La decisión del Gobierno Federal de no declarar la alerta de género para el estado de Guanajuato no sólo no toma en cuenta los criterios establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sino que contrasta con el incremento de la violencia feminicida en la entidad, la forma de agresión más extrema de la que pueden ser víctimas las mujeres.
De 2000 a 2013 hubo 500 crímenes de mujeres en Guanajuato, según datos del Centro Las Libres; en 2014, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia fueron asesinadas 63 mujeres; de los cuales únicamente 18 fueron clasificados como feminicidios. Y apenas en siete meses de 2015, hay registro de 70 asesinatos de mujeres y la gran mayoría de los crímenes tienen características de feminicidios.
A pesar de estas evidencias, el Gobierno Federal, al que corresponde a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificar la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate; resolvió que por el momento no se actualizan los elementos objetivos suficientes para declarar procedente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato.
Dicha resolución, que dio a conocer en un comunicado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), no atiende las especificaciones del artículo 24 de la ley citada, el cual establece que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; y exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
En opinión de la Segob, el Estado de Guanajuato ha emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.
Sin embargo, a todas luces es evidente que la elaboración y ejecución de las políticas públicas emprendidas por el Gobierno del Estado no atienden los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia; es decir la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación, y la libertad de las mujeres (Artículo 4 de la LGAMVLV).
Lo cierto es que la realidad indica que las acciones que el gobierno local dice haber emprendido para atender las 13 recomendaciones de la CONAVIM son absolutamente insuficientes y que sólo se han quedado en el terreno discursivo. Tres ejemplos básicos desnudan el incumplimiento de estos compromisos. Uno de ellos es la certificación de funcionarios en la atención a las mujeres que el gobierno de la entidad reportó como avance.
El sábado 25 de julio, la señora María de los Ángeles Espíndola Espino, se presentó ante Oliva Rico Juárez, Agente del Ministerio Público de San José Iturbide para denunciar la desaparición de su hija, una menor de 15 años. En respuesta, la funcionaria le dijo “pierda las esperanzas de volverla a ver”, según la denuncia pública de la mamá de la víctima.
A una semana de haber sido reportada esta desaparición, no existe la atención adecuada, el seguimiento y la investigación que debió haber emprendido el Ministerio Público; y ni siquiera la alerta Amber ha sido activada como una de las medidas apremiantes para la localización de la menor. Por otra parte, el banco estatal que debería contener los datos sobre la violencia de género no cuenta con información actualizada y la construcción del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres está en obra negra.
Ambos casos son parte de las recomendaciones que el grupo de trabajo le hizo al Gobierno del Estado y que éste dijo haber atendido y que la CONAVIM dio por hecho. (Zona Franca, 1 de agosto de 2015). La resolución sobre Guanajuato contrasta con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, emitida la semana pasada para once municipios del Estado de México. De 2011 a 2013 en el Edomex se registraron 840 asesinatos de mujeres y entre 2011 y 2012 desaparecieron 1,258 mujeres; de las cuales más de 53% tenía entre 10 y 17 años de edad.
Esto a pesar de que por el incremento en 2015 del número de asesinatos en contra de las mujeres, Guanajuato ya ocupa el primer lugar, desplazando al Estado de México y a Chihuahua, en donde históricamente se han registrado la mayor cantidad de casos de violencia feminicida; según datos del Centro Las Libres.
La alerta de violencia de género es un mecanismo protector de los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia que permite una intervención emergente del Estado y no representa sanción o descrédito alguno para el gobierno de la entidad en donde ésta sea emitida. De tal manera que, frente a la grave situación que se vive en Guanajuato, es necesario demandar que el Gobierno Federal reconsidere su decisión de no otorgar la alerta de género para la entidad; y no cejar en los esfuerzos para que el Gobierno del Estado diseñe y ejecute políticas públicas verdaderamente eficaces que garanticen el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y permitan reducir paulatinamente el terrible flagelo de los feminicidios en la entidad.
