El presidente de la República anunció el 2 de julio que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones mediante la cual, “como era antes” con Ernesto Zedillo (1995/97), ofrece “mejorar las condiciones de vida de los trabajadores cuando se retiren”.
Como dijo el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “se trata de una reforma para corregir las fallas del sistema actual”. En el mismo sentido, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comunica que “se construye sobre el andamiaje institucional existente: el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)”, “la reforma únicamente modifica parámetros y condiciones de jubilación”. ¡Vaya innovación!
El Acuerdo de Palacio Nacional fue pactado y celebrado “como era antes”, entre el gobierno federal (SHCP) y las cúpulas empresariales y sindicales, éstas últimas en franca decadencia. En pensiones no operó la separación del poder político del poder económico. De hecho, el gobierno federal asumió la propuesta de reforma que CCE-Amafore le pusieron sobre la mesa.
Al respecto, convendría que el Presidente, que gusta tanto de la historia Patria, echara una mirada sobre el papel del Estado mexicano para lograr la expedición de la primera Ley de Seguro Social (1942), la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 1943) y el pago de cuotas obrero patronales para sostener los beneficios de ley en favor los trabajadores y sus familias.
En el marco del Acuerdo para “reformar al SAR” –para algunos un “consenso histórico”, dicho sin ningún rubor–, el Secretario Herrera, encargado de su presentación, comunica que “después de la reforma se espera que los trabajadores tengan un retiro justo, un retiro digno”. Pero construir sobre la misma caja del SAR, teniendo como única opción la capitalización individual, proyecta nuevamente el problema a futuro, como anticipamos en el Grupo de Estudios de Políticas Públicas de Seguridad Social (GEPPSS), patea el bote.
Se pierde una oportunidad para ocuparse, no del corto plazo (pagar pensiones mínimas por el gobierno), sino atender estructuralmente el horizonte pensionario de los trabajadores. El cálculo basado en un “se espera” del Secretario y de los demás autores del “consenso”, suena tanto como a la recomendación de José Ángel Gurría, “tenemos que hacer las reformas de las reformas, porque no siempre le atinas a la primera” (El Economista, 29/10/2018).
A la fecha, la iniciativa de reformas no ha sido remitida a la Cámara de Diputados, pero el anticipo algunos de los “detalles” de su andamiaje, revelan con toda claridad, a la vista de todos, que uno de sus objetivos no confesos es “preservar” el Sistema de Ahorro para el Retiro a costa de comprometer mayores recursos fiscales.
Se compromete al Estado a hacerse cargo de pagar pensiones mínimas garantizadas (PMG: entre 07 y 2.2 salarios mínimos) a prácticamente la mayoría de trabajadores de la generación Afore (82 por ciento). El SAR así “reformado” seguirá siendo eso, un sistema de ahorro. Un sistema de capitalización individual, soportado por una enorme carga de subsidios públicos, que garantizará “pensiones mínimas” por el Estado, pero no pagará mejores pensiones.
Además, la propuesta de reforma crea una falsa ilusión de Bienestar al sumar artificialmente la mal llamada “pensión universal” para adultos mayores a la “pensión contributiva”.
El derecho ciudadano a un apoyo monetario universal siempre será bienvenido, aclarando que no se trata de una pensión sino de una ayuda económica para los adultos mayores del país, la cual, eventualmente, deberá remodelarse progresivamente para incidir en una redistribución de ingresos en la vejez, más justa.
Se dice que la reforma mejorará la pensión al incrementar la aportación tripartita total al sistema de 6.5 a 15.0 por ciento, donde los patrones absorberán la mayor carga de pasar su cuota de 5.15 a 13.873 por ciento (8.725 puntos porcentuales netos). Sin embargo, el “diablo está en los detalles”.
Conforme la presentación de la SHCP, en el caso de los patrones la aportación puede ir desde 5.151% para trabajadores con un ingreso de 1.0 salario mínimo (SM), hasta 13.875% para trabajadores con ingreso de hasta 25 UMAS (unidad de medida y actualización). Para el caso del Gobierno, la cuota social propuesta va de 8.724% para trabajadores con un ingreso de 1 SM, a 1.798% para los de 4 UMAS.
Es decir, el Gobierno absorberá la mayor parte del financiamiento del ahorro para el retiro de trabajadores de menores ingresos (1.0 SM a 4 UMAS); en tanto que, los patrones se verán incentivados a afiliar con bajos salarios de cotización para compensar el incremento de la cuota a su cargo.
Carlos Salazar, presidente del CCE, “sugiere” a todas las empresas que cada punto porcentual de aumento en la cuota patronal “se negocie dentro del paquete de las prestaciones. Es decir, si le ibas a dar 7 por ciento de aumento al trabajador, darle 6 por ciento al salario y un punto se los dejas en el cochinito.” (Reforma, 23/07/2020).
Cabe preguntarse por qué los empresarios incrementarán gradualmente su contribución al SAR, fundamentalmente, la destinada a trabajadores de mayores salarios. Ahí hay gato encerrado, además de lo señalado en el párrafo anterior. Las aportaciones patronales al Seguro Social son deducibles de impuestos de acuerdo con el artículo 25, fracción VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Se ofrece, por otra parte, que la reforma propiciará una baja de comisiones que cobran las Afore, se habla de pasar de 0.92 a 0.70 por ciento. Acotar la voracidad de las Afore es necesario, pero el efecto neto de esta medida se anulará ya que, eventualmente, las nuevas comisiones se aplicarán sobre una masa mayor de ahorro para el retiro. Entonces, mejoran las ganancias de la industria, pero no las pensiones de los trabajadores.
Las utilidades de las Afore no sólo están garantizadas, sino que seguirán creciendo. Esta medida, como tampoco la oferta de mejorar la rentabilidad de las inversiones, acosada por el impacto de la crisis económica de la pandemia y pospandemia, mejorarán el horizonte pensionario.
La reforma que impulsa Andrés Manuel López Obrador es tan neoliberal como la que promovió Ernesto Zedillo, también crea falsas expectativas porque no va acompañada de medidas elementales que permitan darle viabilidad, como una reforma fiscal, el fortalecimiento de la economía, la creación de empleo decente, , un salario digno y un sueldo de cotización revalorado.
La reforma propuesta va a contracorriente de la tendencia mundial de países que han planteado alternativas al sistema de cuentas individuales, particularmente Chile, cuyo modelo sirvió de ejemplo para la reforma de pensiones del IMSS de 1995/97, que no han garantizado pensiones para los trabajadores, pero ha servido para que una élite financiera, propietaria de las Afore, obtengan ganancias multimillonarias.
Como decimos en el GEPPSS, lo “deseable murió para la 4T, pero el debate sigue abierto. Las propuestas para lo deseable siguen en la mesa: un sistema basado en un seguro social y un régimen de previsión complementario para el retiro.
