Algunas empresas nacionales y extranjeras, políticos y funcionarios, que con tanta prisa promovieron la reforma energética, ya se están frotando las manos por los jugosos negocios que podrán hacer con la explotación de los recursos energéticos del país y por los beneficios que obtendrán a partir de la corrupción que se generará por el manejo discrecional de los diversos contratos autorizados.
De acuerdo con especialistas, “las empresas privadas nacionales y extranjeras tendrán acceso a una riqueza en reservas de hidrocarburos que equivalen al menos a unos 3 billones de dólares” (La Jornada, 13 de diciembre de 2013).
Según José Luis Apodada Villarreal, ex director de la División Golfo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los “cálculos más conservadores indican que México posee reservas probadas de crudo por 14 mil millones de barriles. En hidrocarburos de lutitas (shale), las existencias de crudo en México son de 13 mil millones de barriles adicionales, y las de gas natural de 545 billones de pies cúbicos”, (ídem).
Es decir, la reforma energética sí será un gran negocio, pero sólo para unos cuantos, se beneficiarán algunas empresas mexicanas y las grandes empresas petroleras internacionales, que tendrán mucha flexibilidad para hacer negocios.
También obtendrán beneficios los funcionarios responsables de la autorización de contratos, ya que la reforma no estableció órganos reguladores lo suficientemente fuertes para combatir con eficacia la corrupción.
Las denuncias de varios presidentes municipales que acusaron a diputados federales panistas de exigirles una comisión para impulsar obras en favor de sus municipios en el Presupuesto de Egresos de 2014, es un ejemplo de lo que podría suceder con los contratos que definió la reforma.
El propio Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, creado por la reforma y que será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y contratos; permitirá un amplio margen a los gobernadores que manejan de manera discrecional los recursos públicos y se han erigido en caciques de sus estados, ya que parte del dinero que se obtenga de la explotación de los recursos energéticos, será canalizado a las entidades federativas.
Por ello no fue gratuita la forma tan atropellada y apresurada como aprobaron la reforma los congresos estatales, con mayoría priista y panista.
Es decir, se priorizará el negocio por encima de las necesidades económicas del país y se atenderán primero los compromisos contraídos con los inversionistas y si quedan recursos, se utilizarán en algunas necesidades del gasto público.
La oposición a la reforma energética del Partido de la Revolución Democrática se mantiene firme y seguiremos organizando diversas actividades para revertirla; mientras tanto, durante la discusión de las leyes reglamentarias de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, impulsaremos mecanismos para combatir la corrupción, y fortalecer la transparencia en el uso del dinero público que se genere con la explotación de los recursos energéticos del país.
En realidad, quienes promovieron la reforma sólo están vendiendo expectativas porque, como ahora ellos reconocen, los resultados que presumen se verán a largo plazo, de cinco a diez años. Sin embargo, lo que los mexicanos necesitan son beneficios inmediatos y concretos.
Al igual que en otras reformas privatizadoras, en la energética se utilizaron diagnósticos catastróficos y se plantearon objetivos que nunca se cumplirán. Es la misma estrategia que usaron quienes promovieron en 1995 la reforma del Seguro Social, que entró en vigor en 1997, misma que en lugar de resolver los problemas de esta institución, sólo sirvió para privatizar el modelo de pensiones.
En los hechos, esa reforma no resolvió los problemas del Seguro Social, pero sí privatizó el modelo de pensiones de cuentas individuales y hoy, de los 50 millones que tienen cuenta abierta en las afores, por la densidad de cotización, solamente el 6% tendría derecho a una magra pensión.
Por estas y otras razones que hemos expuesto, el PRD seguirá promoviendo la consulta popular para revertir la reforma energética, al amparo del inciso 3° de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, que consagra los derechos ciudadanos, mismo que establece que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento, y disciplina de la Fuerza Armada Permanente…”
El artículo 35 constitucional es muy preciso respecto a lo que no se puede poner a consulta y la reforma energética no entra en estas consideraciones, así que, pese a quien le pese, la consulta, sigue adelante.
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