La vorágine de reformas a la Constitución que han impulsado los distintos responsables del Ejecutivo Federal en los últimos 30 años han minado el espíritu social de la Ley Suprema de la República y debilitado las facultades del Estado Mexicano, sin que se haya alcanzado la supuesta modernización que se enarboló como promesa de cambio.
Ejemplos, sobran, citaré algunos sólo para argumentar que la cantidad de reformas constitucionales que se han promovido con celeridad desde el sexenio de Miguel de la Madrid, para poder poner en marcha el proyecto neoliberal, han servido de poco a los mexicanos, pero han permitido al sistema financiero nacional e internacional obtener enormes fortunas con la explotación de los recursos del país.
Tal es el caso del sistema bancario que opera actualmente en México. En el marco de su Programa de Modernización del Estado, Carlos Salinas de Gortari promovió cambios a la Constitución para poder reformar el sistema financiero mexicano, con el argumento de modernizar la operación de los bancos y fomentar la competitividad; que en los hechos significó la privatización de la banca y permitió la operación en el país de entidades financieras internacionales.
Como resultado, si bien actualmente operan en el país 46 grupos de banca múltiple, el mercado es controlado por cinco instituciones: BBVA Bancomer y Santander, de capital español; Banamex, filial de la estadounidense Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, y los mexicanos Banorte e Inbursa.
Estos cinco grupos, concentraron el 84% de los 107 mil 73 millones de pesos que obtuvieron los bancos en el país en 2013.
En contraste, la cartera de crédito vencida, que refleja los abonos que los usuarios de préstamo no han hecho a los bancos, llegó en diciembre pasado a 102 mil 145 millones de pesos, un incremento de 46.6 por ciento en comparación con la registrada en 2012 (La Jornada, 30 de enero de 2014).
Las reformas implementadas para supuestamente modernizar la banca y fomentar la competencia del sector, en realidad crearon una banca usurera que sólo tiene como objetivo ganar sin atender sus funciones elementales, presta poco y caro, cobra desmesuradas comisiones por todos los servicios que otorga y, sobre, todo, no realiza ningún esfuerzo por contribuir con el gobierno para fortalecer la economía y fomentar el desarrollo nacional.
Un caso similar aconteció con la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México durante el gobierno de Ernesto Zedillo con el supuesto de promover el desarrollo ferroviario, mejorar la calidad del servicio, garantizar los derechos de los trabajadores y fomentar la inversión privada y social en el sector.
Por el contrario, la liquidación de FNM implicó la desaparición del servicio de transporte de pasajeros en el ferrocarril, el despido masivo de trabajadores y permitió que sólo tres empresas se apoderan de la industria ferroviaria.
Kansas City Southern de México, Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y Ferrocarriles del Sureste (Ferrosur), estas dos últimas propiedad de Grupo México; que ahora monopolizan el sector, año con año obtienen miles de millones de pesos de ganancia; sin embargo, debido a la falta de inversión, la industria ferroviaria ha perdido competitividad, sobre todo en los últimos diez años.
La Cámara de Diputados aprobó el 4 de febrero el Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con la finalidad de garantizar la interconexión de las vías férreas, fomentar la competencia en el servicio, poner fin a la exclusividad territorial de los concesionarios y regular las tarifas del transporte de carga, entre otros objetivos.
De inmediato, las empresas dominantes del sector amenazaron con retirar su inversión prevista para este año y, en caso de que el Senado apruebe la reforma, acudir a un panel de arbitraje del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para exponer su desacuerdo con la misma.
Un escenario similar podría ocurrir con la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que privatizan la renta petrolera.
México pierde soberanía con esta reforma y quien está hoy gobernando pierde poder, porque al final de cuentas permitirá la constitución de grupos de gran solvencia económica que, en aras de conservar sus beneficios e intereses, buscarán influir en los resultados de las elecciones en el ámbito federal y local.
Por eso insistimos en la necesidad de no apresurar y revisar con cuidado las leyes reglamentarias de las diversas reformas constitucionales que están por discutirse en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados.
En la discusión de estas leyes, los legisladores del PRD seguiremos propugnando por fortalecer las facultades del Estado Mexicano en el sector de las telecomunicaciones, terminar con los monopolios creados con las reformas impulsadas en el pasado; y hacer valer, en la reforma política-electoral, los principios básicos de legalidad, equidad, certeza, transparencia e imparcialidad en las elecciones.
En el debate la legislación secundaria de la reforma energética, lucharemos por hacer valer la consulta popular. Si el Constituyente aprobó la reforma y plasmó en el artículo 35 de la Carta Magna el derecho a la consulta popular, que establece qué se consulta y qué se prohíbe consultar, no queremos otra cosa que simplemente se instrumente lo que dice este artículo.
En última instancia, como lo establece 35 constitucional, que la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, y vayamos al 2015 a que la gente decida si se mantienen o no las reformas realizadas en el sector energético.
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