Al aprobar en segunda ronda el dictamen que reforma, abroga y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales, en materia de Educación; el Congreso de la Unión termina al fin con la mal llamada “reforma educativa” que fue como se conoció a las modificaciones constitucionales que se realizaron en diciembre del 2012 y se publicaron en febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Se termina, eso espero, con un relato de imposición e intimidación que tenía como objetivo el control del magisterio, no la preocupación por el aprendizaje de las niñas, los niños y jóvenes; ni la calidad de la educación.
Se acaba además, ojalá y así suceda, con los negocios al amparo de los recursos públicos que se permitieron en el sexenio anterior y cuyo uso perverso de los mismos permitió al “Sargento Nuño” dilapidar miles de millones de pesos en tratar de posicionarse para competir por la Presidencia de la República o cuando menos por la Ciudad de México. Por fortuna no pudieron, a pesar de todo lo que invirtieron. Este derroche de recursos que se hizo debería auditarse y, de comprobarse el mal uso, llevar ante la justicia a los responsables.
En el mismo sentido, queda pendiente que la Fiscalía General de la República reabra el expediente del operativo de la Policía Federal y Estatal, que el 19 de junio del 2016 desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban contra la reforma del 2013 y que lamentablemente terminó con la vida de ocho civiles y más de un centenar de personas heridas.
Ya no habrá más evaluación vinculada a la permanencia, ni más persecución o represión al magisterio, se terminan con ello los pretextos para faltar al trabajo y dejar a las alumnas y alumnos sin clases. El gobierno de la República tendrá los instrumentos legales para garantizar la rectoría del Estado en la administración, operación y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional. Es pertinente señalar que se deben tomar medidas para prevenir, evitar y combatir la corrupción en el ingreso y la promoción en todos los niveles, tipos y modalidades. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser la actitud y obligación legal de todos los funcionarios públicos y en particular, los que trabajen para la educación.
No cabe duda que la soberbia, necedad e incapacidad para instrumentar la reforma de 2013 por parte del pasado gobierno, terminó por desencantar a la gente de lo que, en su momento, fue la reforma más aceptada del sexenio.
La pésima instrumentación y aplicación, aunado a la corrupción, la descalificación contra el magisterio y la resistencia que encontró en parte del mismo, terminó por desprestigiar la reforma. Esta fue una de tantas razones por las cuales las y los ciudadanos votaron en favor de Andrés Manuel, que supo aprovechar las circunstancias, al comprometerse en campaña a derogar la mal llamada “reforma educativa”.
Sin embargo, es importante decir que la reforma que ya aprobó el Congreso de la Unión es producto de la amplia participación de organizaciones civiles, académicos, especialistas, maestras y maestros; y por supuesto de la disposición de las distintas fuerzas políticas que la acompañaron.
Excepto el PAN que al final optó por no votar a favor, pero su Coordinador, Juan Carlos Romero Hicks siempre jugó un papel importante en la redacción de la iniciativa que firmaron y presentaron los partidos de oposición en la Cámara de Diputados.
Hay que resaltar también que la reforma educativa, que entrará en vigor en cuanto se apruebe por el 50 por ciento más uno de los congresos estatales y se publique en el DOF; mantiene, mejora e innova algunos aspectos relevantes del marco jurídico vigente, de la iniciativa presidencial, y de las propuestas de la “Red Educacion, Derechos”. Hay un esfuerzo por lograr el consenso más amplio y sentar las bases constitucionales de una reforma que todo mundo reconozca como razonable, viable y pertinente.
La reforma en cuestión establece que los materiales e infraestructura de los planteles educativos serán idóneos para contribuir a los fines de la educación.
Enfatiza la importancia de las matemáticas y la lectoescritura en planes y programas de estudio, se refiere correctamente a la educación sexual y reproductiva. Plantea la obligación para que el Ejecutivo Federal defina una estrategia para rescatar a las escuelas normales, sacarlas de la marginación en que se encuentran, fortaleciendo su infraestructura, equipamiento, pero sobre todo, sus recursos humanos; poniendo orden en la formación de los docentes que la sociedad mexicana necesita.
Precisa que la Cámara de Diputados aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo tercero respecto a la ciencia, tecnología y la innovación. Asimismo, se puntualiza con mayor claridad el financiamiento de la educación superior, a efecto de cumplir cabalmente con su obligatoriedad.
Establece la educación como un derecho, obligando al Estado a garantizarla en todos los niveles; la educación se basará en el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la igualdad sustantiva y fomentará la cultura de paz.
Se reafirma que el Estado garantizará el interés superior de la niñez en el acceso, inclusión, participación y permanencia de los servicios educativos; resalta la labor de las y los maestros como agentes fundamentales en el proceso educativo y reconoce su contribución al cambio social.
Se garantiza el derecho de las y los docentes a acceder a un sistema de capacitación y actualización, retroalimentado con evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.
Se pondrá más atención, además, a la educación indígena plurilingüe e intercultural y se implementarán desayunos escolares en las escuelas con rezago social. De igual manera, se fomentará el cuidado al medio ambiente.
Queda mucho camino por recorrer para que la reforma educativa sea una realidad, pero no hay duda que con esta nueva legislación, el Congreso de la Unión atiende el reclamo social de implementar en serio un proceso para reordenar el Sistema Educativo Nacional que permita preparar mejor a las niñas, los niños y jóvenes.
Y por supuesto, que el país tenga mejores condiciones para enfrentar el presente y futuro, sin los lastres de la corrupción y la incapacidad de quienes se enriquecieron al amparo de los recursos públicos. La reforma abre oportunidades para ordenar el sistema educativo, pero también a la tentación de controlar al magisterio fortaleciendo a la CNTE. Es por eso que, en el marco de la discusión de las leyes secundarias, no hay que dejar de insistir en que se deben crear instituciones y políticas públicas que puedan ser evaluadas
