A pesar de su reiterado discurso contra el modelo económico que imperó en el país por más de tres décadas y sus descalificaciones contra quienes lo aplicaron a raja tabla, muchos de los programas y políticas públicas que está impulsando Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, tienen claros tintes neoliberales.
En contradicción con su discurso de “primero los pobres y que protegerá a los trabajadores”, en materia económica AMLO está instrumentando a pie juntillas recetas del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Tal es el caso de su iniciativa para reformar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), cuyo dictamen ya fue aprobado por la mayoría de Morena en la Comisión de Hacienda y que en breve podría ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.
Esta es una reforma que se venía cocinando desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, impulsada desde la Asociación Mexicana de las AFORE (AMAFORE). De hecho, quien está particularmente detrás de ella es Carlos Noriega Curtis, expresidente de la AMAFORE y ahora titular de “La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Noriega Curtis está llevando al Congreso de la Unión a una trampa, porque tiene un conflicto de interés en este asunto. Indudablemente, como funcionario del gobierno actual y con la reforma a la Ley del SAR que promueve está defendiendo el interés de los patrones que representaba hasta antes de la 4ª Transformación; y que lo mantuvieron durante los últimos seis años, es decir, los dueños de las AFORE.
El meollo de la iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene la propuesta es modificar el artículo 48, fracción II, la cual consiste en flexibilizar las excepciones de lo que está prohibido en la ley vigente del SAR.
Sin embargo, al flexibilizar los criterios aumentaría el riesgo para los ahorros de los trabajadores. Si obtienen mejor rendimiento, todos ganarían; pero, si sucede lo contrario, perderían los trabajadores. Las AFORE seguirían cobrando su comisión y haciendo negocio con las inversiones del ahorro vía las Sociedades de Inversión. Lo que sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos, es que, la gran mayoría de los 62 millones de cuentahabientes, no podrán cubrir los requisitos para alcanzar una pensión, 76% según la CONSAR. Y los que logren cubrirlos tendrán una exigua pensión y con ello, lamentablemente, aumentarán las condiciones de pobreza en la que se encuentran la gran mayoría de los jubilados y pensionados.
La propuesta elimina las Sociedades de lnversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE) y crea los Fondos de Inversión Especializados (FIEFORES), con lo que les ahorraría a los empresarios gastos en la estructuración de lo que eran los organismos a través de los cuales invertían las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).
Eso le permitiría a las AFORE reducir gastos y flexibilizar la inversión en documentos de mayor riesgo tanto a nivel nacional como internacional. Un incentivo perverso es que la FIEFORE que tenga mayor rendimiento, podría aumentar la comisión que se cobra a los trabajadores.
Esta es, a todas luces y por el lado que se le quiera ver, una reforma que beneficia a las AFORE y a sus dueños. Aparentemente la preocupación es que haya mayores rendimientos. Pero aun así, eso no resuelve de fondo el problema estructural del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Y es que existe un grave problema, pues quienes están metidos en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y en las instancias de la Secretaría de Hacienda encargadas de las pensiones y la seguridad social, son gente que trabajó y cobró por el diseñó de la reforma del Seguro Social aprobada en 1995 para crear las cuentas individuales, misma que por cierto, copiaron al gobierno de Pinochet en Chile. Y en el 2007 instrumentaron la reforma en el ISSSTE. Ellos saben que sus reformas no darán los resultados prometidos, porque todo mundo reconoce, incluso la CONSAR, que, en el mejor de los casos, el trabajador que logre obtener una pensión, sólo recibirá el 24 por ciento de su último salario. Pero del salario base, no del integrado.
El gobierno de Andrés Manuel y la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados deberían reconsiderar la eventual aprobación en el pleno de esta propuesta claramente a favor de las AFORE.
Es una reforma diseñada en el Gobierno de Peña Nieto de común acuerdo con la AMAFORE, para poder utilizar y jinetear de mejor manera y a menor costo los casi tres billones cuatrocientos mil millones de pesos del ahorro de los trabajadores. Esto es mucho dinero, pero totalmente insuficiente para lograr pensiones que permitan disfrutar la vejez con dignidad, teniendo lo básico. Si ahora promediamos o dividimos esa gran cantidad de miles de millones de pesos ahorrados entre los 62 millones de trabajadores que tienen una cuenta de ahorro, apenas les tocarían 56 mil pesos a cada trabajador.
Por eso, sin lugar a dudas se requiere una reforma a la Ley del SAR, pero producto de un plan a mediano plazo, empezando por integrar ahora un grupo de trabajo que pueda evaluar las reformas del IMSS de 1995 y del ISSSTE de 2007, y a partir de su resultado proponer alternativas que nos den las posibilidades reales para atender y tratar de resolver los problemas estructurales del SAR para garantizar pensiones a la absoluta mayoría de los trabajadores y que estas, sean dignas.
Ejemplos de cómo se han resuelto este tipo de problemas y situaciones de crisis, hay muchos en el mundo. Pero se requiere voluntad política. Colocar en el centro el interés de los trabajadores y no el de los empresarios del sector financiero, que mucho dinero ya han ganado con las reformas que se han impuesto durante los gobiernos neoliberales, pero quieren más. Como diría Andres Manuel “no tienen llenadera”. Y este parche de reforma a la ley del SAR, sin duda, les dará más, pero mucho mas dinero a costa del ahorro de los trabajadores, pues las AFORE son intermediarios financieros que utilizan esos fondos de ahorro para hacer inversiones y negocios sin arriesgar el capital de los dueños de las mismas.
Es el momento de iniciar el proceso de construcción de la Reforma Integral a la Seguridad Social, no más concesiones a los usureros, no más parches. Construir acuerdos para impulsar una transformación de los Sistemas de Salud y Pensiones en favor de los trabajadores y de la Nación. Sólo con reformas de este calado se erradicará el neoliberalismo, de lo contrario, se profundizará y con ello la pobreza y la desigualdad.
