En noviembre de 2012, en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuestas por el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y permitieron a la Secretaría de Gobernación asumir nuevamente las políticas de seguridad, de la Policía Federal, del sistema penitenciario federal y de la prevención del delito; advertí, en este mismo espacio, que el cambio de adscripción de la seguridad pública no significaba por sí mismo el mejoramiento de la política del sector.
Y apunté que en materia de seguridad pública “la tendencia de los Estados con niveles superiores de desarrollo democrático, al contrario de lo que está sucediendo en México, es el retiro paulatino del enfoque militar y policiaco de la seguridad pública con el objetivo de incorporar, como parte de una agenda democrática de seguridad, al ciudadano y a sus derechos como eje de las definiciones políticas de Estado, porque la seguridad debe ser una decisión política”.
Entre otros objetivos, la reforma citada pretendía “generar un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida protección de sus habitantes, un impulso integral al sentido de las políticas sociales y propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país para su aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos sus ámbitos”.
Con estos cambios, Enrique Peña Nieto, pretendía deslindarse del enfoque policiaco-militar que aplicó Felipe Calderón Hinojosa como estrategia de seguridad pública que, lamentablemente, concluyó con un saldo de 121 mil 683 muertes violentas, según cifras del INEGI; dejó intacta la estructura de las organizaciones criminales, elevó los índices de violación de los derechos humanos, y no disminuyó la violencia, el secuestro, la inseguridad ni el narcotráfico.
La decisión de impulsar el Acuerdo para el Apoyo Federal para la Seguridad en Michoacán y la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, significa el reconocimiento de la administración de Enrique Peña Nieto de que su política de seguridad pública ha fracasado y el retorno del enfoque policiaco-militar como eje central para enfrentar la inseguridad, la operación del narcotráfico y la violencia que implica.
En los hechos, con matices y estilos, no se distingue la diferencia, entre lo que fue la política de Felipe Calderón en materia de seguridad y lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto, impresión que se evidencia con la medidas que se están llevando a cabo en Michoacán.
Es una respuesta igual de cotidiana e inercial a todas las que se han dado frente a al fenómeno complejo de descomposición social en la entidad, lo que deja claro que el gobierno federal y local no entienden ni están a la altura de lo que acontece en el estado.
Lo que sucede en Michoacán no es normal, frente al crecimiento de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa cabe preguntarse dónde están los límites, cuáles de estas facciones han surgido como una reacción comprensible de los ciudadanos ante la imposibilidad del Estado de garantizar su seguridad y las de sus familias; y cuáles son respuestas inducidas, porque la actuación de estos grupos implica entrenamiento, armamento de alto poder, pertrecho, recursos económicos y logísticos; algo semejante a lo que en su momento se registró con los grupos paramilitares en Centroamérica para combatir la guerrilla.
¿De qué se trata, a qué le tiramos, a dónde vamos?
Lo que está mostrando el gobierno federal en Michoacán es su incapacidad para construir una política eficaz de largo aliento que ataque las causas que originan la violencia, recupere espacios comunes, desarrolle programas sociales efectivos y promueva acuerdos para generar empleo, reactivar la economía y el crecimiento a nivel nacional y en cada estado; al tiempo que se involucra a todos los sectores de la sociedad en una propuesta de seguridad pública que avalen y en la que participen.
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