En el periodo extraordinario que inicia el próximo jueves 25 de julio, la Cámara de Diputados discutirá, y eventualmente aprobará, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Educación (LGE); una de las leyes reglamentarias dispuestas en la reforma al Artículo 3° Constitucional.
La LGE es un instrumento fundamental para reconocer al Sistema Educativo Nacional (SEN), sus grandes aportaciones al desarrollo del país, pero también sus problemas, debilidades e insuficiencias.
México necesita un SEN capaz de transformar el entorno de los que menos tienen, de quienes están en desventaja y son atendidos en el 40% de escuelas multigrado, con maestras y maestros mal pagados, equipo deficiente y poco útil e infraestructura deteriorada, ineficiente y en malas condiciones.
Sin biblioteca mínima y con niñas, niños, adolescentes y jóvenes desnutridos. Hay que combatir la discriminación con escuelas para la inclusión, pero requieren de docentes que asistan, preparen su clase e interactúan con los padres de familia.
Construyan comunidad poniéndose la camiseta de la Nueva Escuela con una nueva actitud y compromiso, recompensados con un mejor salario, mejores materiales educativos, una supervisión que funcione y un mejor ISSSTE para que las y los trabajadores de la educación no se preocupen cuando ellos o su familia, se enfermen.
Una de las ventajas de esta propuesta es que cuenta con el consenso no sólo de las fuerzas políticas, autoridades, legisladoras y legisladores, sino que incluye una gama de propuestas de las organizaciones civiles y del magisterio; por lo que elimina una de las principales aristas de la legislación impulsada por Peña Nieto: su imposición y el estigma que fomentó contra la escuela pública y los docentes, principales actores para que cualquier reforma educativa tenga éxito.
Destaco aquí algunos de los objetivos de la nueva Ley General de Educación (el proyecto íntegro se puede consultar en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/jul/20190718-V.pdf), como el colocar como objetivo principal del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, señalándolos como el interés superior dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN).
Recupera la rectoría del Estado en la educación estableciendo que se considera como un servicio público las acciones realizadas para garantizar su ejercicio.
Plantea alcanzar un Acuerdo Educativo Nacional, con la participación corresponsable de todos los actores, para promover una cultura educativa que impulse transformaciones sociales dentro de la escuela y en su entorno.
Dispone que la educación impartida por el Estado será obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica. Reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educación inicial hasta la superior.
Establece que la educación debe impartirse bajo el principio de respeto a la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Promueve una cultura de la paz y convivencia democrática en las escuelas, a través de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar. Plantea una educación humanista para desarrollar en el educando el pensamiento crítico, la observación, el análisis, la reflexión, habilidades creativas y la expresión de sus sentidos. Reconoce la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüisticos a los pueblos y comunidades indígenas, a través de una consulta previa e informada.
Dispone medidas para garantizar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes repatriados o desplazados mediantes becas y otros mecanismos de apoyo.
Crea el Comité Escolar de Administración y Participativa que tiene por objetivo la dignificación de los planteles educativos. Reconoce el papel de Comité Técnico Escolar y dispone que cuente con un Comité de Planeación y Evaluación, el cual tendrá a su cargo formular el programa de mejora continua de cada escuela.
Revaloriza al magisterio sentando las bases y principios por los que se expedirá la Ley General del Sistema para la carrera de las Maestras y los Maestros. Señala la obligación de fortalecer a las normales e instituciones de formación docente para cubrir las necesidades del servicio educativo con maestras y maestros con los conocimientos necesarios.
Recupera contenidos curriculares como el civismo, la historia, la filosofía, la música, la geografía y la educación sexual y reproductiva. Fortalece el Federalismo Educativo estableciendo el marco de facultades exclusiva de la Federación y de las entidades federativas, además de las atribuciones concurrentes en educación. Mantiene la obligación de que el presupuesto para la educación no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país y que de este monto se destine el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.
Cabe resaltar la importancia que una vez aprobada esta ley y las otras pendientes, se destine el presupuesto necesario para su implementación. Porque si una buena ley no cuenta con los recursos necesarios para su instrumentación, de poco sirve.
Pero además, se requiere impulsar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que permita disminuir las enormes desigualdades que existen en el país, particularmente las asimetrías entre los estados del norte y los del sur; y una política económica viable, eficaz y eficiente que permita la reactivación de empleos formales y decentes, mayor inversión pública y privada y mejores oportunidades para un desarrollo saludable de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Hay que invertir más en educación y hacer más eficiente, transparente y equitativo el gasto educativo, por eso es necesario evaluar. Sólo así se pondrá sentar las bases para una verdadera transformación del país. Cambiar las leyes es un buen principio, instrumentarlas de manera adecuada y destinarle los recursos necesarios, son medidas indispensable para poder alcanzar sus objetivos.
