El atentado contra Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desnudó de forma contundente los problemas de la política de seguridad del Gobierno Federal ante la respuesta brutal del crimen organizado a la necedad del presidente de pacificar el país con abrazos y no balazos.
Aspectos fundamentales de toda estrategia de seguridad pública quedaron evidenciados. El grupo de delincuentes pudo organizar con varios días de anticipación el atentado, sin ser descubierto. Prepararon el operativo y se movieron por la CDMX, la capital del país, en donde convergen el mayor número de cuerpos policiacos, sin ser detectados.
Contaron con armamento que sólo es posible conseguir en México mediante el tráfico ilegal. Su capacidad de fuego fue muy superior al equipo de seguridad del secretario y de muchas corporaciones, excepto quizá el Ejército y la Marina.
Pero sobre todo, falló el trabajo de los órganos de inteligencia. Desde hace al menos una semana se había filtrado, incluso en los medios de comunicación, que el crimen organizado tenía en la mira a altos funcionarios, entre ellos a García Harfuch. Se sabía de dónde provenían las amenazas y quienes eran los objetivos y no se tomaron las medidas preventivas y de protección adecuadas para desactivar los posibles atentados.
Si el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX salió con vida del atentado, fue gracias al blindaje de su vehículo y a la eficaz reacción de su propio equipo de seguridad y de las fallas de quienes atentaron en su contra; y no al trabajo realizado por los órganos de inteligencia estatales y/o federales.
El trabajo de inteligencia y las tareas de investigación son fundamentales para que, la Fiscalía General de la República pueda integrar las carpetas de investigación con todos los elementos que requiere cualquier averiguación previa, particularmente, cuando se trata de casos relacionados con la “delincuencia organizada”, pues de eso depende la vinculación a proceso.
José Armando “El Vaca” presunto autor intelectual del atentado contra García Harfuch, sólo fue imputado por cohecho, portación de armas y narcomenudeo. El Ministerio Público no demostró su participación en el ataque, en los homicidios ni la tentativa; pronto puede quedar libre. El caso de la familia de Antonio Yepez Ortiz, “El Marro” fueron liberados por falta de pruebas contundentes. “Mucho ruido y pocas nueces”
Esta incompetencia tiene responsables y lamentables consecuencias, no sólo por la violencia que se generó durante el operativo, los daños causados a diversas propiedades, el riesgo al que se expuso a la población, y sobre todo, la indefensión en que queda la gente luego de las amenazas de mayor violencia en los municipios en donde tiene influencia este grupo. Pero lo más grave es la impunidad; por la descoordinacion, debilidad o complicidad de las Fiscalías del Estado y la Federación que se convierte en obstrucción de la justicia.
El mensaje que los gobierno Estatal y federal envían a la población es desalentador. Y el caso de “El Marro” y “El Vaca” son ejemplos que se viene a sumar a la liberación de Ovidio, al saludo a la mamá del “Chapo”; a los asesinatos masivos registrados en Zacatecas, Jalisco, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, entre otras entidades; que confirman la ausencia del Estado, la beligerancia de los grupos delincuenciales, la impunidad y la casi inalcanzable, justicia.
Lo único que se le pide al presidente de la República, es que se aplique la ley. Que haga el trabajo que le corresponde, el que juró cumplir. “Nada, ni nadie por encima de la ley”. Por lo tanto, todo aquel que la viole, debe ser detenido y presentado ante los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia respetando los derechos humanos y en consecuencia, el debido proceso.
¿Quién le pide al Presidente que le declare la guerra a los carteles? No lo sabemos. Lo que sí demandan muchos ciudadanos es que replantee y aclare cuál es su estrategia para combatir a las bandas del crimen organizado. Pues la gente lo que quiere es vivir en paz, poder retomar su vida normal en las calles y en sus casas, sin extorsiones, inseguridad, violencia, secuestros y sin balaceras. Pero, para lograr recuperar la tranquilidad se requiere combatir la impunidad, deteniendo a los delincuentes, aplicando la ley. Los llamados a portarse bien, son eso, llamados que escucha y atiende el que quiere y el que no, pues no.
El país enfrenta una profunda crisis de seguridad, pero también de procuración de justicia que se traduce en impunidad y colusión. Por ello, prevalece la puerta giratoria. Más tardan las corporaciones policiacas en poner a disposición del Ministerio Público a los delincuentes, que estos en salir por inconsistencias en las pruebas.
Ya es hora de pasar de las promesas y el discurso a los hechos. Porque quien está pagando las consecuencias de la fallida política de seguridad y procuración de justicia son las y los ciudadanos. La gran mayoría de la gente vive al día y no tiene para invertir en su seguridad, esa es una responsabilidad y obligación del Estado. Hay que darles protección a los altos funcionarios, pero la preocupación y objetivo principal debe ser cada ciudadano. Los mexicanos ya están cansados de la inseguridad y la delincuencia. No quieren más discursos, ni gobiernos pasmados o apanicados, quieren ver acciones encaminadas a garantizar el orden aplicando la ley con cero tolerancia a la corrupción y a la complicidad. Por eso es importante que la FGR deslinde responsabilidades en relación con los hechos de Celaya, y sería bueno también hacerlo con relación a los sucesos recientes en la Ciudad de México.
