanía nacional y de la gran mayoría de los ciudadanos.
Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_
