El desaseado proceso de desafuero que instrumentó la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ratificó que el uso faccioso de las instituciones se está haciendo costumbre por parte del Presidente de la República y su partido, en contra de todo aquel que cuestione sus decisiones o las fallas de su gobierno.
A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo probar al mandatario los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; tanto Andrés Manuel López Obrador, como el Fiscal y la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, se empeñaron en promover el desafuero contra él no en un afán de justicia, sino para armar un show mediático con fines políticos y electorales.
La justificación fue el presunto delito de defraudación fiscal equiparada, que el abogado defensor del Gobernador, Alonso Aguilar Zinser, demostró que no existía durante la sesión de jurado de procedencia de la Cámara de Diputados, que tuvo lugar el 30 de abril.
Sin embargo, como bien señaló el abogado, hubo una clara intención de promover “en la percepción de la opinión pública, la creencia de que el señor Gobernador se encontraba vinculado con organizaciones criminales, sin que hasta el día de hoy, se haya hecho del conocimiento de esta defensa, y no obra en el expediente de la Sección Instructora, prueba alguna que vincule al Gobernador con actividades de delincuencia organizada y menos aún vinculada con bandas de narcotráfico.”
En cuanto al delito de defraudación fiscal equiparada, el abogado dijo que la Fiscalía establece que el Gobernador recibió en su cuenta bancaria durante el ejercicio fiscal de 2019 la cantidad de 42 millones 936 mil 272 pesos, y que de esa cantidad omitió el pago de 6 millones 511 mil 777 pesos, por lo que causó un prejuicio al fisco federal, afirmando que no existe razón comercial que justifique esos depósitos.
Sin embargo, explicó Aguilar Zinser, el Gobernador acreditó plenamente en el expediente que, respecto de esa cantidad, la suma de 42 millones de pesos correspondió al ingreso derivado de la venta del departamento del que era copropietario junto con su esposa.
También se acreditó, reiteró el abogado, que si bien al Gobernador se le depositó en su cuenta la totalidad del precio de compra, la mitad de esos depósitos correspondieron a su esposa copropietaria.
Es importante destacar, sostuvo, que no todo depósito que recibe un contribuyente en sus cuentas constituye un ingreso gravable para efectos fiscales, solo constituye un ingreso gravable aquello que incrementa su patrimonio y solo, respecto de los ingresos gravables y los que son materia de declaración informativa, está obligado a presentar declaración ante la autoridad fiscal el contribuyente.
Precisó que la representación social cuestiona que hay un contrato privado de compraventa y un contrato privado promesa de venta, y que hubo pagos parciales.
Es absolutamente normal, sostuvo Aguilar Zinser, que se hagan pagos parciales y que con el pago final se tiene una escritura pública que fue pagada y los impuestos también.
Empero, nada de lo que dijo el abogado fue escuchado por la mayoría de Morena y sus aliados, que tenían la instrucción, que salió del Palacio Nacional, de desaforar al Gobernador.
Este es un asunto que exhibe el coraje y la venganza contra quienes disienten o tienen serias discrepancias con el Ejecutivo Federal, del trato que se le da a alguien que puede ser considerado opositor al Presidente, porque de lo que están acusando al Gobernador, y AMLO lo sabe, es de una causal similar al que utilizaron en su contra en 2005, el PRI y el PAN para desaforarlo, siendo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el fin de sacarlo de la contienda presidencial en 2006.
Al igual que ahora, el desafuero de Cabeza de Vaca tiene un trasfondo político. Es evidente que, en el marco de la elección, lo que se busca es dar un golpe mediático, en lo particular contra el PAN y en lo general a la coalición, Va Por México.
Se pretende, engañosamente, darle sustento al supuesto combate a la corrupción, señalando a la oposición de ser parte de la “mafia del poder”. Solo que aquí, quien actúan como mafioso es quien hace un uso faccioso de las instituciones, al utilizarlas contra los que considera sus adversarios para desacreditarlos e incluso, como es el caso, descarrilarlos de sus legítimas aspiraciones políticas.
Andrés Manuel no aprendió de su propia historia personal, porque al final quienes lo acusaron y manipularon las instituciones para pretender sacarlo de la contienda electoral por la Presidencia de la República en 2006, perdieron el poder. Como dice el refrán, “Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”
