Apenas ayer nos ocupábamos de la manera en la que el líder del Comité Directivo Estatal del PAN, Román Cifuentes llama a sus diputados electos a no acatar la Constitución Federal, y ayer mismo nos amanecimos con la noticia de que las instancias internas de ese partido, a través de Eduardo López Mares han decidido iniciar un procedimiento para expulsar de ese instituto político a Carlos Arce Macías, un panista, académico y activista capitalino, que además ha sido un agudo observador de la vida del municipio.
Carlos Arce ha sido un militante partícipe en el gabinete federal de Vicente Fox, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con una importante trayectoria tanto en la política como en la investigación, especialmente de temas económicos y urbanísticos.
Con ese bagaje, Arce Macías ha sido crítico del gobierno de la capital, sobre todo por la obviedad de tratarse de una administración que se ha despegado de los principios fundacionales de Acción Nacional, partido al que pertenece el alcalde Alejandro Navarro.
Sus críticas a ese gobierno han sido claras, objetivas, frontales, dentro del más elemental ejercicio de la libertad de expresión, lo cual ha molestado a un intolerante panismo que considera que “Las acciones realizadas por el militante en comento, son consideradas como un acto de deslealtad que extrapola los límites de la libre expresión…”.
Tratando de entender el extraño uso del lenguaje del PAN en contra de Carlos Arce, en el PAN hay límites para el ejercicio de la libertad de expresión, y esos límites se recorren al contentillo de Cifuentes y López Mares. No se puede decir lo que se piensa, ni siquiera si ello contribuye a una mejor sociedad, como lo ha pretendido Arce.
El PAN puede ser crítico de todo, incluso llamando a actuar en contra de la Constitución, como lo ha hecho Román Cifuentes, pero no puede ser criticado por sus militantes.
Si Cifuentes y López Mares logran la expulsión de Arce habrán ganado un procedimiento y dado un ejemplo de su autoritarismo: quien los critique será expulsado.
Samuel Ugalde no aprende
Era abril de 2014, cuando Samuel Ugalde, el entonces director de Seguridad Pública de la capital del Estado, decía acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y emitía una disculpa pública a Lucero reconociendo la falta de protocolos y la inadecuada actuación del personal de la policía, entre otras enormes fallas de la corporación a su cargo.
En aquel entonces, Ugalde dijo también que lo ocurrido en ese caso llevaría a revisar los protocolos y la actuación de la corporación.
Hoy, a siete años de aquel caso sabemos que nada de lo que ofreció Ugalde lo cumplió.
Ahora es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (Prodheg) la que le hace las recomendaciones a Samuel Ugalde, nuevamente secretario de Seguridad Pública, a las que por cierto Ugalde ha respondido de la misma manera que entonces: ofreciendo que capacitará a los elementos de la corporación a menos de un mes de que termine esta administración y tal vez su encargo.
Esta segunda oportunidad de dirigir la corporación policiaca tampoco la aprovechó Ugalde para cumplir su palabra y dejar de violentar derechos humanos en contra de la población a la que debe servir.
Como dice el dicho: “Hay maderas que no agarran el barniz”.
