Con su iniciativa para la reforma de la industria eléctrica, que muy probablemente sea aprobada este martes en la Cámara de Diputados por la fracción de Morena y sus aliados, sin haber movido una coma -como lo instruyó el Presidente-; López Obrador defiende un nacionalismo rancio que lo único que va a provocar será un grave retroceso tecnológico en el sector, ahuyentar las inversiones, provocar litigios en instancias nacionales e internacionales, poner aún más en riesgo la soberanía energética, y vulnerar el derecho de las y los mexicanos a las energías limpias.
Recupera el discurso nacionalista y demagogo de López Portillo. Aquel que prometió defender el peso como un perro, pero cuya corrupción, nepotismo e incompetencia terminaron hundiendo al país en una de las crisis económicas más atroces de que se tenga memoria.
Si Andrés Manuel, con estas modificaciones que pretende, no invierte los recursos necesarios para modernizar y hacer competente a la CFE, terminará también por hundirla y los apagones serán más frecuentes y comunes.
Al final, “el caldo saldrá más caro que las albóndigas” porque sucederá lo mismo que con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, por el cual el Estado Mexicano, no el Presidente, terminará pagando 331 mil 996 millones 517 mil pesos por la cancelación de los contratos, lo que representa 231% respecto a lo estimado por el Gobierno Federal, y el 25% de incremento de la deuda pública, de acuerdo con lo que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación, en la tercera entrega del Informe de la Cuenta Pública 2019.
La iniciativa propone, entre otras acciones, modificar la revocación de permisos ya otorgados y darle prioridad al uso de la energía generada por la CFE, aunque no sea ni la más barata ni la más limpia.
Eliminar la obligatoriedad de comprar la energía por subasta, dándole preferencia a la que se genera por la CFE sin importar que sea con combustóleo o diésel, ni la contaminación que genera.
Obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley.
Revisar la legalidad y rentabilidad para el Gobierno Federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Y estas decisiones no están mal, la cuestión es que el Presidente está acostumbrado a lanzar acusaciones más con un enfoque ideológico-político que con pruebas que las sustenten. Andrés sigue construyendo su propia narrativa e imponiendo sus decisiones.
La campaña de descalificación de López Obrador contra quienes han manifestado su desacuerdo sobre el contenido de la iniciativa, los señalamientos de corrupción contra las empresas productoras de energía, el acusar a los abogados que defiendan a estas empresas de “traidores a la patria”, pintan de cuerpo entero las intenciones del Presidente.
El problema de fondo es que el Presidente no está creando las condiciones, ni destinando los recursos necesarios, para modernizar a la Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que pueda ser competitiva y generar energía suficiente y limpia para atender, en primera instancia, el derecho a la energía eléctrica de todos los mexicanos; y los requerimientos para que el sector productivo pueda funcionar adecuadamente.
En el marco de la discusión de la reforma eléctrica de 2013, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados defendió la soberanía energética, convencidos de que México requiere caminar hacía la recuperación de su seguridad y autonomía en el sector, pero eso no será posible desmantelando de manera arbitraria los avances jurídicos y tecnológicos que ya se tienen, muchos menos convirtiendo a la CFE en un monopolio, sin importar con qué y cómo produce, ni los graves vicios y corrupción que arrastra. Pemex y CFE deben modernizarse utilizando tecnología de punta, transformarse para ser empresas altamente competitivas, transparentes y responsables con el medio ambiente, capaces de rendir cuentas claras a la nación y de hacer alianzas estratégicas y acuerdos sin, por ello, poner en riesgo su función.
