Sin los recursos suficientes, la oferta de la gratuidad sólo es un discurso retórico que sirve para fines políticos y clientelares; pero insuficiente para atender con hechos el mandato constitucional y el derecho a la educación.
El gasto educativo se entiende como la suma del total de recursos que se destinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar el funcionamiento del sistema educativo en todo el territorio nacional y lo asignado a la SEP por medio de otras funciones distintas a educación. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en el PEF2021 este gasto asciende a 836 mil 400 mdp. (CIEP)
El gasto educativo aprobado este año tuvo un crecimiento nulo en términos reales, respecto al PEF2020, y una caída de 1.3% real al compararlo con el gasto en educación ejercido en 2019.
El panorama para el sector se complicó aún más por la desaparición de 13 programas en el PEF2021, entre ellos varios que habían tenido buenos resultados pues fortalecían la actualización docente, promovían la inclusión, la permanencia en la escuela, y ayudaban a madres trabajadoras.
Además, el presupuesto de este año no incluyó recursos adicionales para atender las necesidades que se generaron con la estrategia de Educación a Distancia ante la contingencia sanitaria por la Covid-19.
Esa es la razón, por ejemplo, que la SEP no tenga recursos para habilitar, al menos, 60 mil planteles que fueron saqueados por la delincuencia durante el cese de actividades; y que haya dejado a padres y madres de familia la responsabilidad de su rescate y rehabilitación, para ponerlas en condiciones de recibir a los estudiantes en este retorno a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-202.
Es decir, si antes de la pandemia la situación era complicada para el sistema educativo, ahora es verdaderamente crítica. Porque si atender derechos como el de la educación en el marco de la realidad compleja que prevalecía en México antes de la crisis sanitaria, era un reto; después de ésta, es mucho más difícil, porque exige más presupuesto, mejor tecnología y contemplar otros aspectos, como un personal mejor preparado y en actualización permanente.
Llegó el momento de las normales, de su relanzamiento y transformación, de la creación de un verdadero sistema nacional de formación y actualización de los trabajadores de la educación.
Ahora, los docentes y egresados requieren de una nueva malla curricular y de un sistema de formación debidamente estructurado, redefiniendo el papel de la Universidad Pedagógica Nacional, de las Normales Urbanas y Rurales, y Centros para Maestros; con el fin de poder enfrentar los retos que impone la pandemia y la nueva realidad en la educación.
Y por supuesto, plantear opciones que ayuden a garantizar el derecho a la educación, en el marco de la nueva realidad que impuso la crisis sanitaria. Por ejemplo, hasta el momento no se han implementado acciones para sustituir a las estancias infantiles que desaparecieron por el recorte presupuestal; y tampoco se han valorado alternativas para que más de 6 millones de personas que desertaron o no se reinscribieron al sistema educativo por causas relacionadas con la pandemia, retomen sus estudios.
Tan mal planeado estuvo el retorno a clases presenciales, que sólo regresaron poco más de 11 millones de estudiantes; lo que no representa ni la mitad de la matrícula de educación básica. Ante la falta de condiciones mínimas de seguridad; madres y padres de familia optaron por no enviar a sus hijas e hijos a la escuela, para evitar contagios.
Fue un regreso improvisado, autoritario, sin presupuesto suficiente y sin establecer un mecanismo de colaboración que involucrara a todos los niveles de gobierno y actores educativos. El resultado, es un desastre, que prologará la crisis del sistema educativo y que atenta contra el derecho a una educación inclusiva y de calidad.
Aumentar el presupuesto a la educación es una necesidad urgente e impostergable para hacer realidad el mandato constitucional, modernizando el sistema educativo nacional, su infraestructura, equipamiento y auxiliares didácticos; pero, sobre todo, más y mejores maestros, con salarios dignos y en permanente actualización. El derecho a la educación sin el presupuesto que se necesita, es letra muerta.
