Este es el último de una serie de artículos dedicados a exponer algunos de los hallazgos expuestos en el libro Los votos nulos hablan, análisis muestral de su comportamiento en las elecciones locales del 7 de junio de 2015, que se puede bajar de ieeg.mx/comite-editorial/, bajo el sello editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). La autoría del doctor Jesús Aguilar López y la coautoría del redactor de estas líneas.
Nos referiremos ahora al voto válido que fue anulado —con o sin intención— por el funcionario de casilla, que representó un 8.5% del total de votos nulos en la elección de ayuntamientos. Esta categoría es ignorada por el Instituto Nacional Electoral en sus análisis sobre este tema, como en su Estudio muestral de las características del voto nulo en las elecciones de 2015: elecciones de diputados (2016).
La existencia de esta dimensión del voto nulo obedece a varias causas: una capacitación deficiente por parte del órgano electoral responsable; una desatención del funcionario de casilla; una interpretación rígida de los criterios de ley por parte del mismo funcionario; la fatiga a causa de la sobrecarga de trabajo, u otros motivos que provocaron que al escrutar un voto que cumplía con las condiciones para ser considerado válido, se contabilizó como nulo.
En 27 municipios no hubo mucha incidencia de estas anulaciones erróneas: oscilaron entre el 1.4% y 7.9% del total de votos nulos. En cambio, 19 municipios mostraron valores por encima de la media estatal y oscilaron entre el 8.2% hasta un máximo de 22.4%. Este último porcentaje correspondió al municipio de Tarandacuao, que supera la media estatal por 14.4 puntos porcentuales. El resto de los municipios con porcentajes altos son Huanímaro 17.1%, Guanajuato 16.5%, Purísima del Rincón 16.2%, San Felipe 14.4%, San Luis de la Paz 13.4%, Cortazar 12.4%, Jerécuaro 12.1%, Pueblo Nuevo 11.6%, Villagrán 10.9%, Irapuato 10.6%, Celaya 10.5%, Silao 10.2%, Comonfort 10.1%, Coroneo 9.3%, San José Iturbide 9.2%, Apaseo el Grande 9.1% y Salvatierra 8.5%.
En suma, el voto nulo puede ser visto como un descuido del ciudadano, o en mucho menor escala del escrutador de casilla; en el otro extremo, el voto nulo consciente, una expresión de protesta. Lo deseable es que los ciudadanos no cometieran errores al momento de sufragar, y que las y los funcionarios de casilla tampoco clasificaran de manera errónea votos válidos como nulos. Aún mejor sería que las condiciones de la contienda o su realidad política no llevaran a las y los ciudadanos a considerar que la anulación del voto es la única salida ante el panorama que ellos ven —como sucedió recién en las elecciones presidenciales de Brasil, con más de 30% de votos nulos—. Esto escapa en buena medida al esfuerzo que pudiera realizar la institución electoral, pues es evidente que existen muchos factores que están presentes en las motivaciones de los anulistas, y en dado caso implica que otras instituciones también se involucren. Para las otras dos situaciones el órgano electoral sí puede realizar acciones encaminadas a reducir esos errores. Muchas de esas acciones se enlistan en las recomendaciones finales que se detallan en el libro, y destacan las siguientes: 1) los votos nulos por intención son un mensaje directo a las instituciones políticas, que deberían tomar medidas que atiendan las razones del rechazo de los electores, 2) es indispensable que los órganos electorales implementen campañas informativas dirigidas a los electores para instruirles sobre cómo emitir correctamente el voto, dando a conocer las diversas fórmulas válidas para la elección, como sucede con las coaliciones, 3) incrementar la capacitación de los funcionarios de casilla, los capacitadores y los supervisores electorales, apoyándose en materiales didácticos visuales actualizados sobre los criterios que emitan las autoridades administrativas o jurisdiccionales sobre la validez de la expresión del voto, y 4) encontrar estrategias para aligerar la carga de trabajo en la fase de escrutinio y cómputo, para evitar el cansancio de los ciudadanos y minimizar el riesgo de errores por agotamiento.
En lo personal considero que los votos nulos por error del ciudadano o del funcionario, que significan el 91.5% del total de anulaciones, podrían reducirse sustancialmente si se simplifican los mecanismos de recepción y contabilización del voto mediante recursos tecnológicos o de sentido común como el voto electrónico, el voto por internet, el voto por adelantado y el voto postal. Nuestro dispositivo electoral es barroco, confuso y primitivo; demanda del ciudadano común habilidades que no son abundantes en una población con pocas competencias de lectoescritura, de pensamiento abstracto y de resolución de problemas, en particular los aritméticos. Simplificar y educar son los verbos clave.
