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jueves, marzo 28, 2024

Reforma laboral atiende exigencias de EU y descuida interés de trabajadores mexicanos

Con el contenido del predictamen  de la reforma laboral que se discutirá la próxima semana en la Cámara de Diputados, el Gobierno Federal y la mayoría de Morena, atienden más las exigencias de sus socios comerciales, particularmente de Estados Unidos, que el interés y el bienestar de los trabajadores mexicanos.

Las reforma busca cumplir con el régimen transitorio de la reforma laboral constitucional declarada como tal el 17 de febrero de 2017, así como lo estipulado en la segunda versión del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC), pendiente de aprobación en los Poderes Legislativos de los tres países.

En la semana previa, la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió que México debería aprobar la reforma laboral si desea que el Congreso de Estados Unidos de su visto bueno al T-MEC.

Ante la incertidumbre generada entre los inversionistas por las declaraciones de Pelosi, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tranquilidad y aseguró que el tratado será aprobado.

A ello obedecen las prisas de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados por aprobar dicha reforma, que si bien no es regresiva, elude atender  aspectos fundamentales para el interés los trabajadores mexicanos.

El proyecto de dictamen plantea que las reformas buscan privilegiar los derechos de los trabajadores, procurando un equilibrio en las relaciones de trabajo con sus patrones.

La propuesta suprime las Juntas de Conciliación y Arbitraje, establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas y estipula que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente.

En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación que se instituyan en las entidades federativas.  En el orden federal, esta función recaerá en un organismo descentralizado, que además registrará los contratos colectivos y organizaciones sindicales, cuyo titular será designado por el Senado a propuesta del Ejecutivo (Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral).

Si bien la propuesta de reforma responde a demandas añejas, es incompleta y no se hace justicia a peticiones históricas de una parte del sindicalismo mexicano, que Andrés Manuel prometió cumplir .

Deja intocada la herencia de la reforma de 2012 y no da respuesta a cuestiones importantes para los trabajadores: precarización, informalidad, flexibilización de contratación (contratos a prueba, temporales, flexibilidad para despidos, aviso y salarios vencidos).

Y además, no aborda dos aspectos fundamentales: el incremento salarial y el outsourcing que se aprobó en la pasada reforma de 2012 y que benefició a patrones, pero que ha resultado sumamente perjudicial para los trabajadores.

Planteada como excepcional en la Ley Federal del Trabajo vigente, la  subcontratación se ha convertido en una práctica cotidiana y coloca en una situación de vulnerabilidad a los trabajadores porque con esta modalidad dejan de recibir diversas prestaciones como utilidades, aguinaldos, vacaciones, indemnizaciones, no generan antigüedad ni tampoco ahorro para el retiro.

Así que aunque se pretenda vender como tal, esta no es la reforma que más necesita el mundo del trabajo. Dejar fuera el incremento del salario, sumado a la informalidad, desempleo y a la precariedad de los trabajos que existen, solamente aumentará la enorme brecha de desigualdad que prevalece en nuestro país. No resuelve, además, el gran problema de la crisis de pensiones y de  Seguridad Social

Las necesidades nacionales no se resolverán con programas clientelares ni atendiendo el interés político y económico de Estados Unidos, sino con medidas de fondo que ataquen los problemas estructurales del país. Hay condiciones para que la reforma laboral sea resultado de “Un Nuevo Acuerdo Social” entre patrones, trabajadores y gobierno.

La reforma debería ser una oportunidad para combatir la corrupción de patrones y dirigentes sindicales, reivindicar el trabajo asalariado decente, la contratación colectiva, la productividad, la capacitación y el reentrenamiento para trabajos especializados; así como para fortalecer el Seguro Social y el ISSSTE.

No a la subordinación a los dictados de Estados Unidos, sí a la defensa de los trabajadores mexicanos.

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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