Ante la falta de resultados de su gobierno, es evidente que con el contenido de sus propuestas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, Enrique Peña Nieto está cediendo a las presiones de los poderes fácticos que pretenden mantener a salvo sus privilegios.
La reforma constitucional fue expresión de un gran acuerdo de las fuerzas políticas del país justamente para poder acotar, mediante la Constitución y las leyes respectivas, a los poderes fácticos y ponerle límites a su manera de actuar en el sector de telecomunicaciones.
Sería una total incongruencia aprobar leyes secundarias que no se apegaran correctamente a los cambios constitucionales, como lo intenta el Ejecutivo Federal.
Las normas reglamentarias deben interpretar con fidelidad y sin pretender anular en la práctica avances en el sector que ya se lograron en la Carta Magna, para efectos de que puedan ayudar a que los servicios de telefonía y de radiodifusión sean más baratos para la población y que ésta tenga una oferta mucho más amplia con los canales que se licitan y con el canal público que se tiene que hacer funcionar.
El proceso de construcción de las leyes secundarias de la reforma avalada por el Congreso y publicada el 19 de julio de 2013, pone a prueba a Peña Nieto y al PRI, en el sentido de que o son consecuentes con lo que se aprobó o ceden frente a las presiones de los poderes fácticos, con el retroceso que ello significa.
Todo parece indicar que ante la falta de resultados de su administración y la ineficacia de su equipo, la estrategia de Peña Nieto es echarse a los brazos de Televisa con la intención de que, mediante una estrategia mediática y sin el más mínimo de crítica, construyan una falsa impresión de buen gobierno.
La realidad es que a más de un año, Peña Nieto no ha cumplido ni con sus con sus compromisos ni con su responsabilidad.
El presupuesto de este año es el más alto en la historia del país y por argumentos incomprensibles e injustificables, no lo aplican.
En consecuencia, la economía no levanta, el desarrollo nacional está frenado, el empleo no repunta, se encarecen los productos y servicios básicos y se profundiza la inseguridad, la desigualdad y la pobreza, en tanto que los mismos de siempre mantienen sus privilegios.
Este gobierno no alcanza a comprender para qué es el presupuesto y cuáles son los fines de los recursos públicos o carece de capacidad para administrarlos y distribuirlos.
Ejemplos sobran, las fallas en la reconstrucción de Guerrero y el retraso del presupuesto para atender los miles de damnificados que dejaron los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, el incumplimiento de los apoyos que prometieron para Michoacán y los rezagos en la instrumentación de las acciones acordadas en la reforma en materia de educación, entre otros.
Por eso persiste la percepción negativa de los ciudadanos respecto a Peña Nieto. Como lo arrojaron las encuestas desde el primer año de ejercicio, su administración está reprobada ante la falta de resultados eficaces.
Por eso es que está desesperado y para levantar su imagen ha decidido echarse a los brazos de Televisa, pretendiendo construir un gobierno mediático, aunque con resultados pírricos.
El dilema es que si Peña Nieto cede ante los poderes fácticos, termina con las posibilidades de retomar los acuerdos serios con aquellas fuerzas políticas que estamos convencidos que con los únicos que nos debemos comprometer es con el país y con el bienestar de los ciudadanos, a fin de superar paulatinamente la diversidad de problemas que tenemos que enfrentar.
Desde la perspectiva del PRD es necesario mantener abierto el diálogo, pero decisiones como las que promueve Peña Nieto bloquean toda posibilidad de acuerdos políticos de la envergadura que permitieron sacar adelante reformas como la de telecomunicaciones, en educación y competencia, entre otras.
Es claro que Peña Nieto y el PRI no tienen palabra y no cumplen con lo que se comprometen porque apenas sienten la presión de los poderes fácticos, claudican y frenan los avances de los compromisos alcanzados con la diversidad de fuerzas políticas del país y con el Congreso de la República.
Así que no tiene ningún sentido construir acuerdos con un gobierno como el de Peña Nieto que por su incapacidad cede ante los poderes fácticos que le venden la falsa idea de que fortalecerán su imagen y su administración, aunque pasen por encima de la democracia, de las instituciones del país, de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
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