Entre la imagen que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció a los intelectuales y líderes empresariales y políticos internacionales reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos 2014; y la realidad que vive México, hay una gran distancia.
Peña Nieto oferta a México casi como venta de garaje en el extranjero, vendiendo todo sin que todavía aterricen la mayor parte de la diversidad de reformas aprobadas por el Congreso.
Se ufana de estas reformas sin valorar en su cabalidad la importancia del rol asumido por las principales fuerzas políticas del país y por el Poder Legislativo, y dejando de lado que sin una instrumentación eficaz de parte del gobierno, estos cambios constitucionales y legales no tendrán el impacto esperado en el ámbito económico, político y social.
La LXII Legislatura ha sido única en varios aspectos. La cantidad, lo complejo y lo profundo de las reformas aprobadas en el lapso transcurrido de la misma, evidencia que estamos en momentos de definición histórica.
A la fecha, han pasado por el Pleno de la Cámara de Diputados 240 dictámenes. De éstos, 22 son reformas constitucionales, 14 nuevas leyes, 192 reformas a leyes existentes y 12 decretos.
Los efectos de lo que se ha discutido y aprobado desde septiembre de 2012 se sentirán en todo el conjunto de la sociedad e incluso trascenderán por generaciones.
Varias reformas destacan por su impacto y profundidad. Las materias son múltiples: laboral, educativa, amparo, inmunidad de servidores públicos, telecomunicaciones y competencia, deuda de estados y municipios, transparencia, financiera, fiscal, seguridad social, político-electoral y energética, entre otras.
Como fracción parlamentaria, el PRD ha acompañado sólo aquellos cambios que desde nuestro punto de vista tienden a fortalecer nuestra soberanía, impulsar el desarrollo y el crecimiento nacional, ampliar libertades individuales y colectivas, a proteger los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos.
Con la promulgación de estas reformas, Enrique Peña Nieto está vendiendo expectativas exageradas y sobrevalorando su impacto inmediato sin tomar en cuenta su aplicación.
Difunde la visión de un México que no existe, ha creado una visión artificial publicitaria de un gobierno supuestamente modernizador y eficaz, pero que muestra su fragilidad ante eventos graves como los que están aconteciendo en Michoacán y que revelan la falta de una verdadera estrategia pública de combate a la inseguridad y al crimen organizado.
Con una visión limitada y utilitaria, el gobierno le está cerrando el paso a la construcción de un gran acuerdo para alcanzar un estado fiscalmente fuerte, un régimen hacendario y fiscal redistributivo y promotor del crecimiento; la creación de un sistema de rendición de cuentas y de verdadero combate a la corrupción en todos los niveles y órdenes de gobierno.
Así como para edificar un sistema de seguridad social público, universal, redistributivo, equitativo y viable social y financieramente; crear empleos estables y bien remunerados que demanda la incorporación anual de más de un millón de mexicanos a la Población Económicamente Activa, sacar de la informalidad y del empleo precario a millones de trabajadores y recuperar el poder adquisitivo de los sueldos y salarios.
También para generar condiciones que efectivamente promuevan un desarrollo nacional sustentable y con equidad, impulsar una política social que permita el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos sociales, constitucionales, más allá de la centralidad del combate al hambre; y para instrumentar una estrategia planificada contra la inseguridad y el crimen organizado.
La fracción parlamentaria del PRD le apuesta y le seguirá apostando a crear condiciones para el diálogo, el debate y la discusión franca y abierta; y, sobre esa base, para la construcción de acuerdos. Pero tenemos que hablar claro para no utilizarnos unos a otros más allá de lo que permite la palabra empeñada en estos acuerdos.
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