En el marco de la Reforma del Estado y Electoral que se discute en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), representantes de los Organismos Electorales de los Estados (OPLE), especialistas, las dirigencias del PRD, PAN, PRI y MC, organizaciones civiles, legisladoras y legisladores de oposición; han lanzado voces de alerta porque las propuestas de reforma electoral planteadas por Morena podrían implicar el control de la organización de las elecciones por parte del gobierno y un retroceso democrático sumamente grave en materia de derechos políticos.
Sin reconocer que su llegada a poder fue producto de la combinación del desempeño profesional de las instituciones responsables de organizar las elecciones y de la participación ciudadana; quienes ahora gobiernan, con el pretexto de la austeridad, pretenden desaparecer una estructura electoral que le ha dado credibilidad y confianza a los procesos electorales.
Entre otros factores, gracias a las reformas electorales de las últimas tres décadas impulsadas por la oposición, se pudieron crear organismos autónomos para organizar elecciones equitativas, transparentes y plurales, que garantizaron el voto libre y secreto.
Y en efecto, ello implicó una cada vez mayor inversión de recursos públicos, pero fue para contrarestar la desconfianza, que no ha dejado de existir.
Como bien afirma Ciro Murayama, Consejero del INE, “desaparecer los órganos estatales, los 300 órganos distritales, correr a los vocales del INE, eliminar al Consejo General y reactivarlo cada tres años —como plantea Morena— sería dinamitar la profesionalización, que es una de las garantías de elecciones confiables…” (Universal, 18/06/2019)
En principio, Morena debería asumir una posición autocrítica y reconocer, como bien determinó el INE, que el fideicomiso Por los demás, “creado por legisladores, militantes y simpatizantes del partido Morena para donar dinero a damnificados por los sismos de septiembre pasado, recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos en efectivo, violando la ley electoral y las normas del propio contrato del Fideicomiso”. (Animal Político, 19/06/2018)
Si esto hubiera sido organizado por cualquier otro partido, implicaría la pérdida del registro y la cancelación del registro de su candidato a la presidencia. Otro de los aspectos claves que se tienen que corregir es la sobrerepresentación. Morena obtuvo el 37% de la votación y tiene el 63% de representación en la Cámara de Diputados.
De tal manera que si algo hay que fortalecer en las reformas que se pretenden, es justamente el sistema de fiscalización para que no se repitan casos como este e impedir la sobrerepresentación.
Es cierto que México tiene una de las democracias más caras, pero eso es producto de la desconfianza histórica respecto a la inequidad, la falta de transparencia de las elecciones y a los fraudes electorales. Las reformas han permitido garantizar los derechos políticos de las y los mexicanos y han beneficiado a todos los partidos, al grado que del 2000 a la fecha PAN, PRI y Morena han podido acceder a la presidencia y se ha logrado la alternancia en los estados y la pluralidad en los congresos federal y estatales.
Lo que debemos hacer es plantear con seriedad y responsabilidad la manera de cómo podemos organizar elecciones con menos recursos, pero sin dejar de garantizar estos derechos y, sobre todo, credibilidad y confianza.
De que hay soluciones técnicas y logísticas para abaratar los procesos electorales, las hay. Pero lo que no podemos permitir es que en este afán el presidente de la República y la mayoría legislativa de Morena pretendan hacerse del control del organismo electoral, centralizar la organización de las elecciones y romper con la legalidad en aras de fortalecer su hegemonía política.
Hay muchas maneras de ahorrar, las urnas electrónicas es una de ellas. Reducir el costo de las prerrogativas de los partidos, sin romper con la equidad y sin pasar por encima de los derechos de las minorías, es otra. También organizar más debates y promover menos spots.
Hay que revisar y modernizar indiscutiblemente todas las áreas del INE y ver cómo se puede optimizar y eficientar su funcionamiento, lo que permitiría reducir el costo de otros servicios. Por ejemplo, el Instituto puede perfectamente hacerse cargo, con un apoyo adicional, de la organización y elaboración de la credencial de identidad para los menores de 18 años, que durante años ha estado parada por falta de acuerdo y recursos.
El Instituto Nacional Electoral, les guste o no a quienes hoy están en el poder, ha sido parte fundamental del proceso de transición y de consolidación de nuestra democracia y debemos sí abaratar sus costos, pero no pretender desaparecerlo o controlarlo Eso sería una actitud totalmente irresponsable, reaccionaria y conservadora.
Insistir en tratar de imponer reformas electorales para beneficiar al partido en el gobierno o para atender ambiciones reeleccionistas del presidente sería un retroceso a la prehistoria. Las propuestas que hasta ahora hemos escuchado, son sumamente preocupantes. Ya nada más falta que se quiten la máscara y propongan a Manuel Bartlett como Consejero presidente del INE.
La oposición debe parar en seco está intentona y generar condiciones para el debate razonado y razonable a fin de abrirle paso al diálogo y al acuerdo. Hay que derrotar el intento de imposición.
Es indispensable consensuar la reforma para darle mayor credibilidad y confianza a los procesos electorales, fortaleciendo al Instituto Nacional Electoral y a la democracia
