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jueves, marzo 28, 2024

Presupuesto Neoliberal

Aunque mucho presume que en su gobierno se acabó el Neoliberalismo, Andrés Manuel López Obrador mantiene algunos pilares del Consenso de Washington, que sentaron las bases de este modelo económico que se impuso en varios países; y que en México fue aplicado a rajatabla a partir de la década de los 80 provocando el adelgazamiento del Estado, la concentración de la riqueza en unos cuantos, profundizó la pobreza y la desigualdad y fomentó la corrupción.

El Paquete Económico 2020 que envió a la Cámara de Diputados nos da un ejemplo fehaciente. Contiene al menos dos características de las directrices Neoliberales.

Una tiene que ver con la disciplina fiscal para evitar grandes déficits vinculados al Producto Interno Bruto. De hecho, esa ha sido la tónica en el primer año de esta administración. Sin embargo, esa disciplina fiscal no ha ido acompañada de crecimiento económico, ni de la creación de empleo o más inversión en obra pública, tampoco privada.

De tal manera que la tan llevada y traída disciplina fiscal, que tanto presume el gobierno federal, en realidad se ha traducido en un exceso de recortes al presupuesto que ha impactado diversos sectores prioritarios como el caso de la educación, la ciencia y la tecnología, la salud, programas sociales relevantes que estaban dando resultados; y la operación básica de las dependencias.

Y aunque el presidente diga que en economía “vamos muy bien”, lo cierto es que la última estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sostiene que la economía mexicana apenas crecerá en 0.2%, lo que representa la cifra más pesimista entre los organismos internacionales.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional, en una predicción reciente a la baja, considera que el crecimiento será de 0.4% para 2019 y de solamente 1.3% para 2020. La economía está estancada y no basta con un “empujoncito” para que despegue.

Otro de los paradigmas del Neoliberalismo que AMLO está aplicando a pie juntillas es el redireccionamiento del gasto público en subsidios destinados particularmente a los pobres –para paliar, aunque sea mínimamente, los efectos brutales de este modelo económico, aunque por supuesto sus promotores no lo reconozcan-.

De hecho, el presupuesto para el próximo año, en discusión, contempla destinar 2 billones 797,300 millones de pesos al rubro de desarrollo social, donde se concentran los programas y apoyos sociales relacionados a la provisión de servicios en materia de protección social, educación, salud y vivienda. Este gasto representa 10.8% del Producto Interno Bruto. (Economista, 22 de septiembre de 2019).

El problema es que todos y cada uno de los programas sociales prioritarios de AMLO no tienen reglas de operación, ni mecanismos de evaluación, ni estudios que los justifiquen y garanticen que son las políticas públicas que se necesitan para combatir la marginación y la pobreza.

Como demandamos en gobiernos anteriores, y lo hacemos ahora, es indispensable que los programas que integran la política social cuenten con un padrón único de beneficiarios que pueda ser consultado para transparentar y poder ver si están dando resultados, si son incluyentes, y si están combatiendo efectivamente la pobreza y cumpliendo con la ley. Es claro que, ante estas omisiones, los programas sociales que están en marcha tienen fines y usos clientelares y electorales.

De tal manera que el proyecto de presupuesto para el próximo año está pensando más en el interés político del presidente y de su partido, que en el fortalecimiento de la economía del país y en el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Carece de una política contraciclíca, es decir de medidas que ayudarían a enfrentar la recesión económica mundial que expertos y organismos internacionales están vaticinando, para lo cual se requiere fortalecer el mercado interno, con empleo formal y salarios dignos.

El propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió que México debe prepararse para enfrentar una recesión ante los escenarios de tensión comercial internacional. El problema es que no se están tomando medidas básicas para ello, como la reducción de impuestos a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la expansión del crédito, el aumento del gasto y la inversión pública, entre otras.

Por otra parte, los grandes proyectos de infraestructura que se están impulsando para fomentar el empleo y la inversión, como el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas; son de dudosa viabilidad económica, social y sustentable en relación al medio ambiente.

Mientras que las principales reformas que hasta el momento se han aprobado en materia educativa, laboral, de  salud y seguridad pública; son una quimera porque no se les están asignado los recursos necesarios para hacerlas viables. En tanto que los estados y municipios son castigados con una drástica reducción de las participaciones federales.

Así que, aunque el presidente sostenga que en su gobierno se acabó el Neoliberalismo, lo cierto es que en los hechos se profundiza su aplicación. Sus acciones en materia económica están ahondando la pobreza y la desigualdad. Ojalá que corrija para que su sexenio no se convierta en una gran decepción. 

Cambiar el modelo económico y el régimen político plantea la necesidad de construir un nuevo acuerdo o arreglo social. Y no es polarizando como se puede transitar y llegar a buen puerto.

 

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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