El frustrado y vergonzoso intento del Grupo Parlamentario de Morena de imponer su mayoría para reelegir en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de la LXIV Legislatura a Porfirio Muñoz Ledo; mostró el talante autoritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y significó un atentado contra la pluralidad, la alternancia y la democracia.
Es ingenuo pensar que la Diputada Dolores Padierna, primero y Porfirio Muñoz Ledo, después, respaldados por las y los diputados de Morena; actuaran solos en su iniciativa para que el segundo se mantuviera al frente de la Cámara Baja.
Había un claro interés del presidente de la República de retener esta posición, sumamente importante, los tres años de esta legislatura, porque eso le facilitaba seguir imponiendo su agenda durante la primera mitad de su mandato.
Sin embargo, las protestas del bloque opositor (PAN, PRI, PRD y MC), y el desgaste en términos de percepción para el gobierno que implicaba la violación a la legalidad y la burda imposición, orilló al presidente a frenar la aplanadora de su partido a unas horas de haber tomado la determinación de reelegir a Muñoz Ledo.
A pesar del silencio cómplice que había asumido inicialmente, y de su argumento que respetaba las decisiones de las y los legisladores, Andrés Manuel terminó solicitando a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que mediara ante las y los diputados de Morena para que no torcieran la ley y reeligieran a uno de los suyos, cuando a quien le correspondía la presidencia de la Mesa Directiva este año era al PAN.
El numeral 7 del Artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que: La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido…
Sin embargo, las y los diputados morenistas con el argumento que las condiciones políticas del país cambiaron, que ahora hay una nueva mayoría parlamentaria e interpretando en su beneficio el mandato ciudadano que se expresó en las urnas en julio de 2018, pretendió aprobar una reforma a la Ley Orgánica para presidir la Mesa Directiva toda la Legislatura.
De hecho, ya estaba todo listo en la sesión del 3 de septiembre para que, junto con sus aliados, ejercieran la aplanadora pero, de último momento, Porfirio Muñoz Ledo retiró su candidatura, dejando con un palmo de narices a sus compañeras y compañeras que ya festinaban su triunfo.
El día anterior, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, les había advertido que la intención de reformar la Ley Orgánica para que Muñoz Ledo pudiera reelegirse estaba “perjudicando mucho” al Gobierno federal.
Consumado el hecho, Andrés Manuel apuntó que “si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, pues eso es retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza”.
Aunque no fue una concesión gratuita, porque le estaba perjudicando a su gobierno, celebró esta decisión del presidente de la República. Creo que es una de sus primeras derrotas políticas y evidencia fisuras al interior de su grupo compacto que se dividió entre quienes respaldaron y quienes alertaron del costo de esta ilegal imposición, de haberse consumado.
Sin embargo, considero que si el presidente realmente tiene intención de rectificar errores similares de su gobierno o de su partido, debería entonces llamar también a que se frene la “Ley Bonilla” o se corrija “La Ley Garrote”, y otras decisiones que han implicado violaciones a la legalidad, a la Constitución de la República y a los derechos humanos.
Es la oportunidad para la reconciliación con diferentes sectores de la sociedad y las fuerzas políticas a fin de construir acuerdos que permitan enderezar el rumbo del país en beneficio de todas y todos los mexicanos. No permitamos que se impulsen leyes a modo ni que la intolerancia pervierta el mandato de las y los ciudadanos cuyo único interés es vivir en paz y tener mejores oportunidades para salir adelante.
