A partir del triunfo electoral de la coalición Juntos Haremos Historia, y la juramentación de su candidato Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, se ha reforzado el interés general por uno de los valores estratégicos de la democracia postliberal: la participación ciudadana. Resulta natural, si pensamos que el partido hoy hegemónico tiene su raíz principal precisamente en la participación del ciudadano común en la construcción de un movimiento social que después se transformó en partido político.
La participación ciudadana real y efectiva es una novedad dentro de nuestro sistema político, que se basó durante demasiado tiempo en la imposición de estructuras preexistentes de poder sobre las masas inconscientes del corporativismo oficioso. La vieja “participación” se fundaba en las negociaciones entre las élites —del poder, del dinero, de las armas, de la cultura, etcétera—, y la trasmisión de los resultados hacia la clientela política de cada una de ellas; a veces en su beneficio, en otras ocasiones en su perjuicio. El “orden” resultante parecía satisfactorio para las Mayorías silenciosas —Nixon dixit—, que dóciles se avenían al autoritarismo del Ogro filantrópico —Paz dixit—. Un sistema autoritario, pero que durante décadas gozó de una gran legitimidad social, gracias al “desarrollo estabilizador” que le acompañó. Esto explica la pasividad desmovilizada con la que la sociedad mexicana respondió a las represiones y masacres de los años cincuenta, sesenta y setenta, que obligaron a la oposición beligerante a tomar las armas e irse a la guerrilla. No hubo espacio para la participación pacífica.
A partir de los años ochenta la situación comenzó a cambiar, gracias a varios factores: a) una sociedad cada vez más urbanizada y educada, b) la crisis económica que provocó el populismo de los setenta, heredero bastardo del “desarrollo estabilizador”, c) los desastres naturales que evidenciaron los límites del Estado y su incapacidad para liderar la reconstrucción, d) los crecientes movimientos sociales y su politización, y e) la crisis de legitimidad política oficial, que fue incrementándose en las elecciones nacionales y locales de 1976, 1982, 1986 y 1988. La sociedad civil mexicana nace con estas raíces, y con ella la participación y la movilización ciudadanas. El culmen fue la alternancia del 2000, que inauguró una nueva fase en el desarrollo político nacional. México no volvería a ser igual.
La participación social se evidencia en el involucramiento del ciudadano individual y colectivo en la toma de decisiones que le afectan. Es una de las condiciones necesarias para la construcción de la “gobernanza” en los estados modernos, como explica Luis Aguilar Villanueva (Gobernanza y gestión pública, FCE, 2008, pp. 38 y 84 ss.): el involucramiento de la sociedad en la solución de los problemas públicos, mediante mecanismos de participación formal o informal.
Esto es lo que quiere la nueva gestión presidencial mediante las consultas directas a la ciudadanía: ampliar la participación. Se busca involucrar a la sociedad en la toma de decisiones para sustentar la gobernanza. Desgraciadamente se ha venido haciendo fuera de los cauces institucionales, pero el partido gobernante ya ha prometido formalizarlas mediante la flexibilización de la actual la normatividad federal para la participación y consulta popular (artículo 35 F. VIII constitucional y Ley Federal de Consulta Popular). Los mecanismos actuales son muy restrictivos y no facilitan la participación. Sería una excelente medida, que deberíamos imitar en Guanajuato, y renovar nuestra anquilosada ley de 2002, que dificulta a la sociedad civil solicitar que algún acto de gobierno pueda ser sometido a plebiscito. En cambio, a la autoridad le basta emitir una solicitud formal.
Aprovecho el tema de este artículo para recordar que este 5 de diciembre se cumplió el octavo aniversario del único plebiscito realizado en el estado de Guanajuato, en su municipio capital. Fue motivado por una autorización de factibilidad de cambio de uso de suelo en los bajos de los cerros más icónicos del municipio: La Bufa y Los Picachos. Participó casi el 13% del padrón electoral de 116 mil 349 electores. Proporción muy elevada si la comparamos con el 6.6% del plebiscito de la Ciudad de México del 22 de septiembre de 2002, ordenado por AMLO para consultar la construcción del segundo piso del periférico. En Guanajuato el 84% de los votantes optó por el No, el 15.3% por el Sí y el 0.7% anuló su voto. Hubo 5.5 votos negativos por cada positivo. Fue un ejemplo nacional del que nuestra capital estatal puede sentirse orgullosa, con más razón ahora que festeja sus 277 años como ciudad y 30 de haber sido designada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
