El acuerdo para una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en materia de pensiones, presentado en Palacio Nacional, no pretende un cambio de fondo en el sistema de pensiones.
En realidad busca salvar a las cuentas individuales y a las Afore, incrementa la carga fiscal para el Estado Mexicano y permite simular a los empresarios el pago de aportaciones que les corresponde.
Es la misma gata, pero revolcada. Se simula un cambio, pero en los hechos todo queda en el cajón de las cuentas individuales.
De lo que se conoce hasta ahora, pareciera que el proyecto busca hacer arreglos al esquema actual de pensiones con el afán ponerle un salvavidas a las Afore y tratar de evitarles un mayor desprestigio, pues con los primeros pensionados por esta vía se pondría en evidencia el fracaso de las cuentas individuales; las ganancias de las Afore y la pobreza de los trabajadores.
De los 750 mil trabajadores que alcanzan la edad de retiro el próximo año, sólo el 10% podría tener derecho a pensión, pues el resto no cumple con el requisito de las semanas de cotización; y quienes obtengan pensión apenas alcanzarán la mínima garantizada, que de acuerdo a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de 1 Salario Mínimo. Las expectativas que ofrecieron con la reforma de 1997 eran en realidad, un espejismo.
También implica un gran margen de maniobra para los empleadores, pues en el caso del patrón la aportación aumenta gradualmente a partir del 2023, puede ir desde 5.151% para trabajadores con un ingreso de 1SM, hasta 13.875% para trabajadores con ingreso de 25 UMA en un periodo de 8 años.
Es decir, el incremento de aportación patronal sólo aplica para quienes tengan un salario de más de 4 UMA y hasta 25 UMA. Una cuarta parte de la totalidad de afiliados al IMSS.
Los patrones no dan paso sin huarache y si la ley les permite hacer maniobras, con seguridad las aprovecharán, van a tener oportunidad de dar de alta a un mayor número de trabajadores al IMSS con entre uno y cuatro Salarios Mínimos, y así pagarán lo mismo que ahora de su aportación patronal para la pensión.
En caso de que tengan que aportar el punto porcentual a partir del 2023 y hasta el 2031, lo tomarán del aumento salarial que acuerden en las negociaciones con los sindicatos. Aceptarán aumentar cinco puntos porcentuales, pero en los hechos sólo darán 4, con el argumento de que 1 punto iría para el ahorro de la futura pensión.
Es evidente que al aceptar esta propuesta de reforma de pensiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y de las Administradoras de Fondos para el Retiro, impulsada por sus aliados dentro del Gobierno Federal; el presidente de la República busca tranquilizar a las calificadoras, limar asperezas con los grandes empresarios, evitar un conflicto con el sector financiero; y tratar de minimizar la crisis económica y sanitaria que ya enfrenta.
Esto, por supuesto, a un gran costo para para los trabajadores y el Estado Mexicano.
Porque será el Estado el que terminará subsidiando la Pensión Garantizada de todos los trabajadores que ganen entre 1 SM y 4 UMA y que representan el 69% del total de trabajadores registrados en el Seguro Social.
En principio, el gobierno tomará los recursos acumulados en la cuenta de ahorro de cada trabajador para el pago de su Pensión Garantizada, al agotarse dichos ahorros, con recursos públicos se tendrá que subsidiar dicha pensión. La mayor parte del costo fiscal le tocará enfrentarlo al próximo gobierno. Por eso decimos que el gobierno actual está “pateando el bote”.
En síntesis, la propuesta no atiende los problemas estructurales del Sistema de Ahorro para el Retiro, contribuye a remozar su fachada y preservar el gran negocio que ha significado para las Afore el uso del ahorro de los trabajadores y el dinero del erario; permite a los empresarios maniobrar y simular con su responsabilidad de aportar más recursos para la pensión de los trabajadores; y aumentará el peso que significa el pago de pensiones para las finanzas públicas.
No hay la más mínima intención de resolver de fondo los graves y complejos problemas que enfrentan los sistemas de pensiones.
Es una medida de carácter neoliberal, de un gobierno que presume acabó con este modelo económico. No solamente es un salvamento para el fracasado sistema de cuentas individuales, sino que significa un gran golpe a las aspiraciones de garantizar pensión, y que ésta sea digna, para todos los trabajadores, en la búsqueda de una mayor justicia social, y por combatir la desigualdad y la pobreza.
