Los Resultados de la Medición de la Pobreza 2014 que dio a conocer esta semana el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reafirman que sin crecimiento económico y redistribución, los niveles de pobreza y pobreza extrema en nuestro país seguirán incrementándose imparablemente.
De acuerdo con el Coneval, entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45 a 46.2 por ciento. En sólo dos años, dos millones de mexicanos cayeron en condición de pobreza.
En tanto que, en el mismo periodo, la pobreza extrema se redujo de 9.8 a 9.5 por ciento. Este último dato es celebrado por el Gobierno Federal como si el hecho de que aproximadamente 90 mil personas pasaran de ser pobres extremos a pobres, fuera un acontecimiento digno de elogiar.
En el caso de Guanajuato los resultados son similares, la pobreza extrema disminuyó de 6.9 a 5.5; pero los pobres se incrementaron de 44.5 a 46.6 por ciento de la población. Es decir, en 2014, 2 millones 683 mil 300 guanajuatenses son pobres.
De tal manera que de 119.9 millones de mexicanos; 55.3 millones enfrentan la pobreza mientras que 11.4 millones sufren de pobreza extrema.
Una de las carencias que se toman en cuenta para esta evaluación es el nivel de ingreso y según el estudio el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo pasó de 20.0 por ciento a 20.6, lo que equivale a pasar de 23.5 a 24.6 millones de personas.
En tanto que el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar pasó de 51.6 por ciento a 53.2 por ciento; un aumento de 60.6 a 63.8 millones de personas.
En términos llanos esto significa que 88.4 millones de mexicanos no tienen un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Estas contundentes cifras revelan con toda claridad que la política social que está implementando el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, no está funcionando.
En mi opinión, los programas sociales no están dando los resultados esperados porque se aplican a partir de un enfoque erróneo. En lugar de promover acciones que les permitan a los pobres salir de esta condición, generando empleos y elementos básicos e indispensables para el autoconsumo; la política social se fundamenta en aumentar los subsidios a partir del incremento de la pobreza.
No se les está proporcionando a los pobres las herramientas y condiciones necesarias para poder crecer y mejorar sus niveles de bienestar.
Un ejemplo de esta circustancia es la decisión de la administración de Enrique Peña Nieto, en el marco de la propuesta de Presupuesto Base Cero, de sectorizar al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) a la Secretaría de Desarrollo Social, en lugar de mantenerlo en la Secretaría de Economía; como se planteó cuando se propuso su creación.
El INAES tiene por objeto fortalecer al Sector Social de la Economía como uno de los pilares de desarrollo y se instituyó con la intención de fortalecer la economía social y fomentar alternativas para ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas; empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
El INAES no se creó para atender a las personas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, para este sector de la población hay que utilizar otro tipo de esquemas y apoyos para generar poco a poco condiciones o modelos de producción que les ayuden a salir de la condición en que se encuentran.
Frente al informe del Coneval lo que el gobierno tiene que hacer como un buen principio es reconocer de manera categórica que la política de desarrollo social que se instrumenta en México es la única que hace crecer los pobres en vez de disminuirlos.
Simultáneamente se tiene que dejar de utilizar los programas sociales con fines políticos y clientelares.
Por ejemplo, sin excepción, todos los delegados de la Sedesol en cada una de las entidades son priístas que han sido candidatos a un cargo de elección y son ellos los que deciden cuánto y a qué municipios se destinan los recursos de los programas sociales federales.
Una condición para que una persona en situación de pobreza pueda ser incluida en la lista de beneficiarios de los programas sociales es que pertenezca al PRI, a sus partidos aliados o forme parte de los grupos políticos afines al funcionario en cuestión.
Otro ejemplo de esta utilización perversa es el resultado de la elección que tuvo lugar en Chiapas el pasado 19 de julio. La alianza PRI-PVEM presume haber ganado sin reconocer que su triunfo es una expresión corporativa, clientelar y de manipulación de los recursos públicos que deberían ser destinados a combatir la pobreza.
Es claro que mientras no mejore la economía del país, no se cambie el enfoque de la política social y los programas públicos sigan utilizándose con fines clientelares; la pobreza, la marginación y la desigualdad seguirán profundizándose en nuestro país.
