A petición del Ejecutivo Federal, a través de la Dirección General del ISSSTE, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por este Instituto debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional de 2015 en materia de desindexación del salario.
El titular del ISSSTE, como representante del Ejecutivo, le solicitó a la SCJN resolviera la contradicción de tesis, cuya decisión perjudica a los trabajadores al servicio del Estado, a pesar de que en amparos previos algunos juzgados y tribunales habían venido resolviendo en contrario, es decir que la pensión de los trabajadores debía seguirse topando en salarios mínimos y no en la UMA.
Cabe resaltar que quien estuvo a cargo del proyecto de resolución es Yasmín Esquivel, propuesta como Ministra, en febrero de 2019, por Andrés Manuel López Obrador; y que a su vez es esposa de José María Riobóo, empresario constructor favorito del Presidente.
La decisión de la Corte es inatacable, aunque hay quienes pretenden llevar “agua a su molino” engañando a los trabajadores, sobre todo a los del sector educativo, que se pueden promover amparos.
Hay que enfatizar que la preocupación principal de la reforma constitucional de 2015 fue crear un instrumento que sustituyera las funciones del salario mínimo como parámetro para calcular el monto para el pago de multas y créditos.
Y la razón central fue buscar crear condiciones para poder aumentar el salario mínimo y para ello era fundamental desindexarlo y crear una unidad de medida para efecto de cubrir diferentes obligaciones financieras y fiscales.
De tal manera que la UMA es un instrumento para liberar al salario mínimo de cargas que se habían convertido en pretexto para no incrementarlo. Nunca se creó para afectar las pensiones.
Está claro que, ante el sentido de resoluciones previas que favorecerían a los trabajadores, el Ejecutivo Federal solicitó a la SCJN la contradicción de tesis, y que ésta tomó una determinación que favorece al Gobierno Federal, pero perjudica a los trabajadores al servicio del Estado.
El daño es grave. Esta decisión implicará que los trabajadores recibirán entre el 38 y el 40 por ciento menos de su pensión.
Lo único que explica esta situación es que el Gobierno Federal buscó a toda costa evitar el impacto presupuestal que significaba el hecho de que las pensiones se pagaran en salarios mínimos. López Obrador se había comprometido previamente a resolver este problema y, en efecto, intervino, pero en perjuicio de los trabajadores.
De tal manera que la resolución de la contradicción de tesis y la sentencia que emite la SCJN no es ajena a la voluntad y decisión del Ejecutivo y la razón es que busca ahorrarse una lana, en el marco de su política de austeridad que en varias políticas públicas ha terminado en “austericidio”.
Hay, sin embargo, una alternativa a este problema, que implica una reforma constitucional al artículo 123 para dejar debidamente especificado el asunto del salario mínimo y las pensiones. Ya hay algunas iniciativas al respecto en la Cámara de Diputados.
Pero la solución real la tiene el Ejecutivo Federal, mostrando su disposición política a no sacrificar más a los trabajadores y buscar el consenso necesario en el Congreso de la Unión, en donde su partido y aliados son mayoría, para sacar adelante esta reforma a la Carta Magna.
La resolución de la SCJN significa un segundo golpe en esta administración a los trabajadores. El primero fue mantener, a partir de una reforma impulsada por López Obrador, el Sistema de Cuentas Individuales, que favorece el negocio multimillonario de las Afores, sin mejorar las raquíticas pensiones.
Expreso mi reconocimiento a la lucha de los jubilados por defender y mejorar sus pensiones. Esta nueva batalla apenas empieza.
