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viernes, marzo 29, 2024

Reformas en transparencia, relevantes pero insuficientes

La Cámara de Diputados aprobó el martes con una amplia mayoría la reforma constitucional en materia de transparencia, que si bien representa un avance relevante, en sí misma es insuficiente para combatir de forma integral la corrupción; el uso discrecional, el despilfarro y la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

La reforma propone la creación de un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, que se coordinará con la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).

Le faculta para conocer y resolver sobre el acceso a la información en poder de cualquier autoridad, dependencia, órgano, fideicomiso y fondos constituidos con recursos del erario; y de las personas físicas o morales que realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal; con excepción de los asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

También le otorga facultades para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales firmado por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Se amplía además el rango de sujetos obligados a proporcionar información en su poder, entre los que se encuentran cualquier entidad que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión; así como los organismos autónomos, las universidades públicas, partidos políticos, y sindicatos que tengan acceso a recursos públicos.

Se propone que en las constituciones de los estados se establezcan organismos especializados dotados de autonomía, responsables de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal serán vinculatorias, definitivas e inatacables, para los sujetos obligados; la información sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. La reforma incluye la renovación de los actuales consejeros.

Uno de los grandes lastres que frenan el proceso de consolidación democrática de nuestro país es el uso discrecional, el despilfarro y la opacidad en el manejo de los recursos públicos; así como el ejercicio ilegal del presupuesto público para influir en las contiendas electorales, sobre todo a través de los programas de desarrollo social, como quedó en evidencia en las elecciones locales de julio de este año, donde algunos gobernadores hicieron un uso clientelar de los mismos para favorecer a los candidatos de sus partidos.

La reforma constitucional en materia de transparencia está pensada para combatir estos problemas y para reforzar la rendición de cuentas, sin embargo, en mi opinión, es insuficiente en tanto no se amplíen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, se regulen y transparenten las excesivas remuneraciones de los servidores públicos; y se acelere la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.

El esfuerzo por fortalecer el derecho al acceso a la información y la transparencia se inició en nuestro país hace poco más de diez años, pero seguimos rezagados en esta lucha, ya que de acuerdo con el estudio que el jueves pasado dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad, la mayoría de los gobiernos estatales y municipales no sólo reprobaron en transparencia e información presupuestal; sino que profundizaron su retroceso en la materia.

Por su parte, el “Barómetro Global de la Corrupción 2013”, realizado por Transparencia Internacional (TI), registró que México es uno de los países con mayor corrupción a nivel mundial.

El grupo parlamentario del PRD está proponiendo que la iniciativa que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, cuya discusión está detenida en el Senado de la República, forme parte de la agenda legislativa de las sesiones pendientes del periodo que está por concluir del Congreso de la Unión.

Asimismo, otro de los temas que estamos impulsando para su inclusión en la agenda es el Proyecto de decreto que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución que, entre otras medidas, plantea crear un ordenamiento jurídico con el objeto de regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional; establecer las bases para la determinación de la remuneración de los servidores público, y que estas y sus tabuladores no puedan clasificarse como información reservada o confidencial.

El presupuesto de egresos para el próximo año aprobado por la Cámara de Diputados es el más alto en la historia del país, de ahí la importancia de impulsar un marco jurídico integral que sirva para mejorar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas; con la finalidad de que los ciudadanos tengan la certeza de que sus impuestos se invierten en aquello para lo cual fueron destinados.

 

Twitter: @AlonsoRaya_
Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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