Una de las muchas lecciones que han dejado al país “Ingrid” y “Manuel”, es que aún no hemos podido construir una cultura de protección civil eficaz que nos permita, si no evitar, al menos disminuir las víctimas y los daños causados por fenómenos naturales cada vez de mayor magnitud como consecuencia del cambio climático.
Tenemos que reconocer, en principio, que por su ubicación geográfica México está expuesto a fenómenos naturales diversos cuyas consecuencias en ocasiones no es posible prever con exactitud; sin embargo, temporada tras temporada, a pesar de las lamentables experiencias, los distintos órdenes de gobierno no toman las acciones preventivas necesarias para minimizar su impacto.
Un ejemplo son las miles de personas que viajaron a Acapulco para vacacionar en el puente largo del 14 al 16 de septiembre, a pesar del mal tiempo anunciado y de que estamos en pleno ciclo de huracanes y lluvias. Las autoridades municipal, estatal y federal, debieron haber alertado a los turistas, porque por encima del interés económico está la seguridad de los seres humanos.
La coordinación, voluntad y esfuerzos en los que se han involucrado distintos sectores sociales, el gobierno de la Ciudad de México y el federal, después de la triste experiencia del sismo de 1985; es un ejemplo de que a nivel nacional es posible organizar una cultura de protección civil en la que todos nos debemos comprometer.
Otra evidencia que afloró es la mala calidad de algunas de las vías de comunicación del país, una vez más la Autopista del Sol está bajo cuestionamiento público debido a los 14 cortes graves, múltiples derrumbes, deslaves y encharcamientos.
Inaugurada en 1993 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a lo largo de sus 20 años la Autopista del Sol ha tenido fallas persistentes. Un estudio denominado ‘Siniestralidad vial de carreteras en áreas urbanas, caso: Autopista Cuernavaca km 98-99’, del Instituto Mexicano del Transporte, alertó este año que por la orografía de la zona que atraviesa y por deficiencias en el diseño de los taludes, esta vía presenta derrumbes frecuentemente, numerosos cortes y terraplenes, especialmente en periodos de lluvias (http://www.obrasweb.mx)
Cada vez que acontece un fenómeno de esta naturaleza surgen un conjunto de irregularidades y dudas respecto a la calidad de los materiales y construcción de la infraestructura pública; así como indicios de corrupción entre funcionarios y las empresas privadas que construyen obra pública.
A partir de las investigaciones que se llevaron a cabo después del sismo de 1985, se determinó que muchos inmuebles se derrumbaron debido a deficiencias en su edificación y de los materiales que se utilizaron en los mismos. Hoy vuelve aflorar esta situación en carreteras, calles y unidades habitacionales de las entidades afectadas.
Estamos pagando también los costos de la mala planeación urbana, a lo largo y ancho del país hay cientos de desarrollos habitacionales construidos en zonas de alto riesgo, en márgenes de ríos y arroyos, en lugares donde operaron minas, cerca de ductos, centros de almacenamiento de combustible, vías férreas o carreteras, cuya vulnerabilidad se magnifica en caso de lluvias, tormentas, huracanes o accidentes viales; como la reciente explosión de una pipa que cobro la vida de más de 30 personas en San Pedro Xalostoc, Estado de México.
Hay muchas cosas que ya no es posible corregir, pero hay otras que se requiere con urgencia atender, como fortalecer la transparencia y a la Auditoría Superior de la Federación e incrementar las facultades de control de la Cámara de Diputados, a fin de combatir la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos en el ámbito federal y estatal.
En la competencia del Poder Legislativo se tendrán que tomar las medidas pertinentes para atender los daños causados; en el marco de la discusión del paquete presupuestal del próximo año hay que considerar un aumento de recursos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para rehabilitar la infraestructura pública, cubrir las necesidades de la población afectada; así como ayudar a los sectores productivos dañados.
Sin embargo, hay que vigilar que el dinero público llegue a quien va destinado, sin condicionamientos de ninguna naturaleza, porque siempre surgen denuncias de funcionarios u organizaciones sin escrúpulos, que aprovechan la tragedia para lucrar política o económicamente.
También hay que revisar toda la legislación que tiene que ver con la protección civil para poder garantizar que la administración federal, así como los gobiernos estatales y municipales, obedezcan determinados criterios para el otorgamiento de permisos y haya sanciones cuando algún funcionario público violente alguna de estas normas.
Retomo aquí mi propuesta de la necesidad de tipificar en las leyes correspondientes el embargo precautorio de los bienes de funcionarios, cuando se tenga sospecha fundada de que incurrieron en uso indebido de recursos públicos o en un acto de corrupción; además de las sanciones que ya establecen las leyes.
Pero lo que tenemos que dejar como conclusión es la necesidad urgente de construir en México una gran cultura de protección civil en la que participen todos los actores sociales, porque sólo de esta manera podremos disminuir el impacto de los fenómenos naturales que tanto afectan año con año a nuestro país.
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