El país está transitando por una crisis ambiental en muchos rubros, pero uno de los más sensibles es el de la provisión de agua. Se han acumulado dos años de sequía severa que han provocado que las 210 presas del país almacenen, al mes de febrero, apenas el 52 por ciento de su capacidad general, una cuarta parte menos de su promedio histórico.
El norte y el centro del país son las regiones más castigadas por la escasez. Todos sabemos que la Ciudad de México está a punto de ver colapsado su sistema de abasto (https://t.ly/QbqFa). Se dice que le restan cuatro meses de disponibilidad al sistema Cutzamala (https://t.ly/A3Afg). Algo similar sucede en zonas metropolitanas como la de Guadalajara y la de Monterrey. No dejemos fuera a la región leonesa en Guanajuato, habitada por dos millones de personas, que quedaron fuera de la asignación de las aguas de la presa de El Zapotillo por una decisión política del gobierno federal. Un proyecto más propagandístico que técnico, que se convirtió en justificativo de las ineficiencias locales.
Las grandes y medianas ciudades del país padecen dificultades crecientes para proveer de un servicio público que es considerado un derecho humano en México desde que el artículo 4º constitucional, párrafo sexto, fue reformado el 8 febrero de 2012: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho…” (https://t.ly/lBY0Z). Pero como otros derechos, este se mantiene como un buen propósito para millones de mexicanos por culpa de una mala gestión y la ausencia de una visión estratégica. Hay agua en México, pero está mal administrada por el estado.
Hace falta un programa nacional de gestión del recurso con una visión largo plazo, al menos hasta el 2050. Se requiere de acciones emergentes para sortear estos años de sequía, pero acompañadas con previsiones logísticas y estratégicas para optimar el uso del recurso en la agricultura, que sigue absorbiendo un 76% del monto disponible, la industria (10%) y el uso doméstico (14%, INEGI, https://t.ly/4wu1b). Por supuesto, se requiere invertir como nunca, para poder sortear una de los trances más peligrosos para nuestro país. Pero vamos en sentido contrario: el presupuesto de la Conagua para este año se redujo un 12% con relación al de 2023. Son 62.6 mil millones de pesos que se concentrarán en sólo 12 entidades (https://t.ly/vOVqu).
Dice el economista Luis Miguel González: “En otros países, hay grandes planes para construir plantas desalinizadoras de agua de mar. Aquí no funciona el 85% de las plantas de tratamiento de aguas negras y 57% de las aguas se desperdician en el traslado. Los canales que salen de las presas no tienen el revestimiento adecuado y eso provoca que pierda 50% del agua.” (https://t.ly/vOVqu).
Los especialistas insisten en que no es un problema de disponibilidad del agua, sino de gestión y distribución. En Guanajuato, por ejemplo, el doctor Daniel Tagle Zamora, mi colega en la UG-León, publicó una evaluación de pertinencia del proyecto de aguas para León, y concluyó que “El Zapotillo no resulta imprescindible para dicha ciudad; ello porque la crisis no es física, sino socialmente construida por el organismo operador, problema que requiere atenderse localmente y, en consecuencia, de otra solución.” Enlista una serie de inconsistencias en el proyecto y recomienda: “la investigación deja ver que el problema del agua que impera en León puede atenderse localmente. Para ello, se requiere de voluntad política que facilite un giro radical dentro de la organización de Sapal.”
Estoy convencido de que, en general, en nuestro país la crisis del agua ha sido auto gestada.
