El sistema educativo nacional carece de rumbo. Antes de la pandemia ya enfrentaba serios problemas que se agudizaron con el cierre de actividades y las clases a distancia. Si previamente las decisiones del Gobierno Federal y de las autoridades educativas no tenían claridad, en este momento, de plano no saben ni dónde están parados.
Para muestra, un botón. La Secretaría de Educación Pública evidenció una absoluta falta de sensibilidad al ordenar a las y los docentes que pongan seis como mínimo a todos los alumnos que se hayan conectado de manera permanente o intermitente a clases. Y a los que no se hayan conectado, se le colocará la leyenda “sin información”, en las evaluaciones.
Al respecto, cabe plantear algunas preguntas, por ejemplo, ¿bajo qué criterios se toma esta decisión? ¿cuáles son los parámetros con los que se decidirá si un alumno tendrá seis o diez?, ¿qué calificación obtendrán aquellos alumnos que por falta de recursos y condiciones no pudieron conectarse a clases?, ¿quién supervisará qué calificación debe obtener un alumno?
De entrada, decidir poner seis como mínimo a un alumno es discriminatorio porque no se están tomando en cuenta las condiciones qué enfrentó durante toda la crisis sanitaria. La SEP ni siquiera puso en marcha un proceso de seguimiento para valorar la situación económica, de salud y social, que enfrentaron millones de alumnos durante la pandemia.
De acuerdo con la Encuesta para la Medición del Impacto de la Covid-19 en el país, del Inegi, por motivos asociados al Coronavirus o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5,2 millones de personas (9,6% del total de 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021.
¿Qué pasará con esos alumnos?, ¿qué hará la SEP para reincorporarlos al sistema educativo?, ¿cómo impacta la reducción de casi un diez por ciento del total de estudiantes en el sistema educativo nacional?
Es claro que la autoridad no tiene respuestas a estas y otras interrogantes. Es más, ni siquiera se las ha planteado, porque el sistema educativo no tiene ni pies ni cabeza y la pandemia complicó la situación.
Según un estudio global de la Universidad Goethe de Fráncfort, Alemania; las clases a distancia, como las que se tuvieron que implementar en la pandemia, producen un efecto educativo similar al de las vacaciones de verano y el rendimiento y las competencias de los alumnos no progresan.
En México, no es posible saber si esto aplica a nuestro sistema educativo porque no hay un sistema de evaluación que funcione. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), no ha tenido la oportunidad de operar, puesto que el decreto de su creación se publicó el 30 de septiembre de 2019, apenas unos meses antes del cierre de actividades.
De tal manera que las autoridades educativas van de desacierto en desacierto. Hablan sin tener certeza. Ignoran en qué condiciones se encuentra la comunidad escolar, no conocen los niveles de aprovechamiento, mucho menos si los maestros están actualizados y en qué condiciones se encuentran las escuelas para regresar a clases presenciales.
Los niveles de coordinación son tan malos, que apenas se anunció que se regresaría a clases presenciales en la Ciudad de México, cuando se tuvieron que suspender por la reactivación del semáforo amarillo. No había ninguna necesidad de esto, cuando se podría reiniciar en el siguiente ciclo escolar, mientras se organizaba el retorno.
Sin duda este cúmulo de decisiones desacertadas violenta el derecho a la educación de los alumnos, afecta la calidad de educativa del país y agudiza los problemas del sistema educativo nacional.
El que el presidente de la República presuma la gratuidad de la educación –un logro histórico, no de su administración, por cierto- frente a las deterioradas condiciones del sistema, la reducción del presupuesto al sector y los tropiezos de la política educativa, es de una demagogia absoluta.
