En el marco de una mesa de trabajo de una de las coordinaciones bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que integran representantes de la federación, estados y municipios; un General informó de la detención de seis muchachos porque traían una pequeña porción de marihuana. Uno de los presentes argumentó que no había razón para detenerlos puesto que la portación menor a cinco gramos no es delito. La respuesta del militar fue tajante: “nosotros no traemos báscula”.
Cito esta anécdota para ilustrar uno de los múltiples riesgos que implica la aprobación en la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional, con los votos de Morena, Partido Encuentro Social, Verde Ecologista, Partido del Trabajo, PRI y algunas diputadas y diputados que votaron a favor contraviniendo el acuerdo de sus propios grupos parlamentarios.
El alcance del dictamen aprobado es de tal calado que en la historia legislativa reciente podría compararse con la reforma energética, no sólo por la cantidad de modificaciones constitucionales; sino por el fondo y la trascendencia del debate, el impacto negativo para el país y los perjuicios que conlleva.
En la reforma que impulsó Peña Nieto los recursos energéticos propiedad de la nación se privatizaron. Ahora se están sufriendo las consecuencias. En la reforma que promueve de manera decidida Andrés Manuel, al grado de reclamar como insuficiente lo aprobado en la Cámara de Diputados y pedirle al Senado que le enmiende la plana, le está entregando un enorme poder a las Fuerzas Armadas. También, más pronto que tarde, nos arrepentiremos de esto.
Inmediatamente que se aprobó el dictamen, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, así como de la sociedad civil, expresaron su preocupación y rechazo por las implicaciones de las reformas.
En una carta que envió al Poder Legislativo, Jean Jareb, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que el dictamen aprobado es preocupante por la estructura de los componente de orden militar, particularmente la composición de la Junta de Jefes de Estado Mayor; por la indebida regulación de los alcances del fuero militar, ya que concede a la jurisdicción militar conocer las faltas y delitos cometidos por integrantes de una corporación que se define como civil; y porque abre la puerta a la privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares. (Animal Político, 17/01/19)
En el mismo sentido, el colectivo Seguridad Sin Guerra alertó que la Guardia Nacional “conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos; implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia, lo que cierra la puerta a un modelo de seguridad sostenible, civil y profesionalizado de largo plazo y, con ello, a la construcción verdadera de la justicia transicional y de la paz”. (www.seguridadsinguerra.org/#block-11691)
Observaciones similares ya habían sido planteadas tanto por representantes de estos y otros organismos defensores de derechos humanos como especialistas, académicos, legisladoras y legisladores en el marco de las Audiencias Públicas convocadas por la Cámara de Diputados para escuchar propuestas sobre el contenido del proyecto de dictamen.
Sin embargo, el dictamen aprobado no retomó ninguna propuesta expresada en las consultas, porque los cambios que se hicieron en la adenda no modificaron en esencia el objetivo principal: ampliar la participación militar en seguridad pública. Será una Guardia Nacional que en lo administrativo dependerá de un mando civil, pero en lo operativo y en los hechos estará controlada por las Fuerzas Armadas.
El Senado de la República tiene ahora la posibilidad de ejercer sus facultades para detener esta grave y muy riesgosa decisión tomada por la colegisladora, por cierto, con prácticas parlamentarias que siempre criticamos desde la oposición y particularmente desde la izquierda. Los ofrecimientos para votar a favor de la Guardia Nacional me recuerdan una frase del priista Fidel Herrera: “Lo que en política tiene precio, siempre sale más barato”
¿Qué acuerdos se hicieron con los mandos militares para impulsar una reforma a 13 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? El día 16 de enero ya avanzada la noche, el Presidente le llamó por teléfono al Dip. Mario Delgado para felicitarlo por la reforma aprobada, pero al día siguiente, después de reunirse con los mandos militares dijo “no estar satisfecho” con lo aprobado en la Cámara de Diputados, porque se quitó un artículo transitorio que le pidió al Senado reincorpore al texto del dictamen. El mencionado Artículo Transitorio pone explícita la facultad de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública. Innecesario desde mi punto de vista, por lo que se aprobó en el cuerpo del dictamen. Por eso, la preocupación de la atención que se observa a las peticiones o requerimientos de los mandos militares. Preocupan las facultades y el papel que se le está dando a las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército, nunca me imaginé una reforma de esta magnitud sin reflexionar y dar respuesta a una simple pregunta: ¿cómo le vamos a hacer para desmontar este poder y regresarlos a sus cuarteles?
Sí hay otros caminos y políticas públicas para enfrentar a las bandas del crimen organizado, basta escuchar a representantes de organismos internacionales y de colectivos que la sociedad civil ha formado para hacer propuestas en materia de seguridad pública, procuración e impartición de Justicia. Hay que aprender a escuchar y construir acuerdos para elaborar políticas públicas de mediano y largo plazo. #NoAlFiscalCarnal #SeguridadSinGuerra #FiscalíaQueSirva
