Los centros de rehabilitación en Guanajuato deberían ser una pieza clave en la lucha contra las adicciones.
Sin embargo, la realidad es que la mayoría opera con mínimos requisitos administrativos, sin contar con una verdadera supervisión que garantice la seguridad y la calidad del tratamiento que ofrecen, lo que podría significar un problema.
En León, por ejemplo, basta con un permiso de uso de suelo para que un anexo pueda operar.
De los más de 200 espacios que se estima existen, solo tres cuentan con certificaciones avaladas por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
En la capital, apenas un centro tiene la documentación en regla.
En Celaya, ni siquiera están regulados como centros de rehabilitación, sino como espacios de desintoxicación, y aun falta ver en los demás municipios.
Lo anterior, no solo expone a las personas en tratamiento a condiciones de riesgo, sino que también deja al Estado y a los municipios sin una estrategia efectiva para atender el problema de las adicciones, como se ha visto ya, con programas como el Planet Youth.
La regulación no debe centrarse únicamente en trámites burocráticos, sino en la exigencia de protocolos de atención, medidas de seguridad y programas de certificación que conviertan a estos espacios en verdaderos aliados en la recuperación de quienes buscan salir de la adicción.
Lo cierto es que no se trata solo de regular; se trata de proteger vidas y ofrecer oportunidades reales de rehabilitación.
508 iniciativas rezagadas, más las que se acumulen
Una de nuestras notas principales del día de hoy, da cuenta que el Congreso del Estado reconoce la existencia de 508 iniciativas, tanto de esta legislatura, como de la anterior, sin ser dictaminadas.
Sin siquiera sumar las que se van acumulando, los y las diputadas actuales tendrían que dictaminar una iniciativa cada dos días (un poco menos), para abatir ese rezago en el tiempo que les queda, suponiendo ademas todos los días restantes como hábiles.
Hay que reconocer que hacer leyes o modificarlas, no es la única tarea de los y las integrantes del Poder Legislativo, pero sin duda la más importante, y en ella tienen un rezago por demás importante.
Y es que hay que recordar que a varios de ellos, no cumplir con su trabajo o incluso violar la Constitución es importante, dependiendo de si ello significa ser sancionados, como lo dejó entrever el exgobernador y exrector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien ha incumplido con sacar adelante el dictamen, en la Comisión que preside, de la reforma judicial en el Estado, a pesar de que dispuso de seis meses de plazo, pues no hay sanción por esa omisión.
El problema que se añade a ese enorme rezago, es que provoca mayor obsolescencia normativa de la que ya de por si existe en el Estado, y eso no es bueno para nadie.
