Diga lo que diga Andrés Manuel, lo cierto es que en los hechos, los principales beneficiarios de todas y cada una de las medidas que ha tomado en materia de política educativa han sido quienes fueron sus aliados electorales en su campaña; mientras que las niñas, niños y adolescentes han resultado los más perjudicados pues el gobierno federal pretende evadir su responsabilidad constitucional de garantizar su derecho a la educación.
El memorando por ejemplo, no tiene como fin la justicia o el combate a la corrupción como presume el presidente, sino atender las demandas de quienes al oponerse al dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, buscan preservar sus intereses políticos y económicos.
De entrada, la beneficiaria inmediata del gobierno de AMLO es Elba Esther Gordillo Morales, a quien ya se le devolvieron cuentas bancarias, propiedades, autos y obras de arte. En ese sentido, el Ejecutivo Federal aplica a pie juntillas la máxima juarista: “ A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Si Andrés Manuel realmente quisiera hacer justicia a al magisterio debería atender los reclamos de las víctimas de Nochixtlán, Oaxaca; aumentar el salario de las y los maestros, incrementar el presupuesto educativo al menos al ocho por ciento que establece la ley, combatir en serio el rezago, la marginación y la pobreza; así como atender las múltiples carencias del Sistema Educativo Nacional (SEN).
Lo que el presidente no quiere reconocer es que el dictamen elaborado, discutido y aprobado por las Comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados plantea medidas para acabar, prevenir y combatir la corrupción en el SEN, abroga la evaluación punitiva, garantiza el ingreso y la permanencia en el empleo, protege los derechos del magisterio y promueve la educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes.
Con el memorando el presidente no sólo descalifica las facultades del Poder Legislativo sino que demerita y desconoce sin el menor empacho el papel que jugaron los integrantes de su propio gabinete en la construcción de los acuerdos para la aprobación del dictamen.
En su empeño por atender las demandas de quienes se oponen a cualquier reforma que no sea la que ellos quieren, López Obrador no tiene empacho en pasar por encima de la Constitución de la República, de la división de poderes y de los más altos funcionarios de su gobierno en materia política, educativa y económica; a los que él mismo instruyó atendieran las negociaciones con el Congreso de la Unión y el magisterio para sacar adelante la reforma educativa.
Destrabar este asunto implica voluntad política y un gran esfuerzo para flexibilizar posturas, conciliar intereses y construir el mayor consenso posible en torno a la reforma educativa que requiere el país.
No la que beneficia a ciertos sectores del magisterio ni la que conviene en términos políticos al gobierno en turno, sino una que atienda el interés superior de niñas, niños y adolescentes; que proteja los derechos de las y los maestros y que ayude a México a superar los obstáculos y retos del futuro.
Y el mayor consenso posible hasta ahora está expresado en el dictamen. Pero sí algo hay que agregar o quitar, siempre será posible dialogando con franqueza y en función del interés nacional. Lo que no es aceptable es que se pretenda hacer creer que con un simple memorando se puede evadir la obligación del Ejecutivo Federal e integrantes de su gabinete de aplicar el marco normativo en materia de educación.
Nunca es tarde para corregir. El presidente tiene la oportunidad de reivindicarse con la sociedad convocando a quienes se oponen a la reformada educativa para que se sienten de nueva cuenta a dialogar con las autoridades y el Congreso de la Unión a construir un nuevo acuerdo, siempre y cuando no se vulnere el orden constitucional y el Estado de Derecho.
El país ya cambió y el primero que debe entenderlo es Andrés Manuel. Los ciudadanos no lo respaldaron para violar la ley, sino para hacerla valer y aplicarla para terminar con las injusticias y la impunidad.
Y no hay mayor injusticia que obstruir el derecho a la educación y la reivindicación del magisterio y la escuela pública sólo por atender caprichos de quienes ambicionan preservar sus viejos intereses económicos y políticos, por encima del mandato de cambio que la sociedad expresó en las urnas.
