A la espera de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sea discutido con más detalle, las primeras reacciones de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos y especialistas son de rechazo a la profundización del proceso de militarización que implica la propuesta, al tiempo que reiteran la exigencia de que las Fuerzas Armadas regresen gradualmente a su cuarteles.
La presentación del Plan y el alud de críticas que generó, coincidió paradójicamente con la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la totalidad de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
“Por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Tribunal Constitucional de nuestro país determinó, en esencia, que dicha Ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional. Asimismo, una parte de sus miembros se pronunció por la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia de seguridad interior”. (SCJN, 15/11/2018)
Y es que, en efecto, la propuesta de AMLO, en esencia repite el modelo policiaco-militar que durante dos sexenios se ha instrumentado en el país y que no ha servido ni para reducir la inseguridad ni mucho menos para combatir de manera eficaz al crimen organizado.
Ha incrementado, por el contrario, las violaciones a los derechos humanos como los casos de Iguala, Tlatlaya, Tanahuato y Palmarito, por mencionar los más conocidos, por parte de funcionarios y efectivos de las corporaciones policiacas y militares.
El Plan carece de una estrategia integral e incluyente, que vaya más allá de los aspectos meramente policiacos y que considere la participación de los tres Poderes de la Unión, los distintos niveles de gobierno, organizaciones civiles y empresariales y la sociedad en su conjunto.
No plantea a detalle políticas públicas directamente vinculadas con la seguridad, como la educación, el desarrollo económico de las distintas regiones del país, el fomento al empleo, la política social, el deporte, la recreación y la mejora de oportunidades para todos los segmentos sociales, entre muchas otras. Las propuestas que acompañan al Plan son superficiales e inconexas.
Un aspecto clave es el debilitamiento de las facultades en materia de seguridad de estados y municipios y la ausencia de un esquema para mejorar la procuración e impartición de justicia.
Además de que se vulnera el federalismo, no se crean contrapesos a la actuación del Ejecutivo Federal, como la creación de una Fiscalía General autónoma y el fortalecimiento del Poder Judicial.
Es cierto que la próxima administración necesitará de los instrumentos necesarios para poder gobernar, recuperar la gobernabilidad y combatir la profunda desigualdad.
En el PRD hemos expresado nuestra disposición a colaborar en todo lo necesario para que así sea, pero también hemos dicho que manifestaremos nuestra opinión cuando el próximo Presidente de la República se equivoque, y es el caso del Plan Nacional de Paz y Seguridad.
Por el bien del país, esta decisión debe revisarse y corregirse en lo que sea necesario. De no hacerlo, Andrés Manuel será responsable de condenar a los mexicanos a sufrir más violencia, crimen, desaparecidos, inseguridad, violación a los derechos humanos, corrupción e impunidad por seis años más. No a la continuación de la militarización, sí a una política integral de paz y seguridad para todos.
