En el marco de su XXI Asamblea Nacional, el Partido Revolucionario Institucional modificó sus Estatutos para incluir al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su Comisión Política Permanente.
De acuerdo con los Estatutos del PRI, la Comisión Política Permanente forma parte del Consejo Político Nacional, que es el “órgano deliberativo de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado a la Asamblea Nacional, en el que las fuerzas más significativas del Partido serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política…es un espacio de dirección colegiada que acerca y vincula a dirigentes, cuadros y militantes. Es un instrumento que promueve la unidad de acción del Partido, ajeno a intereses de grupos e individuos.”
Entre otros, el Consejo Político Nacional, está integrado por el presidente y el secretario general del partido y, ahora, por Enrique Peña Nieto, quien asume con esta designación el doble papel de presidente de la República y Jefe del PRI.
Esta decisión implica regresar a los viejos tiempos y sacrificar la perspectiva del presidente de la República, como Jefe de Estado, para convertirlo, de facto, en el líder del PRI, función que lo obstaculizará para cumplir con su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo Federal.
Las declaraciones del diputado Francisco Arroyo Vieyra sobre este tema precisan las intenciones reales de su partido: “En el PRI nos gusta que nuestro compañero, al que llevamos a la presidencia de la República, tenga una sana cercanía…desde el México prehispánico, desde el tlatoani, en esta tradición mexicana, este tipo de liderazgos son muy importantes”.
Con quién acordarán los partidos de oposición cuando fuere necesario reunirse con Enrique Peña Nieto, ¿con el presidente de la República o con el Jefe del PRI?, porque, en los hechos, la inclusión de Peña Nieto y su partido, significa regresar al viejo camino en donde se rompen las fronteras entre la dirigencia del PRI y el presidente de la República, en el que uno y otro son la misma cosa.
Desde mi punto de vista es una regresión y un intento de restauración del poder del viejo presidencialismo y podría implicar una violación al artículo 134 de la Constitución Política, que establece que: “Los servidores de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Contraviene, además, la disposición de la pluralidad de las fuerzas políticas del país de firmar el “Pacto por México”, que pretende impulsar de manera armonizada las reformas encaminadas hacia un horizonte de desarrollo y de renovación de nuestras instituciones.
Unos de los compromisos medulares contenidos en el pacto son los acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; así como el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, en estos últimos, se inscriben nuevas reglas electorales y de ejercicio del Poder Ejecutivo, entre otros.
En este contexto, en la incorporación de Peña Nieto a la dirección de su partido, se percibe la presión y los intereses de grupos de poder que desde su trinchera intentan reventar el espíritu del pacto, a grado tal que el PRI ha deformado la figura de la inmunidad constitucional para dejar “intocable” sólo al presidente, al mismo tiempo que modificó sus documentos básicos y su programa de acción para preparar el terreno a la imposición de IVA a alimentos y medicinas y abrir PEMEX a la inversión privada.
Es evidente que para los poderes fácticos el pacto representa un estorbo para sus intereses, al grado de calificarlo como un espacio de conspiración. Las reformas constitucionales concebidas por el pacto no tienen dedicatoria contra nadie, su único objetivo es construir un piso más parejo para todos, disminuir la desigualdad y crear condiciones de equidad para los mexicanos, fomentando la competencia, creando reglas para la inversión, evitando monopolios y prácticas monopólicas, entre otros aspectos.
Por ejemplo, la propuesta de reforma al sector de telecomunicaciones que se pretende firmar mañana lunes, no tiene dedicatoria contra nadie, su único objetivo es el interés de la Nación y de los ciudadanos, se busca que todos tengamos la oportunidad de acceder en mejores condiciones a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y a los productos del espectro radioeléctrico, como los servicios de televisión abierta y de paga, internet, radio mensajes, entre otros; cuyas tarifas en México son de las más caras del mundo.
Para los priistas, la inclusión del presidente a la dirigencia de su partido puede no ser ilegal, pero todos los partidos estamos obligados a observar la Constitución y, Enrique Peña Nieto no sólo es militante del PRI, sino también presidente de la República electo por una mayoría de ciudadanos, por lo que es el primer obligado a respetar estrictamente nuestra Carta Magna.
Este hecho no sólo manda una mala señal, sino que está llevando al presidente a que caiga en los terrenos de la ilegalidad y contravenga la Constitución, y le manda un mensaje a los partidos firmantes del pacto de que tienen que caminar cuesta arriba, venciendo más obstáculos y resistencias internas, porque los priístas tomaron la equivocada decisión de restaurar el viejo presidencialismo.
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