El desenlace del fallido operativo para detener en Culiacán, Sinaloa; a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, confirmó lo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había perfilado: construir un pacto de impunidad con el crimen organizado como una estrategia para disminuir la violencia en el país. Una Pax Narca.
Dicha propuesta se asomó el 20 de agosto, cuando la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró: “estamos dialogando, ahorita, con muchos grupos, y nos han manifestado que ya no quieren seguir en la violencia”.
La dependencia desmintió horas después a su propia titular, al señalar que “las expresiones de su titular, en relación a una supuesta intención de diálogo del Gobierno Federal con bandas del crimen organizado, son falsas, producto de una lamentable edición de declaraciones”.
Sin embargo, la decisión de soltar a Ovidio Guzmán dejó claro, en los hechos, que esta estrategia está en marcha.
Lo dejó entrever el presidente este sábado en Oaxaca, al reiterar que la “doctrina de su gobierno es la hermandad, la no violencia y el amor al prójimo”. “Podemos resolver los problemas con el diálogo y con el acuerdo, no con lo irracional del uso de la fuerza”, sostuvo.
Pero ya lo habían confirmado los abogados de la familia de El Chapo, quienes agradecieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de no causarle daño a Ovidio Guzmán y evitar más enfrentamientos en Culiacán.
Dijeron que López Obrador es un presidente “humano” y “cristiano” al tomar la decisión de no causarle daño a Ovidio. Pero ya envalentonados, fueron más allá y exigieron la devolución del dinero que se le confiscó a “El Chapo” en Estados Unidos, el cual demandan que sea devuelto a México, “porque aquí se generó, el dinero es de México”. (Aristegui Noticias, 20/10/2019)
Lo que también es cierto es que el fallido operativo de Culiacán, evidenció que el gobierno de Andrés Manuel carece de una estrategia en materia de combate a la inseguridad.
Y la única salida que encuentra el presidente ante este fracaso es seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores –aunque ya tenga 11 meses formalmente en el cargo-, a los medios de comunicación, a los conservadores y a los autoritarios.
No hay ninguna línea como para construir algo diferente a lo que hoy existe. Si las administraciones pasadas cayeron en el grave error de impulsar y sostener una guerra directa contra el narco, con las lamentables consecuencias que ya conocemos; en el gobierno de AMLO no hay precisión respecto a lo que se quiere hacer. El problema es que las consecuencias son las mismas o podrían ser aún peores.
Culiacán, en realidad, es el corolario de esta ausencia de estrategia. Hasta agosto de este año se han registrado 23 mil 700 homicidios y feminicidios, 10 masacres en los últimos 10 meses, cuatro de ellas en las dos últimas semanas. Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz, Jalisco; en fin, gran parte del territorio mexicano, están bajo el yugo del crimen organizado, con una evidente incapacidad de las autoridades federales para contenerlo.
El manotazo que el crimen organizado dio en Culiacán para obligar al Gobierno Federal a soltar a Ovidio, amerita la revisión de la política en materia de seguridad y de cómo combatir a las bandas delincuenciales, entre ellas, a las del narcotráfico.
Esta revisión pasa, primero, por la renuncia de Alfonso Durazo el frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y por la construcción de una visión integral de un problema tan complejo, considerando opciones, como la legalización de las drogas, empezando por el uso medicinal y recreativo de la marihuana, y la amapola, utilizar para lo que fue creada la Guardia Nacional –y no para atender órdenes de Trump-, fortalecer la coordinación institucional y entre los diferentes órdenes de gobierno; replantear la política social –dejar de andarla usando con fines clientelares-, y hacer uso responsable de la fuerza, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos. En principio, Durazo debe renunciar porque mintió.
Si el presidente insiste en su “doctrina”, más pronto de lo que se imagina los cárteles le responderán con más violencia porque se sabrán impunes y porque, ya conociendo el camino y el ofrecimiento de impunidad, no aceptarán límites a su actuación ilícita. No queremos represión, ni masacres, sólo exigimos la aplicación de la ley para que haya justicia y paz.
De manera irresponsable se le está entregando en charola de plata el país y la integridad de las y los ciudadanos, a la delincuencia. El Estado Mexicano ha claudicado en su obligación de hacer respetar la ley, garantizar los derechos humanos y hacer uso del monopolio de la fuerza pública para someter a los delincuentes al orden. Hay que honrar la Constitución, aplicándola y haciéndola respetar.
