El retorno a clases en educación básica que promueve el Presidente de la República para el próximo 30 de agosto, se debe dar sin imposiciones autoritarias y sin poner en riesgo la salud de niñas y niños.
Es inadmisible pretende forzar el retorno presencial a clases sin proporcionar lo necesario a escuelas, docentes y estudiantes para que este se dé en condiciones seguras y en un entorno de confianza.
Sin las condiciones óptimas y el presupuesto necesario para garantizar la gratuidad, los derechos a la educación y a la salud de niñas y niños quedan muy lejos de hacerse realidad.
Es cierto que, ante los problemas de rezago educativo, salud y, en muchos casos de violencia intrafamiliar, que han enfrentado las y los niños derivados del largo confinamiento; es necesario que ya regresen a las aulas, pero la imposición y la falta de planeación, coordinación y presupuesto; no ayudan a que el retorno se dé en las mejores condiciones.
No es posible, por ejemplo, que las principales herramientas que se les esté proporcionando a las escuelas sean una cubeta, jabón, trapeador y gel, en escasas cantidades, para garantizar la higiene durante las actividades escolares.
El regreso a clases tiene que ser parte de un proceso en el que ya el gobierno debería haber rescatado y atendido el conjunto de escuelas vandalizadas y sin los servicios básicos, que son cerca de 60 mil, de un poco más de 250 mil; con el fin de que tengan la ventilación, los materiales y el equipo indispensable para que cumplan con las características que requiere cualquier protocolo para garantizar la salud.
En muchos países donde se ha tomado la decisión de reabrir las escuelas, se ha partido de tres criterios fundamentales: la aplicación de la vacuna al mayor número de la población, la disminución en el número de contagios y la aplicación de pruebas aleatorias en los planteles.
De hecho, Alemania ya está valorando aplicar la vacuna contra la Covid-19, a partir de los 12 años.
En México, ninguna de estas cuatro circunstancias, han sido cubiertas. Apenas se ha vacunado a cerca del 40% de la población con esquema completo. A la mayor parte del magisterio se la aplicó la vacuna Cansino y la farmacéutica que la produce recomienda otra dosis después de 6 meses para reforzar la protección. López Obrador niega esta posibilidad argumentando que las farmacéuticas sólo quieren hacer negocio.
Tampoco hay control de la curva de contagios, nunca se aplicaron pruebas aleatorias y, en aras de la austeridad, se niega la opción de vacunar a las y los menores de edad.
Además de los factores enunciados, no se ha dado la capacitación adecuada en materia de salud a las y los maestros para que puedan enfrentar, de la mejor manera posible, presuntos casos de contagio.
Por ello, es lamentable la expresión de Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del SNTE, cuando afirma que las y los profesores deben regresar a trabajar porque para eso cobran.
Su actitud no es ni siquiera de colaboración, es de sumisión y entrega ante las presiones de la autoridad, lo que en nada contribuye a generar confianza entre los trabajadores de la educación.
La SEP está dejando muchos cabos sueltos que podrían terminar en tragedia tanto para las familias como para los directivos y personal docente. Exige a las y los maestros que regresen a partir de que ya cuentan con el esquema completo de vacunación; pero ello no implica que no se contagien. Se requiere tomar todas las medidas pertinentes para evitarlo.
La organización México Evalúa plantea un conjunto de directrices para el regreso a clases, que ha funcionado en 27 países donde se ha concretado, a partir de consideraciones básicas: Debe existir una estrecha colaboración entre todos los actores del sistema educativo y de salud, para brindar confianza a las familias; asegurar primero que las tasas de transmisión de la enfermedad sean manejables; salvaguardar la seguridad y salud de los estudiantes y de toda la población escolar es prioritario; realizarse de forma gradual y/o escalonada, mientras se monitorea la epidemia de manera más cuidadosa y, garantizar la continuidad de los aprendizajes y el cuidado y acompañamiento socioemocional de los estudiantes y docentes.
Hay que garantizar el interés superior de la infancia y su derecho a la educación y a la salud, sin duda; pero ya es hora de que el Presidente haga a un lado su actitud autoritaria para que en México las decisiones de política pública se tomen con responsabilidad, eficiencia y eficacia.
Regresar a clases cuando se están registrando las cifras más altas de contagio en toda la pandemia, implica un grave riesgo. No se puede dejar la salud de niñas, niños, maestras y maestros, al arbitrio presidencial. Nada más eso faltaba. Cuando hay razón, la imposición carece de sentido.
