El imparable incremento de los asesinatos violentos, de los índices delictivos y la expansión del crimen organizado en Guanajuato; demanda una revisión a fondo no solamente de la estrategia de seguridad pública sino también de la política social; porque a todas luces es evidente que ni una ni otra, vinculadas íntimamente, están dando los resultados esperados.
De acuerdo con el estudio “La Violencia en los Municipios y Entidades Federativas de México”, dos ciudades de Guanajuato se encuentran entre las 50 con las mayores tasas de violencia en el país. Celaya ocupa el sitio 38 y Guanajuato capital el 43. (Diario am, 09/03/2015)
Según la Secretaría de Gobernación, los homicidios dolosos en la entidad aumentaron 14% durante los cinco primeros meses de este año, lo que la coloca en séptimo lugar en el país por la cantidad de crímenes cometidos en este lapso.
Estas estadísticas incluyen los feminicidios y en opinión del Centro Las Libres, Guanajuato ya se encuentra en primer lugar por la cantidad de asesinatos de mujeres perpetrados en 2015, ocupando el sitio que antes le correspondía a Chihuahua y al Estado de México.
Por cierto, en éste último ya se declaró la Alerta de Violencia de Género para 14 municipios; medida que, inexplicablemente, en Guanajuato fue recientemente denegada.
Simultáneamente, los Resultados de la Medición de la Pobreza 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, indican que 2 millones 683 mil 300 guanajuatenses viven en condición de pobreza.
Por estas y otras razones en Guanajuato se necesita implementar políticas públicas con una visión más integral, que complementen la estrategia de seguridad, procuración e impartición de justicia; con las destinadas a combatir la desigualdad, la marginación y la pobreza.
Simultáneamente, es necesario desarrollar acciones que generen más oportunidades de educación, empleo, recreación, deporte, de recuperación de espacios públicos, entre otras, para todos los ciudadanos; pero particularmente para las niñas, los niños y los jóvenes; que representan el mayor segmento de población.
Sólo para poner un ejemplo de la importancia de ampliar las alternativas, cabe referir que en nuestro estado existen casi 2 mil escuelas privadas y es el que tiene el menor número de planteles públicos de educación media superior y superior; lo que evidentemente reduce las posibilidades para estudiar de miles de jóvenes que forman parte de las numerosas familias pobres.
En el rubro de seguridad pública, es importante tomar en cuenta experiencias que han funcionado en algunas ciudades del país, Tijuana y Ciudad Juárez para poner algunos ejemplos; así como de otras naciones, como Bogotá, en Colombia, y Nueva York, en Estados Unidos.
En este sentido, valdría la pena invitar a especialistas y ex funcionarios o funcionarios de estas y otras urbes con experiencias exitosas; lo que podría ayudar a diseñar una política pública de seguridad más eficaz.
Como parte de estas decisiones también es necesario combatir la corrupción y la red de intereses que se ha construido entre funcionarios de distintos niveles, tanto de la administración pública como del ámbito policiaco y de impartición de justicia; con el objeto de desarticular el manto de protección e impunidad del que goza actualmente la delincuencia organizada.
Igualmente, se debe poner fin el uso clientelar y patrimonial de los programas sociales que practica tanto el gobierno federal como el estatal. No es posible implementar una política social verdaderamente eficiente si cada quien está viendo como le saca provecho a los recursos públicos destinados a combatir la pobreza.
Si no se toman estas medidas prioritarias, seguramente seguirá incrementándose la inseguridad, la violencia y la operación del crimen organizado; y se corre el riesgo de que las empresas nacionales y extranjeras que están invirtiendo en Guanajuato se planteen la posibilidad de reconsiderar su decisión, como ha sucedido en otras regiones del país, lo que indudablemente aumentaría los problemas sociales.
Frente a la situación que prevalece en la entidad, se debe actuar con altura de miras y con visión de Estado para combatir la inseguridad y la pobreza, empezando por reconocer que lo hecho hasta ahora ha sido insuficiente y que los guanajuatenses se merecen una mejor calidad de vida y que el gobierno les garantice los derechos y libertades que la Constitución establece.
