“La vida de las mujeres vale más que tú pinche rifa”. Con esta frase recibieron las integrantes de la Red Feminista por Guanajuato, al Presidente de la República en su visita al estado.
Esta expresión y las movilizaciones que se han registrado en todo el país, refleja la indignación de diversos grupos de la población, particularmente de mujeres y jóvenes, por la ola de feminicidios.
Son también un enérgico reclamo por la incapacidad del Gobierno Federal y los gobiernos estatales para resolver este grave problema que coloca a México como uno de los países en donde las mujeres sufren más violencia.
La soberbia y la actitud indiferente de los distintos niveles de gobierno, particularmente del Presidente de la República, obedecen, además de la insensibilidad, a que no están entendiendo este nuevo fenómeno de las protestas feministas.
Al no tener un liderazgo visible y no responder a las ofertas tradicionales de negociación, los funcionarios no saben qué hacer y lo único que se les ocurre es responder con el uso de la violencia policiaca, la indolencia y la revictimización.
Es inaceptable que las autoridades le den prioridad a los monumentos, en lugar de atender las demandas de los colectivos, que lo único que exigen es que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres.
El problema de fondo es que el Gobierno Federal y los gobernadores no sólo no saben qué hacer, sino que carecen de políticas públicas para dar respuestas a los reclamos
Desde que asumió el cargo, el Ejecutivo Federal, con el argumento de la austeridad, se dedicó a desmantelar las instituciones que costaron años construir en el marco de la lucha por los derechos de las mujeres, el combate a la violencia contra ellas y la promoción de igualdad de género.
Lo mismo han hecho los gobernadores, como el caso de Guanajuato, que se dedicaron a burocratizar estas instituciones y a verlas como parte de sus cuotas políticas para otorgar empleo a sus equipos.
Es un esquema muy similar al que ahora se aplicó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las Fiscalías y al que se pretende promover en el Instituto Nacional Electoral.
Tanto en el ámbito federal como estatal, estas instituciones han sido cooptadas y sus titulares no critican ni cuestionan ya sea porque fueron impuestos o porque les da miedo discrepar ante la amenaza de la destitución. Estos organismos, como el caso del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), en los hechos están anulados por los intereses políticos de las autoridades.
Mientras que otros mecanismos, como la alerta de género, tampoco han dado los resultados esperados por la falta de interés, de recursos y las presiones de los gobiernos para frenar su implementación por el temor al descrédito para sus entidades que, desde su errónea perspectiva, podría implicar su instrumentación.
Lo que no alcanzan a entender las autoridades es que la violencia contra las mujeres y los feminicidios obedecen a causas estructurales, entre ellas el machismo tan arraigado en la sociedad mexicana. Y que sólo combatiendo la impunidad se podrá atender el reclamo de justicia.
La actitud intolerante de Andrés Manuel ante los reclamos, es un botón de muestra de esta violencia machista que permea todos los estratos sociales, así como el hecho de que los medios de comunicación estén saturados de expresiones sexistas contra las mujeres.
La publicación de las fotos del cuerpo mancillado de Ingrid Escamilla, es una muestra de esta falta de respeto a las mujeres, incluso después de haber sido víctimas de una violencia brutal. De igual manera, en la familia se encuentra el primer círculo de agresión contra ellas. Esposos, tíos, primos, según estudios, son los principales abusadores.
Frente a un fenómeno tan complejo, no cabe la intolerancia y la insensibilidad. Los representantes del Estado Mexicano, empezando por el Presidente de la República, deberían abrir un espacio de diálogo efectivo con las organizaciones civiles, expertos, organismos nacionales e internacionales y todo aquel que ayude a diseñar e implementar políticas públicas eficaces para prevenir la violencia de género y los feminicidios. ¡Ya Basta, Ni una más!
