La muerte “accidental” de los 40 migrantes centro y sudamericanos en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez marcará el legado político de la actual administración federal, a querer o no. Se trató de una masacre perfectamente prevenible si la política de migración mexicana -si es que existe- asumiera que los protagonistas de esta tragedia internacional son seres humanos, sujetos de derechos inalienables y supremos, como son los derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad y a la seguridad -artículos primero y tercero- de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ese mismo instrumento jurídico universal prescribe que nadie debe ser ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes -artículo quinto-, a no ser arbitrariamente detenido -noveno-, a ser oído por un tribunal imparcial -décimo-, a la presunción de su inocencia -undécimo-, a circular libremente y elegir su residencia dentro de un Estado, lo que incluye salir de cualquier país, inclusive del propio -décimo tercero-, a buscar asilo en caso de persecusión en su país -décimo cuarto-, y el derecho a una nacionalidad o a cambiar de ésta -décimo quinto.
México ha exigido desde hace al menos ochenta años -con la firma del Tratado Bracero con los EUA en 1942- el respeto a los derechos humanos y laborales de sus ciudadanos migrantes. Usualmente el apoyo consular del gobiernos federal ha sido más o menos oportuno y digno. Sin embargo, ya como país de paso o de destino, México se ha mostrado, primero, dudoso y contradictorio, hasta convertirse recién en francamente represor y persecutor de las familias menesterosas que hoy protagonizan los flujos de la tragedia humana que azota a nuestros países.
Me avergüenza reconocer que como sociedad hemos sido insensibles al dolor de estos hermanos centro y sudamericanos, caribeños, africanos y asiáticos. Me irrita conocer cómo la soldadesca de la Guardia Nacional y los cerriles “agentes” de la Migra mexicana “rescatan” migrantes, para luego recluirlos en “albergues” bajo candado, y expulsarlos del país sin derecho a audiencia o defensa legal. Estos “ilegales” no son personas con derechos humanos: son transgresores de leyes inaplicables en un contexto geográfico y social de alta porosidad y mucha necesidad.
Si en nuestros países, incluyendo los EUA y Canadá, no padeciéramos políticos electoreros, y en cambio contáramos con estadistas con visión histórica -como decía Churchill-, confrontaríamos este reto humanitario con estrategias de integración económica en escala, con inversiones focalizadas en las regiones de origen y de tránsito, de tal manera que el subcontinente se beneficiara del factor de la producción que genera la riqueza: la fuerza de trabajo, el capital humano, curiosamente hoy escaso en los países desarrollados.
México podría dar un primer paso generando oportunidades en las zonas fronterizas y de focalización de esas poblaciones. Esto con la participación de los EUA y Canadá mediante programas de empleo temporal y capacitación. Nuestra generación puede, y debe, afrontar este reto coyuntural con cambios estructurales. Haríamos historia.
