Según una definición comúnmente aceptada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica.
De acuerdo con esto, en sentido estricto, México no cuenta con un sistema de cobertura universal e integral que proteja a la población de riesgos como los mencionados.
La seguridad social, como mecanismo de protección ante los riesgos y contingencias que enfrentan los trabajadores no se ha ajustado a la realidad del mercado laboral.
El esquema laboral de trabajo estable, con protección jurídica y salarios remuneradores, ha dejado de funcionar. Según el INEGI, actualmente casi 30 millones de trabajadores ocupados están en el sector informal, en el que se elude el registro ante la seguridad social.
El panorama se complica por el hecho de que, a un año de su vigencia, la reforma laboral no ha servido, como se planteó, para fortalecer el crecimiento económico, generar empleo, aumentar el número de trabajadores afiliados al IMSS, ni para incrementar la productividad laboral ni resolver los problemas de la seguridad social; por el contrario, ha fomentado la informalidad y la precariedad en el empleo.
Son varios los diagnósticos que confirman que la cobertura de los seguros sociales no rebasa el 60 por ciento de la población; que no protegen a más del 38% de la Población Económicamente Activa.
Por otra parte, los principales sistemas de seguridad social contributivos, a cargo del IMSS y del ISSSTE, que cubren a más del 95 por ciento de quienes reciben prestaciones y beneficios de la seguridad social en México, enfrentan serios problemas de sostenibilidad financiera, falta de cobertura y baja calidad en los servicios y prestaciones que ofrecen. Lo anterior, a pesar de sendas reformas llevadas a cabo en 1995 y 2007.
El sistema de cuentas individuales, resultado de las reformas estructurales, tampoco garantiza la viabilidad financiera de la seguridad social.
Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), reconoció que a 8 años para que comiencen a retirarse los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) tras la reforma de 1997, estos se enfrentarán a una desilusión al ver que su pensión será equivalente al 30 por ciento de su último salario.
Lo que no dice es que sólo el 6 por ciento de los que cotizan actualmente en el sistema de cuentas individuales podrán alcanzar apenas ese 30 por ciento de su último salario, y otro 10 por ciento, cotizando de 25 a 38 años, puede también alcanzarla, pero igual o más raquítica que el 30 por ciento.
Si el promedio de las cotizaciones son tres salario mínimos, quienes cubran los requisitos tendrán una pensión muy cercana a la pensión mínima garantizada, que es lo mismo que están cubriendo en este momento las pensiones en curso de pago, de tal manera que no hay ninguna diferencia entre las pensiones pagadas por la hacienda pública y las del ahorro individual, se está llegando al mismo resultado.
Con la diferencia es que el Estado va a tener que subsanar a aquellos que ganen menos de tres salarios mínimos para que alcancen la pensión mínima garantizada, entonces el ahorro de las finanzas públicas que se esperaba obtener con el sistema de cuentas individuales, no se alcanzará.
Lo que sí es real es que modelo ha resultado sumamente redituable para las afores que, de 1997 a octubre de 2012, han recibido 210 mil 076 millones de pesos por el cobro de comisiones y utilidades netas de 70 mil 711 millones de pesos; en contraparte, en 2008 y 2013, se han registrado pérdidas en los ahorros de los trabajadores por alrededor de 350 mil millones de pesos.
En México se constituyó el sistema de cuentas individuales siguiendo el modelo chileno impuesto en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet; y se sostiene a pesar de que, ante el fracaso evidente de este sistema, varios países de América Latina donde se instauró, lo están revisando de fondo.
Durante su primer mandato (2005-2010), la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, conformó un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma del Sistema Previsional, con el objetivo de contribuir a la construcción de un sistema de protección social que garantizara la seguridad social en la vejez de todos los chilenos y chilenas, que aportara a la reducción de la pobreza y la erradicación de la indigencia entre los adultos mayores y los que sufren de invalidez. Esta instancia recogió información, opiniones y propuestas de diversos actores políticos, académicos y sociales, de asociaciones gremiales, sindicales y empresariales, ONGs, representantes de organismos internacionales y de la industria previsional.
El informe entregado sirvió de base para la elaboración de un proyecto de ley por parte de un Comité interministerial, el que fue enviado al Congreso en diciembre de 2006 para su discusión. La ley fue finalmente promulgada en marzo de 2008 (Cepal 2012, La reforma previsional de Chile. Un avance en la Garantía de la autonomía económica de las mujeres).
Ante la inviabilidad del sistema de cuentas individuales en México, también es necesario realizar una evaluación integral y objetiva de nuestro sistema de seguridad social, conocer sus alcances y limitaciones para emprender las acciones que de manera inaplazable se tienen que realizar.
Quienes impulsaron el modelo de cuentas individuales deben reconocer que fracasó, que lo diseñaron mal al no tomar en cuenta que las aportaciones no eran suficientes, que habría un problema de inestabilidad en el empleo, las comisiones de las afores y que, por lo tanto, había que tomar en cuenta que los trabajadores salían y entraban al mercado laboral y no iban a poder cumplir los requisitos de las mil 250 semanas que se establecen.
Esta es la realidad y si no la tomamos en cuenta y no la resolvemos ahora, la mayoría de los trabajadores lo único que van a alcanzar es la Pensión Universal que el Congreso está por aprobar; a los demás, sólo les quedará retirar lo que tienen en su cuenta en la afore.
Es por eso que, en enero de este año, el Grupo Parlamentario del PRD, en voz de la diputada Verónica Juárez Piña, propuso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la conformación de un grupo de trabajo integrado por expertos, académicos, funcionarios, representantes patronales y de trabajadores, que evalúe y presente propuestas referentes a la seguridad social en nuestro país, que contenga las acciones de política pública necesarias para atender la sustentabilidad financiera y su viabilidad social para generar pensiones dignas para toda la población.
Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_
