Las consultas ciudadanas son un mecanismo de democracia directa que gozan de un prestigio abultado, debido al desdoro que han acumulado los recursos de la democracia representativa. En estos tiempos de la cuarta transformación se les quiere ver como una alternativa llana y sencilla para consultar al pueblo sabio, al pueblo bueno. Se desprecia la opinión de los especialistas, y se busca el parecer de la colectividad, inmersa ésta en el halo de virtud ejemplar que los místicos encuentran en la pobreza franciscana y la simpleza de espíritu.
La democracia electoral es el menos malo de los procedimientos para renovar poderes públicos, autoridades y representantes. En los comicios las opciones son pocas y las ofertas se simplifican para el ciudadano común elija –racional o irracionalmente— la que le parezca mejor, o menos mala. Pero la democracia no es el mejor recurso para tomar decisiones complejas o de urgente atención; como sucede en las guerras: ningún ejército puede permitirse ser democrático, pues la consecuencia será la inacción y la derrota.
El método democrático provee legitimidad a sus productos. Y esto es muy importante para una sociedad compuesta por ciudadanos, y no por súbditos. Pero los sistemas políticos deben hacer uso tanto de esquemas participativos, como de centralización y ejercicio del liderazgo. En esto reside la capacidad de dirigir con talento el poder social: garantizar la gobernabilidad –acciones legítimas de gobierno encaminadas a atender eficazmente los requerimientos sociales y garantizar la paz y la convivencia—, y la gobernanza –capacidad de los conjuntos sociales para incidir en la toma de decisiones de gobierno que los afectan— (Aguilar, L. F., 2006, Gobernanza y gestión pública. FCE).
En estos tiempos de la 4T, es evidente que un componente considerable de la legitimación de la acción de gobierno será la consulta directa al pueblo. Consultas que tendrán que ver con decisiones sobre temas técnicamente complejos y con sutilezas no evidentes, como lo es la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, que será motivo de referendo este fin de semana. Este es un buen ejemplo de cómo una decisión multifacética quiere ser resuelta mediante la sumatoria de voluntades que sólo tendrán ante sí dos opciones: “sí” o “no”. Me parece inadecuado, ya que la legitimidad no es suficiente para el buen gobierno; también se requiere de la profundización en las consideraciones, que pueden ser sutiles y de largo plazo. Aquí se requiere de la participación de los denostados especialistas, que deben proporcionar elementos técnicos y objetivos al tomador de la decisión política, en este caso el presidente de la república.
A lo anterior se suma el hecho inquietante de que este tipo de consultas son supralegales. No tienen asidero jurídico en las ordenanzas federales o locales. Los mecanismos de participación ciudadana están regulados en la constitución y en la ley, y obligan a la participación de varias autoridades, como la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral. El gobierno federal no está facultado para desarrollar este tipo de ejercicios, por lo que sus resultados carecerán de fuerza legal y legitimidad. ¿Y si el corolario es contrario a los deseos del régimen? No es vinculatorio, pero el costo político de ignorarlo será considerable.
Entre los analistas de la política se dice que ningún gobierno llama a consulta sin la seguridad de que ganará la opción de su preferencia. No siempre ha sido así, y tenemos los ejemplos del plebiscito al que convocó Augusto Pinochet en 1988, y que le costó su salida del poder, o la consulta del Brexit en Gran Bretaña, que le está costando enormidades a esa nación y a sus líderes. No es buena idea que nuestro nuevo gobierno abuse de este recurso, porque puede volverse en su contra. Sobre todo, si las consultas se ejecutan como es debido.
