El aumento al pasaje urbano en el municipio de León, que hasta hace unos días parecía inminente, al menos en un porcentaje de lo solicitado por los concesionarios, se le ha venido complicando a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.
Y es que el juego de sombras que se montó, era el mismo de siempre: los concesionarios piden tres pesos, y ante ello el Ayuntamiento, encabezado por Ale saldría a decir que sólo autorizaban uno.
Sin embargo ahora pasó algo diferente: el PAN parece fracturado también por este tema y no se ve dispuesto a acompañar a la presidenta municipal de León en ese montaje.
El diputado federal Miguel Salim, uno de los más influyentes dentro del panismo estatal, y además coordinador de los legisladores panistas en San Lázaro salió a expresar su desacuerdo con el probable incremento, y de pasó arremetió en contra del alza al costo de acceso a la feria estatal.
Pero además, el posicionamiento de Salim se dió en una conferencia de prensa citada por la dirigencia del PAN estatal, lo cual evidenció que no se trata sólo de su opinión.
Con esto, el PAN parece no querer cargar con el costo político de las intenciones y decisiones de Ale, marcando una clara distancia hacia ella.
Falta por ver qué resuelve el Ayuntamiento, pero el mensaje desde el panismo estatal es muy claro.
Promesas a medias en la capital
Es común que en periodo de campañas, las candidatas y candidatos en todos los órdenes de gobierno prometan mil y una maravillas (a veces en temas que ni son competentes), y que visiten por primera vez y en algunos casos, por última, los lugares más recónditos de los municipios.
El problema es cuando llega la hora de cumplir con las promesas. Una vez que los y las candidatas se hacen del gobierno, comienzan los inconvenientes que se sintetizan en falta de tiempo y recursos, como si de verdad carecieran de ellos al entrar en mando.
Lo que olvidan los gobernantes es que al final de cuentas, esas promesas fueron por las que llegaron al gobierno. Y es que en teoría, no se vota por una persona, sino por un programa.
Una promesa concreta fue la de Samantha Smith, de llevar internet a 103 comunidades durante los primeros 100 días de su administración. La propuesta fue ambiciosa, pues ella misma definió el tiempo en que la llevaría a cabo, que fue corto. Esto por supuesto hace pensar que sería una prioridad.
Sin embargo, la alcaldesa reconoció, ya a más de la mitad de esos 100 días de gobierno, que no podrá cumplir tal cual como se estableció ese compromiso: no se cumplirá en ese tiempo y no todas las comunidades tendrán las antenas Starlink que hasta fueron a llevar “de prueba” a en campaña, y que en este mismo espacio criticamos, porque obviamente se estaba anunciando una adjudicación directa, sin facultades para ello y en total opacidad.
La alcaldesa excusa que se unirá a un programa estatal de internet, que hasta el momento ella desconocía (¡Vaya desarticulación con la agenda federal!) y que resolvería el internet en más de las 60 comunidades.
Habrá quienes consideren que se debe dar el beneficio de la duda a la alcaldesa, pero el problema es que ha reconocido que al resto de las 40 comunidades no se le ha comprado ni una sola antena, mucho menos licitar tal proceso. En esas condiciones, parece que la prioridad de cumplir esa promesa nunca existió.
