Desde que tengo conciencia política –hace algo así como cinco décadas– he presenciado cómo el Estado mexicano crece. Crece en todos los sentidos: en tamaño, funciones, recursos, atingencia, alcances, burocracia y demás indicadores de sofisticación institucional. No siempre ha crecido de manera racional o planificada, pero en general lo ha hecho para atender nuevas y crecientes demandas de la sociedad mexicana, particularmente en lo que concierne a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.
El crecimiento del Estado moderno es universal, y acompaña al sistema mundo global que rige las relaciones entre naciones que se necesitan y determinan mutuamente.
Muchas de las instituciones estatales novedosas se han creado para atemperar y poner límites a las tentaciones autoritarias de los mismos estados-gobierno. La división de poderes que concibió Montesquieu fue la primera de esas segmentaciones que permiten la vigilancia mutua entre los factores de poder, para facilitar una gobernanza compartida y equilibrada. De ahí se ha continuado con la creación de instancias especializadas y autónomas que contribuyen al esquema de Check and balances de los gobiernos democráticos avanzados.
Hoy día parece que México va a contracorriente de las tendencias poliárquicas mundiales, y que hemos emprendido un retorno al pasado centralizador y autoritario. Varios organismos especializados e instituciones autónomas están bajo asedio, incluyendo incluso al poder judicial; esto por parte del supremo poder ejecutivo. Algunos ya han sido colonizados o domesticados, pero la mayoria resiste gracias a la fortaleza constitucional que se consolidó en las últimas tres o cuatro décadas de transición democrática mexicana.
Se colonizó la FGR, la CNDH, Banxico, el CIDE, el CONEVAL y el INEGI. Se encuentran bajo asedio el INE, el Tribunal Electoral federal, el INAI, la COFECE y el IFT. Pronto desaparecerá Notimex. Pero faltaba la puntilla: el ejecutivo federal presentó el 18 de abril pasado una iniciativa (https://t.ly/tsB-) para extinguir, integrar o fusionar 18 instancias del gobierno “por duplicación de funciones o por notoria inoperancia”. La exposición de motivos es débil en su argumentación de esa duplicación, y sobre todo de la inoperancia de esas agencias. La premisa real es la de siempre: la austeridad republicana.
Considero grave que se plantee borrar del mapa institucional a organismos que juzgo de gran importancia para la atención a conjuntos vulnerables de la población: el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de la Economía Social, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Hay otros órganos de carácter técnico sobre los que no entiendo su supresión: el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el Fideicomiso de Fomento Minero, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura.
Este menú de supresiones y descensos refleja que los temas atendidos por estas agencias públicas no forman parte de las prioridades de esta administración. Pienso por ejemplo que a los jóvenes, adultos mayores y discapacitados les desaparecen sus entidades, porque se considera que los subsidios en propia mano son suficientes. Poco importan los programas de atención de larga data y tradición. Tampoco interesa que nuestro país genere alternativas científicas para la creciente escasez de agua, o para el deterioro ecológico y el cambio climático, o que se enriquezcan las publicaciones para el hábito de la lectura, o estimular la producción acuícola y la minería, etcétera. En cambio, se dejan intocados el Instituto Mexicano del Petróleo o el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, evidenciando que la prioridad energética nacional sigue anclada en los años setenta.
Lamento la velocidad y la improvisación con que se perpetra esta destrucción institucional. Décadas de esfuerzos de individuos brillantes y de conjuntos de especialistas se desechan por la voluntad de un solo hombre, convencido de que es el único generador de iniciativas patrióticas. Me lo imagino tachando sobre una lista de instituciones que le presentaron sus asesores, sin más evaluación que sus prejuicios ignaros.
(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/
