De todos es sabido que la construcción de la democracia mexicana ha sido un proceso largo, accidentado y costoso. Nuestro país ya no es el mismo que aquél de los años setenta y ochenta, cuando el centralismo autoritario presidencialista ahogaba las expresiones libres de una sociedad domesticada y reprimida. Los que tenemos suficiente edad para recordarlo, tenemos conciencia de que hoy gozamos de libertades y capacidades ciudadanas casi tan plenas como las de las democracias consolidadas. En lo personal me felicito de que mis hijos ejerzan una ciudadanía que a los de mi generación, y a las de mis padres y abuelos, nos fue regateada o negada de plano.
En el contexto mexicano, la democracia es un valor por el que se ha debido luchar. Nunca fue una graciosa concesión del régimen posrevolucionario: fue la propia sociedad civil organizada la que conquistó, palmo a palmo, los derechos que la constitución y las leyes enunciaban, pero que las élites del poder escamoteaban o anulaban. En esta lucha fue muy importante apuntalar los avances mediante la construcción de instituciones garantes que fueran independientes de los poderes públicos. Me refiero a los órganos autónomos que existen en nuestro país, que hoy padecen severas acometidas y cuestionamientos por parte de los nuevos actores del poder mayoritario, socavando así estos puntales de la novel democracia mexicana.
Para la protección de los derechos humanos se estableció en 1990 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se constituyó en un dique contra los abusos desde el poder en contra de los ciudadanos comunes. Sin embargo, la autonomía constitucional le fue concedida hasta 1999, permitiendo con ello una mayor independencia de los intereses del gobierno en turno. Podrá criticarse el sentido de muchas de sus recomendaciones, así como el desempeño de sus titulares, pero es una realidad que esa institución ha colaborado mucho en la construcción de un efectivo estado de derecho en nuestro país. Su presupuesto autorizado 2019 sufrió un ajuste a la baja del 6.6%. ¿Algo habrá tenido qué ver las controversias por la Guardia Nacional y otros temas delicados?
Para garantizar la independencia de la política monetaria del país, en 1994 se le otorgó la autonomía al Banco de México, lo que permitió proteger la economía nacional y familiar de las veleidades de las administraciones personalistas, que provocaba el presidencialismo meta constitucional. Hoy no han faltado voces que critican esa autonomía, y que han propuesto echar mano de las reservas internacionales para convertirlas en gasto social.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, goza de una amplia tradición como instancia de generación y concentración de la información de los indicadores nacionales desde hace un siglo. Pero apenas se le dio autonomía técnica y de gestión en 2008. Antes, con o sin razón, se le acusaba de ajustar las cifras a los intereses discursivos de los gobernantes. Pero ahora es un referente internacional por su calidad técnica y su enorme importancia para el desarrollo nacional. A pesar de ello su presupuesto fue reducido en 29.4%, en el año previo al censo general de población que se levanta cada década. En consecuencia, y para garantizar los recursos del censo, suspenderá 14 encuestas nacionales de enorme importancia.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), establecido en 2015 a partir del IFAI (2002), es otro organismo garante de derechos humanos. Gracias a su actuación el estado mexicano ha avanzado sustancialmente hacia la transparencia y el gobierno abierto, condiciones que demanda una democracia de tercera generación. Su presupuesto aprobado para 2019 se vio reducido en 14.7% respecto al del año anterior, y sus comisionados han sido muy criticados por sus sueldos.
La creciente importancia de las telecomunicaciones llevó a la creación en 2013 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, con el objetivo de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, optimizar el espectro radioeléctrico e impedir los monopolios en ese ramo. En ese año también se creó la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, que busca promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia; así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas. Para este año, el Ifetel sufrió un recorte del 25% en términos nominales, por lo que interpuso una controversia constitucional. A la Cofece no le fue tan mal: sólo le recortaron un 6%.
En 1996 se le otorgó autonomía y ciudadanización plena al Instituto Federal Electoral, con lo que se garantizó el respeto al sufragio ciudadano y la profesionalización de la función electoral. Esta institución ha sido víctima de su propio éxito, ya que se le ha venido sobrecargando de atribuciones y responsabilidades, y al mismo tiempo se le cuestiona sistemáticamente por el costo de sus procesos. A partir de la reforma de 2014 se ha acentuado esta tendencia, y hoy el INE padece una macrocefalia centralista que no es producto de su actuar, sino de la sobrecarga legal que generó el malhadado Pacto por México. Con todo, el INE garantizó la alternancia pacífica y transparente en los poderes federales. A pesar de ello, de los 11 mil 347 millones de pesos que solicitó para su operación administrativa y la organización de las elecciones locales de este año, se le descontaron 950 millones, poniendo en riesgo sus actividades sustantivas.
Pareciera que los organismos autónomos son mal vistos en esta gestión federal. Por lo menos en términos presupuestales o de gestión. Esto me parece grave, porque se socaba a pilares importantísimos de la delicada democracia mexicana. Si la austeridad es un remedio a los males del país, hay que aplicarla sin ahogar al paciente.
