La iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, que la próxima semana se someterá a discusión y aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados, es una reforma de carácter trascendente, entre otras razones, porque incorpora a la Carta Magna dos nuevos derechos humanos, y los hace exigibles; amplía la libertad de expresión y el acceso a la información de los mexicanos, y recupera para la Nación la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico.
Los dos nuevos derechos humanos que se pretende garantice el Estado, están vinculados con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha; y a la información veraz, plural y, oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Esta iniciativa, encaminada a la construcción de un sistema de medios democráticos y competitivos y al fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, es fruto de las demandas que durante años han venido planteado las fuerzas progresistas, destacadamente la organización Yo Soy 132, que en el marco del proceso electoral de 2012, encabezó el diálogo para la construcción y presentación del Proyecto de reforma constitucional para la democratización del sistema de medios.
Demandas que se concretan, a través de la definición de esta propuesta, con la disposición de las tres principales fuerzas políticas del país que se han comprometido, en el marco del Pacto por México, con una agenda de reformas legislativas que transformen nuestro país.
Se busca a romper con el control dominante en telefonía, internet y televisión abierta y privada y reducir los costos de los servicios de telecomunicaciones; además de establecer la universalidad del acceso a internet, regular el derecho a la información pública y la protección de datos personales, y establecer disposiciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que, entre otros aspectos, tienen por objeto facilitar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento.
La iniciativa eleva a rango constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) y amplía sus facultades; y crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), con el fin de promover la competencia en el sector y fortalecer las capacidades institucionales de los órganos encargados de la regulación de la radiodifusión y telecomunicaciones.
A fin de terminar con los innumerables litigios que acostumbran a promover las empresas dominantes del sector para proteger sus intereses y frenar las decisiones de los órganos reguladores, la reforma propone modificar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Cofeco e Ifetel sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto (amparos contra actos de autoridad que se interponen ante un Juez de Distrito) y no serán objeto de suspensión.
Asimismo, propone que el Consejo de la Judicatura Federal cree tribunales especializados que atienda los litigios en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; y faculta al Congreso dela Unión para legislar en materia de TIC, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha.
Para hacer efectivo el derecho de las audiencias, en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma prohíbe la transmisión de propaganda presentada como información noticiosa y la difusión de publicidad engañosa; además obliga a que la programación televisiva infantil respete los valores y principios establecidos en el artículo 3° constitucional, así como las normas en materia de salud.
Con el objeto de fortalecer la convergencia se prevé que el Congreso emita un solo ordenamiento que regule el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. La legislación que expida el Congreso en esta materia, determinará un régimen de concesiones únicas que permita a los concesionarios prestar todo tipo de servicios a través de sus redes.
Se faculta al ifetel autorizar, a los actuales concesionarios, a prestar servicios adicionales, aún sin cambio en la legislación. La iniciativa plantea que con el objetivo de fomentar la inversión en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, se permita la inversión extranjera directa en el sector de hasta 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta 49 por ciento en radiodifusión.
Sin embargo, este último punto es uno de los que se reservará en la discusión que se dará en el pleno, porque se buscará que haya reciprocidad en materia de inversión, ya que en algunos países sólo aceptan entre 25 y 30% de inversión extranjera en radiodifusión y telecomunicaciones, y el argumento es que en México no se debe especificar un mayor porcentaje en tanto que no haya reciprocidad de otros países en este rubro.
La propuesta precisa la obligación de la televisión por cable a incluir en su programación de forma gratuita los canales de televisión abierta (que se conoce como must carry) y la obligación de los concesionarios de televisión abierta que permitan a los concesionarios de televisión privada la transmisión de sus canales (concepto denominado must offer). Sólo pagarán este último servicio las empresas de cable privadas que hayan sido declaradas como preponderantes en el sector.
La iniciativa precisa que los agentes económicos preponderantes son aquellos que cuentan directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento en los distintos sectores de la producción. En los sectores de los que se ocupa la iniciativa, una vez determinados los agentes preponderantes en servicios de radiodifusión, telefonía, televisión e internet, el Instituto determinará las medidas para disminuir esta dominancia.
Se prevé la creación de dos nuevas cadenas de televisión de cobertura nacional para contar con una mayor oferta de contenidos en televisión abierta; así como la ejecución de una política de inclusión digital universal; en la que se determinarán los objetivos y metas en materia de infraestructura y conectividad, TIC, y habilidades digitales, entre otros.
Considero que este es un paso muy importante en el marco de las reformas que México necesita, sin embargo quedan pendientes muchos aspectos relevantes que tienen que ver con la definición de las leyes secundarias; y hay que enfatizar que si bien se afectan monopolios, también se abren otras áreas de oportunidades para las empresas de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
En este sentido, falta aún mucho camino por recorrer, pues en la ley reglamentaria de la materia habrán de señalarse los cómo, dónde y para que, de la razón de ser de esta reforma, entonces definiremos las bases para que la sociedad sea finalmente la destinataria de esta transformación y que mediante ella, se consolide la participación ciudadana en la divulgación de la información y del conocimiento, en la calidad de servicios y contenidos, que su actuar y decisión fomente la competencia y aliente el mejoramiento gradual de los servicios de radiodifusión y de telecomunicación.
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